Opinión
Transversal no es un nombre de mujer

Imagina que el gobierno de una comunidad autónoma quiere implantar una medida para favorecer la conciliación laboral y familiar de su personal alargando el incentivo económico de las excedencias por cuidado de menores hasta los 16 años (en la actualidad es hasta los 12 años).

La vieja política diría que esta medida es positiva y que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar. Pero si aplicamos la perspectiva de género las cosas cambian sustancialmente:

¿Cuántos hombres y mujeres se beneficiarían de esta medida? Como es una acción a futuro no disponemos de datos pero sí del número de excedencias concedidas a hombres y a mujeres en los años anteriores. Si realizamos la búsqueda nos damos cuenta de que los hombres que solicitan la reducción de jornada por cuidado de menores no llega al 1% (por cada 100 mujeres que solicitan la excedencia por cuidado de menores solo la solicita un hombre).

Luego conciliar, concilian las mujeres. Así que, esta medida aparentemente beneficiosa para hombres y mujeres es una medida que no camina hacia la igualdad real y efectiva ya que perpetúa los roles de género y la división sexual del trabajo de los cuidados.

Una política con perspectiva de género tendría que ir acompañada de otras medidas que incentivasen la excedencia de los hombres, que pusieran el valor el trabajo de los cuidados, etc.

La desigualdad no es una opinión, como no lo es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Por mucho que la sagrada constitución diga que “todos somos iguales”, en la práctica, hombres y mujeres no ejercemos los mismos derechos. Nosotras partimos de una situación desigual derivada del sistema patriarcal dominante donde las mujeres hemos sido y seguimos siendo subordinadas de los hombres. En esta sociedad donde tanto tienes tanto vales, a las mujeres se nos ha heteroasignado muy poco valor y las desigualdades se enquistan impidiendo que las sociedades avancemos.

Expertas y expertos de todo el planeta coinciden en afirmar que si la igualdad no atraviesa todos los ámbitos de la vida donde nos desarrollamos otras identidades además de los hombres y se legisla teniendo en cuenta que en el mundo no solo viven ellos, la igualdad no será más que una molesta palabra. Es decir, el enfoque de género, la transversalidad de género, o gender mainstreaming, debe atravesar a toda la sociedad.

El enfoque de género, la transversalidad de género, o gender mainstreaming, debe atravesar a toda la sociedad.

Aunque por su escasa implantación pudiera resultar un concepto novedoso han pasado 22 años desde que se enunció por primera vez en el transcurso de la IV Conferencia de Beijing en 1995 y 10 desde que el Estado español lo incorporó a la legislación nacional en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres del año 2007.

Según Emanuela Lombardo, la mejor definición es la del grupo de especialistas del Consejo de Europa que la define como: “la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”.

La transversalidad de género es una estrategia (algo planeado y dirigido) que pretende que cualquier acción de la administración tenga en cuenta, además de a los hombres, las preocupaciones y expectativas de las mujeres y de los hombres. Con el propósito de que, sea lo que sea que se haga, no se perpetúen las desigualdades o se generen nuevas, para lograr una sociedad más próspera e igualitaria.

Este cambio de rumbo en la dirección política deberá tener necesariamente efectos en los procedimientos internos de trabajo de las administraciones y en las estructuras organizativas y de poder. En la práctica supondría, por ejemplo, incrementar el número de mujeres en los órganos de dirección y de toma de decisiones, utilizar un lenguaje inclusivo, equiparar las bajas maternales y paternales, coeducar, formar en materia de igualdad, establecer indicadores de igualdad en los proyectos, etc. Esfuerzos importantes que en otros tiempos ya se requirieron de las administraciones para lograr mejoras sociales hoy imprescindibles (aunque tambaleantes) como la sanidad, la educación o las nuevas tecnologías.

No resulta difícil darse cuenta de los obstáculos a los que se enfrenta la transversalidad y las excusas que los gobiernos, fruto del desconocimiento interesado y del rechazo hacia todo lo que tenga que ver con las mujeres, aducen para no implantarla. Y es que el relato político construido (una vez más) sigue siendo que eso de la transversalidad de género pertenece al género femenino y que no son más que políticas para mujeres.

Este discurso interesado desvirtúa el carácter integrador y de cambio de la perspectiva de género e invisibiliza las desigualdades. Hoy sabemos que ninguna intervención es neutra y que en mayor o menor medida todas las actuaciones políticas impactan en la vida y en el desarrollo de las personas, desde la ejecución de un polideportivo, a la modificación de una línea de autobús, pasando por la gestión de una subvención. Sin embargo, son pocos los proyectos que integran el género más allá de una mera declaración de intenciones y se sigue administrando desigualdad y permitiendo, o en su caso no impidiendo, que otras organizaciones también lo hagan. Por lo que, a pesar de las dificultades técnicas para su implementación, lo que subyace es la resistencia androcéntrica al cambio. La equiparación de géneros deberá pasar necesariamente por un reajuste en los privilegios heteroasignados y esto choca frontalmente con el sistema patriarcal impuesto.

Así que no se percibe esa voluntad necesaria para la transformación social que ponga a la igualdad en el centro de la política y hasta que esto no ocurra seguirá siendo cosa de mujeres de nombre transversal.