La Rioja
El nuevo Ejecutivo riojano bajo la lupa de los movimientos sociales

El pasado 27 de agosto la socialista Concha Andreu terminó siendo proclamada presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja con la suma de los votos del PSOE, Podemos e IU, poniendo así fin a 24 largos años de hegemonía derechista en la región. La larga espera, prorrogada hasta más allá de lo razonable por las tensas negociaciones con los socios de gobierno, donde se escenificaron la ruptura de la coalición Unidas Podemos y la implosión descontrolada de Podemos, es una muestra de lo difícil que ha sido echar al PP del gobierno riojano.

Ahora, al nuevo gobierno de Andreu, en el que participa Podemos, le toca enderezar el rumbo de una nave que se ha guiado hasta el momento por dos coordenadas: liberal en lo económico y conservadora en todo lo demás. En la bitácora figura la brújula, el Documento Programático (DP en adelante) pactado entre PSOE, Podemos, IU y Equo. En este “acuerdo para un gobierno progresista y de izquierdas” figuran ocho ejes. La lucha contra la pobreza y por la inclusión social; el potenciamiento y mejora de los servicios públicos; la igualdad de género; el fomento del empleo de calidad y el crecimiento de empleo; la lucha contra el cambio climático; la regeneración política; la participación ciudadana y una política fiscal justa y progresiva; y, finalmente, la defensa de los derechos e intereses riojanos en las esferas estatal y comunitaria.

Entre confiar en que la acción del nuevo gobierno haga efectivas las promesas contenidas en el DP, o recelar que los compromisos que aparecen en el texto son poco más que simple palabrería, los movimientos sociales riojanos han adoptado una postura más matizada. Si bien coinciden en celebran el cambio de color político y la pluralidad del nuevo Ejecutivo, no por ello sus incertidumbres se han disipado, tanto sobre las medidas e instrumentos que se doten para el cumplimiento de los acuerdos, como incluso con respecto a la voluntad política que se haya detrás de los mismos.

Como el DP presenta un programa multisectorial, nos hemos dirigido a una variada representación de los movimientos riojanos para que nos ofrezcan su visión del texto. Quienes han respondido afirmativamente son la Plataforma Bienvenidas Refugiadas, Amnistía Internacional, Café Feminista de Calahorra, Marea ArcoIris, GYLDA, Extinction Rebellion, Ecologistas En Acción, AnimaNaturalis, Logroño en Bici, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CNT de Logroño, Asociación Vecinal de Madre de Dios, Asociación para la recuperación de la memoria histórica La Barranca y Jarcia Riojanista. Con objeto de no fragmentar el artículo en múltiples valoraciones, y dificultar así su lectura, las integramos en una mirada panorámica.

Del conjunto del colectivo refugiado y migrante, el documento programático únicamente alude a la infancia.

En primer lugar, hay que fijarse los derechos humanos, pues, entre otros factores, el nuevo Ejecutivo riojano ha protagonizado unos hitos que no pueden ser desatendidos. No solo ha creado una novedosa Consejería de Participación y Derechos Humanos, sino que además su presidenta es la primera mujer al frente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dotando a esta legislatura de un simbolismo evidente. Las apelaciones al feminismo del partido gobernante y sus socios se plasman en el compromiso de aprobar una Ley de Igualdad, aunque en el DP nada se dice de su contenido. Lo que es aún más curioso, tampoco aporta ninguna referencia sobre los mismos derechos humanos.

Las consecuencias de semejante ausencia no han pasado desapercibidas, especialmente para quienes se preocupan de todas aquellas personas que se quedan fuera del estatus de ciudadana. Las críticas se concentran en que, del conjunto del colectivo refugiado y migrante, el DP únicamente alude a la infancia. ¿El resto no merece ayuda por parte del gobierno autonómico? ¿No sería preferible un plan integral para la migración?

Pero con respecto a otras minorías sí hay apuestas más decididas. En concreto, hacia la diversidad afectivo-sexual, a través tanto del compromiso recogido en el DP para la elaboración de una Ley LGTBI, como con la designación de Ana Santos Preciado, que durante la anterior legislatura estuvo muy implicada en la elaboración de una Ley Trans –que finalmente no llegó a ser aprobada por el rodillo PP-Ciudadanos–, para dirigir la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

A pesar de que en su discurso de investidura Andreu anunció que asumiría los objetivos de la Agenda 2030, en el acuerdo no aparece ninguna mención expresa al ecologismo.

Tampoco se prevén grandes contratiempos con respecto a la reivindicación de la memoria histórica, toda vez que ya se parte de un trabajo con las instituciones que data de la última legislatura popular, aparte del hecho de que las formaciones que suscriben la DP reclaman la herencia de la lucha histórica por la democracia en España.

En cuanto a los no humanos, hay motivos fundados para la preocupación. No solo es ya que el DP pase de puntillas por cuestiones como la caza deportiva, los espectáculos con animales o el sacrificio cero, sino que además promueve la ganadería, a la que considera como un sector clave para la economía riojana, sin añadir nada acerca de lo que supone en cuanto a sufrimiento animal.

El compromiso en la lucha contra el cambio climático también está sometido a distintas controversias. A pesar de que en su discurso de investidura Andreu anunció que asumiría los objetivos de la Agenda 2030, en el DP no aparece ninguna mención expresa al ecologismo, lo que genera no pocas suspicacias. ¿Cómo se traducirá por tanto esa inquietud ecológica en los apartados de ordenación del territorio y de urbanismo? Por no hablar de carencias tales como no obligar a reducir de manera drástica las emisiones contaminantes a la atmósfera, no fijar objetivos y acciones con respecto a la gestión y conservación del medio natural, no establecer medidas para la gestión y conservación de los bosques, no hablar del impacto medioambiental de los proyectos de infraestructura, etc.

No se comenta la necesidad de impulsar una nueva Ley de Vivienda, o cuanto menos de reformar la ya existente, que data de 2007.

La lucha contra la pobreza está plagada de buenas intenciones que no terminan de materializarse. En el programa de gobierno no se comenta la necesidad de impulsar una nueva Ley de Vivienda, o cuanto menos de reformar la ya existente, que data de 2007. Desde los movimientos sociales se exigen medidas como la elaboración de un censo de vivienda pública, la creación de bolsas de vivienda de alquiler a precio regulado y el diseño de un plan de alternativa habitacional en los casos de desahucio o de mujeres víctimas de violencia de género.

Aunque el DP se haga eco de la precariedad en el trabajo, no se puede obviar que uno de los partidos firmantes, el mayoritario en el nuevo gobierno riojano, es también el mismo que en Madrid se resiste a derogar la última reforma laboral. Quizás sea esta contradicción la causa de que el DP desatienda a los grupos más afectados: mujeres, jóvenes, migrantes, personas con diversidad funcional, etc. Esta falta de sensibilidad se traduce en la no inclusión de planes específicos para proteger al personal becario y en prácticas; a las trabajadoras domésticas y de cuidados; y a las personas que se emplean estacionalmente en faenas agrícolas, muy expuestas a las mafias de trata humana.

Concha Andreu ha querido ser transparente en sus declaraciones públicas con su compromiso con el sector público. Su orgullo en proclamarse como “la presidenta de la pública, la presidenta de lo público”, así como la diana que ha colocado en los conciertos suscritos por los sucesivos gobiernos populares con empresas privadas, destacando por su carácter polémico los de Viamed –grupo de gestión sanitaria controlado por miembros de la ultraderecha española– y Alcaste –colegio relacionado con el Opus Dei y conocido por practicar en sus aulas la segregación sexual–, parecen venir a confirmarlo. No obstante, el optimismo moderado de ciertos colectivos como Marea Verde, que saluda medidas anunciadas como el aumento del presupuesto en educación, el fin de la zona única, la mejora del calendario escolar según criterios pedagógicos o la reducción de la ratio en las aulas, ha de ser puesto en cuarentena. La elección de profesionales provenientes del sector privado como responsables de la sanidad y de la educación riojanas obliga a extremar las precauciones, exigiendo el fin de las externalizaciones, asegurar el acceso universal a la sanidad o acabar con el copago farmacéutico, entre otros puntos.

Por último, se espera del gobierno de Concha Andreu mayor compromiso para paliar la disparidad entre los municipios del valle y de la sierra, uno de los agentes que provoca el fenómeno rural. Seguramente, reformular los intereses del turismo, excesivamente enfocado hacia el mundo del vino, y redistribuir los recursos entre las comarcas riojanas, serían de gran ayuda.

Esto es lo que, a grandes rasgos, nos muestra la lupa de los movimientos sociales sobre el nuevo Ejecutivo riojano. Se ven motivos de sobra tanto para confiar, como para recelar. En cualquier caso, esperando que su voz sea tenida en cuenta, todos los movimientos consultados prefieren adoptar de momento una actitud de prudente expectativa, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.