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Sonrisa falsa. Gestos desdeñosos. Conversación ocurrente, con tono displicente y un irritante punto de maldad. Este es el retrato de la justicia. Así se presentó, el pasado jueves 6 de septiembre, el consejero riojano responsable de la materia, Conrado Escobar, ante las personas que protestaban por la injusta y desorbitada sentencia que han recibido Jorge y Pablo; dos sindicalistas cuyo único delito conocido es luchar por su gente, la clase obrera.
El derecho. Así zanjó Escobar la breve discusión con la abogada de uno de los encausados. Pero, ¿el derecho de quién o quiénes? Porque Jorge y Pablo no han recibido un trato justo y equitativo. Su juicio nos recuerda que hoy en día la versión policial se encuentra por encima de los relatos aportados por otros testigos directos, y también por más testimonios admitidos a prueba, como grabaciones. Se trata, por tanto, del derecho de los que pueden permitírselo, de los fuertes, de los poderosos.
Pensar que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no son también parte actuante en los casos donde aparecen claramente implicados, viene a ser como creer que los cargos políticos, por el mero hecho de serlo, no van a aprovecharse de sus puestos para enriquecerse. Pero es bajo suposiciones de este pelo como se maneja la Justicia a la hora de actuar, especialmente si implica a personas que no son susceptibles de ningún trato de favor, que no cuentan con ningún altavoz potente desde el que cuestionar las acciones emprendidas en su contra.
En este caso concreto, el del 14-N, la reflexión puede llevarnos incluso más allá. El agente que dirigía los antidisturbios durante aquella aciaga jornada –cuya conducta fue profusamente elogiada por instituciones políticas y organizaciones empresariales, pese a que las cargas pusieron en riesgo la integridad de centenares de manifestantes–, ha terminado siendo el controvertido comisario jefe de la Policía Local logroñesa. Una sentencia absolutoria, ¿no supondría, en retrospectiva, la censura de su comportamiento en los hechos juzgados y, por ende, el cuestionamiento del firme apoyo recibido durante todo este tiempo por el Ayuntamiento de Logroño?
La sentencia del caso del 14N era un fuerte varapalo moral para una molestia –un importante movimiento de protesta en las calles– que venía durando casi seis años.
Después de unos días difíciles, donde le tocó en suerte la ingrata tarea de explicar la enmarañada red de contratos que el Gobierno autonómico había suscrito con empresas salpicadas por el caso Enredadera, Escobar pudo al fin respirar tranquilo. La sentencia del caso del 14N era un fuerte varapalo moral para una molestia –un importante movimiento de protesta en las calles– que venía durando casi seis años. A tal grado llegaba su desahogo, que el consejero de Justicia, y futurible alcalde de Logroño, se pudo permitir este 6 de septiembre ser condescendiente. Lo que reconocemos en otros como campechanía.
Pero en esos instantes, mientras franqueaba la puerta del Parlamento riojano, vedada para todos los ciudadanos –excepto los invitados–, ignoraba que el mundo es más grande que el territorio que abarca esta pequeña región, y que es bastante probable que si el caso pasa a instancias superiores, adquiera el escándalo tal magnitud que termine llevándose consigo brillantes carreras políticas, incluida la suya.
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No es el derecho: son las derechas. O lo que es lo mismo, la injusticia y represión con las que intentan acallar a quienes protesten por sus abusos y corrupción. Su prepotencia y señoritil desprecio al pueblo denota el regreso del nacional-catolicismo más caciquil y sin escrúpulos. Después de su paso por la redacción de las Leyes Mordaza y la Ley de Extranjería, menuda joyita para alcalde de Logroño.