Centros de Internamiento de Extranjeros
Cies No denuncia espionaje policial en las visitas a internos en Zapadores

La Campaña Por el Cierre de los Centros de Internamiento y el Fin de las Deportaciones (CIEs NO) señaló en un reciente comunicado que, a pesar de la llamada de atención del juez al CIE de Zapadores (València) por espiar las conversaciones de las personas durante las visitas de organizaciones solidarias, el personal policial continúa realizándolo. Es por eso que la ONG se quejó ante el Defensor del Pueblo, quien ya se encuentra investigando el caso.

Según Claudia Parreño, portavoz de la organización, en muchas ocasiones los agentes argumentan supuestos “motivos de seguridad y no permiten el cierre de la puerta ni se alejan de la sala de visitas”. Según la activista, paradójicamente, “se sitúan sentados de espaldas junto a la puerta abierta”, lo cual, no garantiza la seguridad ya que “no tienen control visual, pero les permite escuchar las conversaciones”. Parreño asegura que incluso han intervenido en ocasiones “sin que nadie lo solicitara”, en las conversaciones privadas entre acompañantes e internos, tal como ha ocurrido al Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de València. 

La denuncia ante el juez sucedió cuando en junio del año pasado, un policía interrumpió la entrevista de un interno con dos acompañantes de la Campaña y dio por finalizada la visita porque dijo que había escuchado decir que “la policía es racista”. Las personas acompañantes negaron esta acusación y las que le lanzaron el resto de policías de guardia, que les responsabilizaron de las agresiones que pudieran sufrir porque se “dedican a calentar la cabeza de los internos”, pero “tuvieron que abandonar el CIE sin poder realizar las visitas acordadas” denunció la portavoz.

Tras este incidente, la Campaña interpuso una denuncia ante el juzgado de instrucción nº 3 de València, quien es el encargado del control de la estancia de los extranjeros en el CIE de Zapadores. Como resultado, el juez comunicó a la dirección del CIE que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompañantes]”. Sin embargo, ante la constatación de que se hizo caso omiso de la resolución judicial, se presentó una nueva denuncia el 8 de febrero: “Solicitamos que los policías se sitúen al otro lado del pasillo, junto a la pared de enfrente de la sala, lo que les permite un control visual del interior de la habitación”. Además, Cies No asegura que de esta manera “la distancia garantiza la privacidad de la entrevista”.

El juez exigió al CIE “que las entrevistas con letrados y ONGs, así como familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad (...) sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales”

El mismo día que se presentó esta denuncia, el juez solicitó nuevamente explicaciones al CIE sobre la actuación de la policía durante las visitas a internos. Lo que conllevó a que el 24 de marzo, el juez resolviera dirigirse al CIE de Zapadores para exigirle “que las entrevistas con letrados y ONGs, así como familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se haya escuchado”.

Sin embargo, a pesar de estas resoluciones judiciales y de lo que determina la legislación vigente, las policías del CIE “continúan situándose junto a la puerta de la sala de visitas y obligan a dejarla abierta durante toda la entrevista” recalca la portavoz de Cies No. Por estas razones, la Campaña presentó una queja ante el Defensor para que “ante la ineficacia de las medidas judiciales y mientras sigan abiertos estos centros” inste al Ministerio del Interior a que adopte medidas para garantizar la confidencialidad en las visitas que reciban los internos. Por este motivo, el pasado 4 de septiembre, el Defensor del Pueblo comunicó a la Campaña que se admitía a trámite la queja y que se iniciaban “actuaciones ante los organismos administrativos competentes”.

La Campaña ha denunciado que esta forma de proceder de la policía infringe la ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, mejor conocida como  Ley de Extranjería, y el Real Decreto 162/2014 que aprobó el reglamento de los CIE. Ambas normativas obligan a reconocer los derechos de las personas internas, y por tanto a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”. Estas normativas también reconocen el derecho a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales, a comunicarse con sus familiares y con funcionarios consulares de su país u otras personas. Un derecho “que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial”, sentencia Claudia Parreño.

Estos derechos ya fueron reconocidos previamente por el juzgado de control del CIE de Zapadores a instancias de la Campaña Cies NO en 2011

Estos derechos ya fueron reconocidos previamente por el juzgado de control del CIE de Zapadores a instancias de la Campaña Cies NO en 2011. En el auto de aquellas fechas, el juez destacó que las ONG que asisten a los internos “superan el mero concepto de visitas de apoyo” y son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”; por tanto, solicitaba a la dirección del CIE que estableciera para las ONG un sistema de visitas y comunicación similar al de los abogados personales de los internos”, a quienes supuestamente se les garantizaba la total reserva de la entrevista.

Esta actitud de la policía se suma a las constantes vulneraciones de derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ningún delito. “Únicamente son culpables de una infracción administrativa cometida en contra de su voluntad: no disponer de permiso de residencia” señala la Campaña. El espionaje durante las visitas, las denuncias de malos tratos, la falta de protocolos de prevención de suicidios y de trata, las deficiencias en la atención sanitaria y en la alimentación y otras irregularidades que se cometen a diario en Zapadores han sido puestas en conocimiento de la Delegación del Gobierno, “sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas para garantizar el respeto a la dignidad de las personas encerradas” concluye Parreño. 

Por su lado, Enrique Santiago y Nahuel González de la plataforma Sumar han preguntado en el Congreso de los Diputados si el gobierno realizará alguna investigación, qué medidas tomarán en caso de que se compruebe que no se está respetando el derecho a la intimidad en las visitas y otras irregularidades que ocurren en el CIE de Zapadores.