Derechos sociales

Desde la organización Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar exponen que el proyecto afectaría a más de 12 hectáreas de espacio protegido.

El 29 de enero de 2001, los trabajadores de Sintel iniciaron una acampada en el paseo de la Castellana para denunciar en la calle las consecuencias de la privatización de empresas públicas. Su caso fue un símbolo de resistencia y victoria.

Más de cien organizaciones sociales piden que el Gobierno negocie un nuevo real decreto y ponga en marcha un plan de emergencia para hacer frente a la oleada de 60.000 desahucios que se esperan tras la derogación de las medidas del “escudo social”.

La Ciaf apunta a una rotura de la soldadura mientras la derecha pide la dimisión de Puente a través de bulos. Adelante Andalucía pide a la Agencia Ferroviaria Europea una investigación “independiente”.

La derecha parlamentaria deja caer el megadecreto que incluye la moratoria de desahucios, de corte de suministros y la revalorización de las pensiones.

La Asociación Tabadol y otros colectivos convocan una gran marcha el 31 de enero hasta la Cañada Real, e invitan transitar un “barrio vivo” para exigir el fin de los derribos y la cesión de terrenos.

El pasado 6 de noviembre, este fondo de inversión adquirió la totalidad del inmueble en el barrio madrileño de Malasaña y actualmente se niega a renovar los contratos a las vecinas con el fin de vaciarlo a la mayor celeridad.

Después de tres años de negociación, Mónica García firma un acuerdo con cuatro de los sindicatos del ámbito de negociación para un anteproyecto que, aseguran, contiene más de 100 mejoras para la plantilla sanitaria.

La ley de vivienda de la Junta que impulsa la “colaboración público-privada” y la persecución de la okupación para “solucionar” el problema de la vivienda en Andalucía ya está en marcha.