Industria farmacéutica
¿Y qué pasa con la farmacia?

Hace algunos días tuvimos que hacer uso de la asistencia sanitaria pública, por una causa feliz en este caso, pero asistencia sanitaria al fin y al cabo. Médicas, enfermeras, celadoras, TCAEs, etcétera, se esforzaron en que todo saliera bien, y así fue. Esta atención no solo se basó en el trabajo del equipo multidisciplinar sino que, como en casi todas las intervenciones en el ámbito hospitalario, fue acompañada de fármacos. Ya sea para mitigar el dolor, para tratar infecciones o para intervenir en cualquier proceso o situación médica, todos y todas vamos a ser usuarios de algún tipo de fármaco en algún momento de nuestra vida.

Cuando el personal del hospital administró el fármaco pertinente simplemente explicaron qué era, en qué consistía el tratamiento y lo pusieron en el gotero. Ya. No hubo ofrecimiento de un producto para “fortalecer las defensas ahora que viene el otoño”, o para “evitar la caída del cabello”, ni tampoco de una “crema rejuvenecedora que te dejará la piel como cuando tenías dieciocho años”. No hacía falta. Ni la viabilidad del hospital ni el sueldo de las empleadas dependía de hacer caja a costa de vender determinados productos.

Y es que, si nos paramos a pensar sobre algo que vemos tan normal, tan del día a día como es ir a una farmacia a recoger nuestros medicamentos para la tensión, el dolor o el colesterol podríamos llegar a la conclusión de que estos establecimientos son el único eslabón de la cadena asistencial básica que está al 100% en manos privadas. Y esto no lo digo yo, lo dice la Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia donde dice que las farmacias son “establecimientos sanitarios privados de interés público”. Y diréis: “Pone de interés público”; sí, sí, pero privados.

Aquí hay que hacer un pequeño ejercicio sobre los fines de lo público respecto a los fines de lo privado, y es que cualquier servicio público busca ofrecer dicho servicio a la ciudadanía

Aquí hay que hacer un pequeño ejercicio sobre los fines de lo público respecto a los fines de lo privado. Y es que cualquier servicio público busca ofrecer dicho servicio a la ciudadanía. Mejor, peor, más o menos eficiente, con muchas o pocas cosas a mejorar, etc., pero ofrece un servicio, al fin y al cabo. Pensemos en ese personal sanitario del que hablaba al principio. O en la educación pública por poner otro de los cada vez más escasos ejemplos de servicios públicos.

Sin embargo, el fin de cualquier empresa privada es la obtención de un beneficio económico ligado a su actividad y, por pura lógica, cuanto mayor beneficio ya sea aumentando ingresos o reduciendo costes, mejor para la empresa. Y la farmacia a la que todo el mundo vamos a recoger nuestros medicamentos no es una excepción.

Podemos hacer una prueba y pasar a casi cualquiera de las poco más de 22.000 farmacias que hay en nuestro país y podremos comprobar que, unas más (sobre todo en grandes núcleos urbanos), otras menos (más hacia el entorno rural), parecen más supermercados o perfumerías que establecimientos sanitarios. En los escaparates podemos encontrar los más variopintos productos para el ¿cuidado? de nuestra salud: crecepelos, cremas rejuvenecedoras de todo tipo, suplementos de colágeno para nuestras maltrechas articulaciones, vitaminas para casi cualquier cosa, pastillas para la memoria…

Las farmacias parecen más supermercados o perfumerías que establecimientos sanitarios; en los escaparates podemos encontrar los más variopintos productos para el ¿cuidado? de nuestra salud

Ya no es tanto (que también) la oferta de este tipo de merchandising sanitario o como muchos de estos productos no sirven absolutamente para nada de lo que prometen (todavía seguimos existiendo los calvos, por ejemplo), lo grave y la clave de todo esto es lo que nombrábamos antes. Es que las farmacias son empresas privadas y quieren obtener un beneficio y este hecho fundamental abre la puerta al mercadeo, a la mercantilización de la salud y, bajo mi punto de vista, a la denigración (en connivencia con los colegios oficiales de farmacéuticos) de una profesión eminentemente sanitaria en aras de un perfil comercial que aumente la caja de la empresa.

¿Son necesarios todos estos productos para la salud de la población? Normalmente no. Pero sí son necesarios para con su venta aumentar el beneficio de una empresa, sean efectivos o no, pongamos el ejemplo de la homeopatía como paradigma de producto totalmente inútil.

¿Por qué en el hospital no encontramos homeopatía, colágenos, o vitaminas para aumentar la fertilidad? Lo hemos comentado de pasada, el hospital no depende de la venta de estos productos para aumentar sus ingresos. La farmacia sí.

La comparación es entonces obvia. Tenemos un servicio de farmacia hospitalaria que surte de medicamentos a todos los enfermos de un hospital y tenemos una farmacia comunitaria que aparte de dispensar los medicamentos pautados por un facultativo, también se convierten en una especie de bazar multiprecio, por lo que la pregunta también es obvia. ¿Ocurriría esto en una oficina de farmacia de titularidad pública?

La respuesta es rotundamente NO. Al separar el beneficio empresarial de la asistencia del profesional farmacéutico y que el sueldo de este no dependa de la viabilidad de una empresa privada eliminaría ciertas praxis que se dan hoy día en las oficinas de farmacia. Unas legales pero poco éticas e inocuas mayoritariamente (el mayor perjuicio es al bolsillo del consumidor) como son la venta de determinados productos sin una clara evidencia científica sobre aquello que dicen hacer y otras prácticas que no son ni éticas ni legales como es la venta de medicamentos sin la obligatoria receta médica y que entrañan un mayor peligro para el paciente por poder provocar un mal uso del medicamento.

Pero es que además sería rentable para el Estado si las oficinas de farmacia fueran de titularidad pública: manteniendo el gasto por receta actual y asumiendo costes de mantenimiento de los locales, el coste de empleados, retorno de los clawback, etc., podría suponer un ahorro a las arcas de entre 500 y 1.200 millones de euros al año según cálculos propios.

En resumen, la farmacia pública sería rentable para el estado y beneficioso para el paciente. Así que cuando hablamos de el concepto Sanidad Pública y Universal deberíamos preguntarnos: ¿y qué pasa con la farmacia?