Opinión
Por respeto a las víctimas: política

(Mientras escribimos estas líneas, tras mantener el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat valenciana paralizado durante horas, a la espera de que un presidente desaparecido asuma sus responsabilidades, Carlos Mazón ha comparecido con discurso de tono electoral en el que, tras hablar muy poco de la situación de emergencia, se niega a entregar el mando a Moncloa pero, al mismo tiempo, plantea exigencias al Gobierno de España con el objetivo de trasladar presión a Sánchez y ocultar las negligencias del gobierno valenciano. La incomparecencia del Consell es tal que hasta los suyos reclamaban que el gobierno central asuma sus competencias en un contexto de falta de liderazgo, necesidades sin atender y solidaridad ciudadana.)

El dolor y destrucción propio de las situaciones catastróficas o grandes tragedias suele generar un impacto que, entre otras cosas, tensiona el funcionamiento de las instituciones y altera las lógicas políticas vigentes. La tentación de la institucionalidad oficial suele ser apelar a una suerte de “unidad” o “consenso” (las más de las veces, vacíos) que insta a poner todo el foco en el apoyo a las víctimas (las más de la veces, sin reconocer las insuficiencias o limitaciones de tales apoyos) y señalar como oportunista o inoportuno cualquier intento por debatir y reflexionar sobre las causas, especialmente políticas, del daño sufrido. Esta visión, si bien habitual en nuestro entorno, contrasta enormemente con los medios extranjeros (tal y como ya pasó de manera evidente en el 11M) y  es doblemente tramposa para los territorios y comunidades afectadas por el daño.

No hay relato neutral posible; no existe narración que, explícita o tácitamente, no empiece a dibujar explicaciones sobre lo sucedido

En primer lugar, no hay “dolor neutral” o sin relato. Una situación como la que estos días atraviesa buena parte de la provincia de València (pero que interpela a la totalidad del País y del Estado) implica, en lo personal y en lo colectivo, una reflexión inmediata sobre qué está sucediendo, las causas y, en su caso, los responsables de la magnitud de la tragedia. No hay relato neutral posible; no existe narración que, explícita o tácitamente, no empiece a dibujar explicaciones sobre lo sucedido.

Paiporta lanza barro al Rey y recibe a Carlos Mazón al grito de “¡asesino, asesino!”

Redacción El Salto

43

València

València Paiporta lanza barro al Rey y recibe a Carlos Mazón al grito de “¡asesino, asesino!”

Redacción El Salto

43

También han interpelado a la reina consorte, Letizia Ortiz, al grito de “a ti no te falta agua”, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien llamaban “perro”.

Pero, además, esta trampa es tanto mayor cuando hay sobrados indicios de que la magnitud de la catástrofe se explica mayoritariamente por una serie de mentiras, negligencias y decisiones contrarias al interés general. Cuando es tanta la disparidad entre lo que afirma el Gobierno Valenciano y la realidad. Cuando ya estamos viendo cómo el Partido Popular, igual que hiciera inmediatamente después de los atentados del 11M o en pleno impacto por el Prestige, en la gestión del covid, Filomena, etc… comienza a protegerse a sí mismo por encima de cualquier otra cuestión. En estas situaciones conviene recordar que, en mitad del dolor, insistir en la necesidad de “consenso” y de “evitar toda discusión política”, también es una manera hipócrita e interesada de politizar una tragedia e instrumentalizar a sus víctimas. Normalmente para proteger a quienes tienen demasiado que explicar.

Por eso, estos días, las prioritarias solidaridad y apoyo a las víctimas no son contradictorias con pensar en lo sucedido y exigir responsabilidades a quienes sólo aspiran a ganar tiempo para depositar las culpas en cualquier otro lugar. 

Sabemos ya que la apuesta del PP pivotará (ya lo está haciendo) en torno a dos opciones: situar las responsabilidades en organismos estatales y Moncloa (algo cuya tibieza y falta de valentía posterior lo está poniendo francamente fácil) o, en el peor de los casos, generar un cinismo desorientado (“todos son iguales”, “las instituciones no funcionan”) que desdibujen la culpabilidad de los de Mazón al precio, eso sí, de aumentar el daño y el descrédito de las instituciones democráticas.

Crisis climática y urbanismo salvaje

Las inundaciones y episodios de lluvias torrenciales son fenómenos frecuentes en el arco mediterráneo y, en relación a ellos, siempre hemos incidido en dos cuestiones de largo recorrido ante la miopía del bipartidismo: hasta qué punto el cambio climático es un factor de primer orden que aumenta su potencial destructivo; y cómo el urbanismo salvaje, que evita cualquier planificación y respeto por los planes de inundación, son cuestiones vinculadas a decisiones políticas directamente implicadas en la magnitud de sus consecuencias sobre la población.

Sin embargo, hay algo mucho más urgente e inmediato: la gestión de la preemergencia por parte de la Generalitat Valenciana ha sido, a todas luces, negligente y no es descabellado aventurar que criminal. A las 7h de la mañana del martes 28 de octubre ya había un nivel de alerta significativo en parte de la provincia de València, a las 10h ésta ya tenía un grado máximo para toda la provincia (una situación que implica avisar a la población e informar sobre una serie de riesgos, precauciones y recomendaciones). Sin embargo, el gobierno valenciano no sólo no avisó, sino que a las 13h, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecía ante los medios para afirmar todo lo contrario: que el temporal iría a menos durante la tarde. Un mensaje posteriormente borrado por el Partido Popular y en el que no se especificaba quién era la fuente de esa previsión contraria a lo planteado por la AEMET.

¿Cómo es posible querer normalizar esta evidente falta de responsabilidad en una catástrofe histórica y tratar de explicarla como algo “inevitable”?

Lo sucedido inmediatamente después ya es conocido: una catástrofe sin precedentes en nuestra historia. Para cuando el gobierno valenciano activó los primeros avisos (recordemos que la competencia para activar la emergencia y avisar a la población es autonómica) el desastre ya había comenzado y no hubo margen de reacción para muchísima gente que volvía de trabajar o trataba de poner a salvo sus pertenencias siguiendo en muchos casos las propias directrices de la Generalitat. 

La indignación por esta vergonzosa gestión se agrava si comparamos con las inundaciones del sureste peninsular de 2019 que afectaron, entre otros lugares, a la Vega Baja: el nivel de prealerta, los mensajes institucionales de riesgo e, incluso, la sensación de exceso de celo, se empezaron a generar dos días antes de que comenzaran las lluvias. Como resultado, a pesar de que las inundaciones desbordaron la previsión y se produjo la que había sido, hasta la fecha, la mayor catástrofe natural del país en términos de pérdidas materiales, se consiguió limitar al mínimo el número de víctimas mortales. Pero la diferencia es esta: había una previsión. ¿Cómo es posible que con estos antecedentes, planes, proyectos, protocolos, la Generalitat no actuara y esta catástrofe sorprendiera a la gente haciendo vida normal? ¿Cómo es posible querer normalizar esta evidente falta de responsabilidad en una catástrofe histórica y tratar de explicarla como algo “inevitable”?

En nuestra opinión, hay tres hipótesis para explicar que el Gobierno del PP tomara la decisión, política e ideológica (y es importante insistir en ello), de actuar así. La primera conectaría con “lo climático”: un rasgo central de las derechas es despreciar y minusvalorar todo lo relacionado con la emergencia climática. Una posición que, entre otras cosas, empuja a despreciar los riesgos reales de que sucedan fenómenos de magnitud inédita, como en efecto ha ocurrido.

Por otra parte estaría la hipótesis económica. En una visión organizada en torno al beneficio empresarial (o, mejor dicho, de grandes empresas) como prioridad absoluta, las derechas han acelerado una agenda de autoritarismo económico en la que ya no existe ni siquiera el viejo disimulo democristiano de intentar conciliar una cierta agenda social que compensara el enriquecimiento de una minoría. Así las cosas, suspender o reducir la actividad económica en vísperas de un puente, tal y como debería haberse hecho una vez conocida la alerta de la AEMET, es poco menos que un tabú para un gobierno que, como el de Isabel Díaz Ayuso, pervierte la idea de libertad para convertirla en el derecho de enriquecimiento de unos pocos, aunque eso implique poner en riesgo la vida de la población.

A este respecto, será bueno esclarecer si en las horas previas a las inundaciones hubo contactos entre sectores patronales y la Generalitat, si acaso se optó por ignorar alertas por exigencia o recomendación de algunos empresarios o si ni siquiera hizo falta porque su agenda ya es la que controla, sin contrapesos, el Palau de Presidència.

El problema de desarrollar una lógica del enemigo tan burda y tosca es que se imposibilita la coordinación y el acuerdo cuando estos sí son necesarios

La tercera hipótesis sería la “partidista”. Es un rasgo propio del PP aumentar su tensión contra las instituciones cuanto menor es el control que tiene sobre éstas. Pero, desde que el PSOE retomara el poder en España en 2018, esta lógica ha aumentado de grado. La absurda estrategia del PP pasa por un acoso y derribo a cualquier mensaje, iniciativa, decisión u oferta medianamente significativa que pudiera atribuirse al Gobierno de España. El problema de desarrollar una lógica del enemigo tan burda y tosca es que se imposibilita la coordinación y el acuerdo cuando estos sí son necesarios. No es descabellado aventurar que la apuesta política de Mazón pasara por minusvalorar el riesgo (las alertas meteorológicas implican, como es lógico, la posibilidad de que finalmente no suceda nada, o nada grave) para, posteriormente, presumir de iniciativa y criterio propios frente a alarmismos cuyo origen se situarían en la órbita de Moncloa. La posterior aparición de Feijóo para cargar contra organismos estatales mientras conocíamos más y más noticias de la incapacidad del gobierno de Mazón (como que el secretario autonómico de emergencias estuvo desaparecido durante el inicio de la alerta) reforzarían esta suposición.

Situar las responsabilidades es un paso necesario para que las víctimas se vean resarcidas no sólo en lo “simbólico” sino también en lo material

Es posible que la suma de temeridades y negligencias del gobierno valenciano no se deba a una sola de estas razones, sino a una interacción de todas ellas, sin olvidar otro factor obvio y transversal: la pura incompetencia. La cuestión es que la evidencia es tan abrumadora que la indignación no ha tardado en cundir incluso entre personas que se encuentran en el mismo centro de la catástrofe. A estas horas, es evidente que ni Carlos Mazón ni su gobierno pueden salir indemnes de estas inundaciones. Obviamente, una parte de esta reivindicación ha de surgir (de hecho ya lo está haciendo) desde la sociedad civil: ya hay convocadas manifestaciones para exigir la dimisión de Mazón y recaudación de fondos para llevar al Gobierno de la Generalitat Valenciana ante la justicia. Pero la acción política no puede sustraerse a esta batalla. Ignorar eso, aceptar el marco de “ahora sólo toca ayudar” o los clásicos discursos de “unidad” estéril, sólo servirán para aumentar la impunidad de quienes deben dar cuenta política (y posiblemente, penal) por sus actuaciones. Situar las responsabilidades es un paso necesario para que las víctimas se vean resarcidas no sólo en lo “simbólico” sino también en lo material, para evitar que, como ocurrió el día posterior, se siga incidiendo en los mismos errores y desprotegiendo a la población. 

En un contexto de creciente separación entre gente e instituciones, renunciar al análisis y la denuncia puede servir para que “el afuera” lo ocupen quienes no tendrán complejos en ofrecer respuestas y explicaciones aún más negacionistas, irresponsables, antipolíticas y contrarias al interés general. Por eso, la hermosa y digna solidaridad que estos días muestra el pueblo valenciano no es incompatible con la reflexión política y colectiva para protegernos. Porque el agua no sólo ha arrasado vidas, municipios, viviendas e infraestructuras; también puede llevarse por delante la fragilísima confianza en las instituciones, en los demás. No podemos permitir que ocupen impunemente las instituciones quienes, en un contexto de riesgo y colapso (emergencia climática, autoritarismos, despotismo de las grandes fortunas) han elegido militar activamente contra el derecho a la vida de la mayoría.