Radios libres
Periodistas en el exilio denuncian acoso a medios comunitarios en Guatemala

Lucía Ixchíu y Carlos Cano son comunicadores del colectivo guatemalteco Festivales Solidarios, el cual realiza trabajos sobre memoria histórica, defensa del territorio y acompañamiento a presos políticos. Desde hace meses se encuentran exiliados en Euskal Herria, previo paso por Costa Rica, amenazados por el gobierno guatemalteco de Alejandro Giammattei debido a su labor de documentación de la guerra de baja intensidad que atraviesa su país.

Acompañdos por Walter Cuc, director ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), la semana pasada ofrecieron una conferencia en el Col·legi Major Rector Peset de la Universidad de València en el marco de la gira #NoNosCallaran con el objetivo de visibilizar la represión que viven las y los comunicadores de medios comunitarios y el despojo de las transnacionales españolas. En una conversación telefónica a cuatro voces, las y los exiliados atendieron a El Salto para explicar la situación en su país.

Walter Cuc es maya cachiquel, de familia luchadora. Sus padres participaron en organizaciones campesinas e indígenas. Cuc comenzó en la lucha estudiantil, para posteriormente hacerse periodista, “pero antes siempre me consideré defensor de los derechos humanos”. Lleva ocho años en la dirección de la FGER, un organismo que ha permitido “hacer un trabajo de articulación con las comunidades de base, movimientos indígenas y campesinos”.

Guatemala es el tercer país de América Latina con más número de homicidios a defensores del territorio, solo por detrás de Colombia y México

Guatemala, es el país del “eterno retorno”, como lo define Carlos Cano, citando al filósofo Mircea Eliade. Cano es un experimentado comunicador y fotoperiodista independiente, quien asegura que en su país se está “repitiendo una situación histórica similar a la de los años 60, con el inicio de la guerra civil”. Guatemala es el tercer país de América Latina con más número de homicidios a defensores del territorio, solo por detrás de Colombia y México. “Decido salir por la presión del ejército, ya que hubo una escalada de hostilidades contra mi trabajo”, señala Cano.

Guatemala se encuentra en la actualidad experimentando un conflicto no declarado, “una guerra de baja intensidad entre el Estado y los poderes fácticos, contra la sociedad de abajo, en especial los pueblos indígenas”, describe el fotoperiodista. Es común la prisión política de líderes indígenas, estudiantiles, las desapariciones, la criminalización de activistas, asesinatos selectivos, la persecución política, detenciones ilegales y finalmente cuando es posible, el exilio. Así lo atestigua la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) en su último informe sobre la situación de personas, comunidades y organizaciones de derechos humanos (2019-2020)

Lucía Ixchíu es una mujer indígena k’iche’, de la región de Totonicapán. Un pueblo con una larga historia de lucha y resistencia. Asegura que viene de un hogar con historia de lucha: su madre fue militante estudiantil en los años más duros de la guerra, y su padre sindicalista y luchador indígena. “Me enseñaron a pelear por mis derechos”. Ixchíu decidió volverse comunicadora ante la masacre que vivió su pueblo por parte del ejército guatemalteco en 2012, por manifestarse en contra del alza de los precios de la electricidad y contra cambios antisociales que el gobierno pretendía modificar en la Constitución. “Me hice defensora de los derechos humanos y periodista porque no tuve otra opción. Viví el racismo estructural, a pesar de que la mayoría en Guatemala somos indígenas”.

Ixchíu señala que en los diez años de trabajo como periodista ha sufrido múltiples sistemas de opresión: “racismo por las estructuras coloniales, económicas por el neoliberalismo y el machismo imperante de la sociedad”. Sin embargo, asegura que ha habido un florecimiento de medios alternativos y de pensamiento crítico, pero también “autoritarismo y persecución”, motivo por el cual están fuera de Guatemala, “al igual que miles de periodistas, activistas y defensoras de los derechos humanos, denunciando y resguardando nuestras vidas”. Sobre su colectivo, Festivales Solidarios, señala que es un medio “perseguido y criminalizado por su labor en pro de los derechos humanos”

La Guerra Civil

“Guatemala es la bodega del patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, es un laboratorio de tortura, guerra sucia y golpismo del blando y del más duro”, señala Cano. Para el comunicador, no se puede entender la actualidad de su pueblo sin remontarse a la guerra civil que duró 36 años, de 1960 a 1996, “desencadenada por el golpe de Estado orquestado en 1954 por los Estados Unidos”. Tampoco se debe olvidar, expone, “el genocidio de los años 80, las dictaduras militares… décadas de barbarie”. Por su parte, Ixchíu señala que la intervención de Estados Unidos “nos dejó gobernados por la extrema derecha  y una honda división en Centroamérica. Pasan cosas y no nos enteramos. Solo cuando sales te enteras de lo que pasa en la región”.

Tras la guerra, se firmaron los “Acuerdos de Paz”, sin embargo estos nunca cobraron vigencia. Hubo intentos por modificar la Constitución a través de una consulta popular en 1999 y ratificar conceptos de  los Acuerdos, pero solo quedaron en eso, “intentos; siempre continuando una guerra, de otra intensidad y naturaleza, en manos de las maras y el narcotráfico”, asegura Cano. Por si fuera poco, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica en 2005 inició una nueva etapa de despojo, prisión política y criminalización de los pueblos originarios.

CICIG y FECI

En esa época, la ONU y el gobierno acodaron crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el objetivo de identificar la estructura de corrupción y abuso contra los derechos civiles y políticos de la población. Esta comisión pasó prácticamente inadvertida hasta una década más tarde, según asegura Cano. En 2012, se produce la Masacre de Alaska, ejecutada por el ejército en contra de una manifestación pacífica del pueblo K’iche’ de Totonicapán, el mismo de Ixchíu, “provocando una huella imborrable en uno de los pueblos originarios y en toda Guatemala”, expone Cano. Para 2015, llega el colombiano Iván Velásquez a dirigir la CICIG y comienza a visibilizarse que las investigaciones de la Comisión avanzaban, saltando finalmente a la luz pública datos que involucraron a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina. Es así que, debido a las movilizaciones populares, en mayo renuncia la vicepresidenta Roxana Baldetti y en agosto Pérez Molina, quienes finalmente son sometidos a la justicia.

En una Guatemala turbulenta resulta elegido en 2016 el evangélico y comediante de televisión Jimmy Morales, postulado por un partido de exmilitares y de extrema derecha. “Los logros jurídicos contra cientos de expresidentes, ministros, diputados, policías, militares y empresarios de alcurnia habían llegado muy lejos, atentando directamente contra la oligarquía guatemalteca. Morales, con un cierre de filas de la extrema derecha, comienza una cruzada contra estos logros hasta llegar a cerrar la CICIG”, apunta Cano. A pesar de ello, las investigaciones continúan desde diversos entes y el hermano, el hijo y la esposa de Morales fueron acusados de corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se enfrenta entonces al “pacto de corruptos” y continuó procesando legalmente a empresarios y políticos.

Sobre el exilio de Juan Francisco Sandoval, exdirigente de la FECI, represaliado por el gobierno y exiliado en Washington, Ixchíu asegura que “es muy preocupante y evidencia lo que varios funcionarios de justicia viven, pero también periodistas, la persecución por el gobierno, siendo un atentado contra la libertad de expresión y el estado de derecho”. Es de especial consideración que la información sobre la represión en Guatemala “poco interese al mundo, que se desconozca, seguramente tenga que ver con los intereses del gran capital”.

Retrocesos en el gobierno de Alejadro Giammattei y el Covid

La oligarquía y la clase política orquestaron entonces una venganza, y tomaron los poderes del Estado guatemalteco. “Tomaron por asalto el congreso, el poder judicial, y la presidencia en las elecciones del año 2019” señala Cano. El comunicador se refiere a cuando ganó el católico y ex convicto Alejandro Giammattei, acusado por la justicia guatemalteca de asesinatos extrajudiciales en el año 2005, y socialmente señalado por realizar limpieza social. Giammattei estableció una serie de “estados de prevención y militarización, so pretexto de la violencia común y organizada que imperaba en el país”.

La llegada de la pandemia de Covid-19 fue la excusa perfecta para que Giammattei y sus cercanos adquieran una serie de préstamos millonarios y así poder pagar “a costa de los pueblos de Guatemala, la deuda política y económica que tenía con la oligarquía, tras 20 años de financiación de sus campañas presidenciales”

La llegada de la pandemia de Covid-19 fue la excusa perfecta para que Giammattei y sus cercanos adquieran una serie de préstamos millonarios y así poder pagar, “a costa de los pueblos de Guatemala, la deuda política y económica que tenía con la oligarquía, tras 20 años de financiación de sus campañas presidenciales”. La pandemia exacerbó la miseria y las contradicciones sociales, evidenciando los niveles de desnutrición, corrupción e impunidad más altos de Latinoamérica. A pesar de ello, el pasado noviembre se intentó modificar el presupuesto nacional retirando recursos para el combate a la desnutrición y otorgando más prebendas a la clase política y corrupta del país. “Esto detonó la rabia, la gente salió a las calles y fue reprimida con violencia. Más de cincuenta personas encarceladas; cientos de personas heridas, intoxicadas y mutiladas por la defensa del régimen” remata Cano.

Despojo, neocolonialismo y transnacionales españolas

Guatemala es considerada por algunos “la finca neocolonial”. En su territorio operan entre otras muchas multinacionales como British Petroleum o Goldcorp, las españolas Iberdrola, ACS y BBVA. La oligarquía guatemalteca, conformada por ocho familias, controla todas las estructuras del Estado, incluyendo los cuerpos de seguridad, facilitando así, la penetración de empresas transnacionales que imponen condiciones de explotación, servidumbres y ganancias multimillonarias. Como ejemplo concreto, existe la experiencia del río Cahabón, en el cuál avanzan los megaproyectos hidroeléctricos Renace y Oxec, en los que participa la transnacional española ACS, la cual privatiza tierras y agua a más de 30 mil personas, que nunca fueron consultadas. “Debido a la resistencia contra la española ACS, cuyo dueño es Florentino Pérez, máxmo accionista del Real Madrid, tienen preso al defensor del territorio Bernando Caal”, sentencia Ixchíu.

Para la periodista, las relaciones coloniales entre el Estado Español y el guatemalteco “están intactas, Guatemala es un país que funciona a partir de monopolios, de hegemonía. Sigue siendo subastada por la élite”. Su colectivo ha acompañado procesos de resistencia en el norte de Huehuetenango contra otras empresas hidroeléctircas de capital español. “El extractivismo y el colonialismo continúan con fuertes nexos. La oligarquía guatemalteca siempre ha pensado que el país es su finca, por eso decimos que no vivimos en democracia, que estamos en dictadura”.

Para la activista, “Guatemala se encuentra en un retroceso democrático a los años más duros del genocidio y de la guerra”. Como periodista, Ixchíu ha documentado resistencias antimineras, contra la palma aceitera, la dominación interesada de los cuerpos durante la pandemia y por supuesto la militarización, la cual se ha utilizado para “dividir, criminalizar y perseguir, es lo que hace nuestro gobierno”. Defender derechos humanos es un crimen en Guatemala, señala la activista.

La resistencia indígena y la dignidad de los pueblos en Iximulew

Durante cientos de años los pueblos originarios en Iximulew, nombre originario de Guatemala, han resistido, primero contra los invasores españoles, luego contra el Estado Nación y ahora contra el neoliberalismo y el neocolonialismo. “A pesar de todo el racismo en su contra, los pueblos originarios marcan los tiempos y el camino a seguir de las protestas y resistencias a nivel nacional”, señala Cano.

Durante cientos de años los pueblos originarios en Iximulew, nombre originario de Guatemala, han resistido, primero contra los invasores españoles, luego contra el Estado Nación y ahora contra el neoliberalismo y el neocolonialismo

48 son los cantones de Totonicapán, ese pueblo k’iche’ de Lucía Ixchíu que sufrió la Masacre en Alaska, quienes ahora son el epicentro de la resistencia y desde hace tiempo han iniciado una serie de articulaciones con otros pueblos indígenas, como el parlamento Xinka, las comunidades de Sololá, el pueblo Ixil, las comunidades de la Costa Sur, el pueblo Q´eqchi´ y demás pueblos originarios, para gestar el camino a un Paro Nacional. Exigen la renuncia de Giammattei y funcionarios de alto nivel con miras a instalar el camino hacia una Asamblea Plurinacional de los Pueblos en Guatemala. “Es importante construir desde la mirada indígena, porque somos la mayoría y desde los procesos de autonomía que es algo que se nos ha negado desde los Estados nación”, reivindica Ixchíu.

Los radios indígenas son claves para las resistencias. La FGER cuenta actualmente con 35 emisoras que emite en diferentes idiomas mayas. Para Cuc “las radios juegan un papel muy importante, más allá de la comunicación, realizan un papel de incidencia primordial, son plurales y participativas”. Sin embargo, asegura que su labor es “mal vista por algunos sectores, porque estamos promoviendo los derechos humanos”. Las radios sufren persecución política ya que, afirma el periodista, “el gobierno realiza una estrategia sistemática que consiste en censurar y negar la libertad de expresión”. La FGER colabora con una red de más de 50 periodistas comunitarios en constante formación técnica y política.

Finalmente el luchador y director de la FGER señala que resulta de gran ayuda que otros medios visibilicen la situación que hay en el país, al permitir que su voz traspase las fronteras. Porque en Guatemala, asegura, “existe una política que no permite que tengamos acceso a los medios de comunicación, solo cinco familias se han apropiado del espectro radioeléctrico, violentando el derecho humano a la información, a pesar de que el Estado ha firmado tratados internacionales en materia de libre expresión”.