València
La Generalitat supo del primer desaparecido el día de la dana ocho horas antes de enviar los SMS

La instrucción del juicio por la dana ha llevado hoy a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja. Bernabé ha confirmado ante la jueza instructora que avisó el pasado 29 de octubre a la entonces consellera Salomé Pradas, a las 12.23 —unas ocho horas antes del envío de la alerta por SMS a la población—, que ya había una persona desaparecida en la comarca de la Ribera.

También ha declarado que se puso a “disposición” de Pradas y le comunicó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba preparada para desplegarse ya en ese momento. La Generalitat solicitó la activación de la UME sólo para la comarca de Utiel-Requena hacia las 15.30h, unas tres horas más tarde de este primer aviso.

Bernabé ha explicado que el día de los hechos tenía programado un viaje a Córdoba, ya que tenía una actividad institucional a la que estaban convocados todas las delegaciones del Gobierno. Pero ante la gravedad de los avisos meteorológicos y la complicada situación que se preveía la víspera, decidió anular su presencia en la ciudad andaluza.

La fiscalía y la jueza han rechazado la imputación de Bernabé

La Fiscalía Provincial de Valencia comunicó el pasado 26 de marzo su decisión de no imputar a Pilar Bernabé. Según el fiscal Cristóbal Melgarejo, su papel se limitó a coordinar entre administraciones, ya que no se declaró la emergencia de interés nacional. La Fiscalía respaldaba, de esta forma, la decisión de la jueza instructora. El ministerio fiscal, además, subrayaba en su respuesta a Hazte Oír —que fue expulsado de la causa como acusación popular—, que “corresponde a la Generalitat gestionar emergencias”.

También han intentado “corresponsabilizarla” de las decisiones, o falta de ellas, adoptadas el 29-O tanto la Generalitat como los dos únicos investigados. Salomé Pradas y Emilio Argüeso desviaron el viernes hacia Bernabé la codecisión sobre las medidas de la emergencia.

También intentaron imputarla por la vía de la corresponsabilidad en la supuesta falta de información sobre los barrancos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tanto la jueza como la fiscalía han rechazado esa vía. “Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal”, advirtió la jueza en un auto del 24 de febrero.

La delegada del Gobierno ha aportado a la causa un listado de sus llamadas telefónicas el día de los hechos, tal como hicieron la semana pasada, tanto Pradas como Argüeso, este último aportando una copia pericial de sus mensajes de la aplicación Whatsapp.

La fiscalía respalda la imputación de Pradas, pero no la de Argüeso

La Fiscalía de Valencia ha pedido confirmar la imputación de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, porque según la legislación autonómica le correspondía a ella “determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse”. Por el contrario, rechaza la imputación por ahora de quien era su número dos, Emilio Argüeso, al considerar que no se pueden atribuir responsabilidades a una persona “por el mero hecho de su cargo”, sin perjuicio de que el avance de la instrucción revele algún cometido “que hubiera podido evitar o disminuir” las muertes.

En el caso de la exconsellera, el Ministerio Público destaca que la dirección de plan especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana le correspondía a Pradas “una vez declarada la situación de emergencia dos”, y tenía, “por ende, la función de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse”.