Aborto
El movimiento feminista de Alicante se rebela contra la amenaza de un servicio antiaborto en la ciudad

Las alarmas sonaron hace unas semanas: la prensa anunciaba la puesta en marcha de una “oficina antiaborto” en la ciudad de Alicante. Era, recogían distintos medios, una de las exigencias que el partido de extrema derecha Vox reclamaba al alcalde Luis Barcala (PP) para aprobar los presupuestos municipales. Junto a esta denominada oficina antiaborto, Vox también había pedido una oficina antiocupación en una ciudad con alquileres cada vez más tensionados por los altos índices de pisos turísticos y una nueva ordenanza que se tradujera en el fin de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones para evitar lo que el alcalde de Alicante llamó “el fundamentalismo climático”.

Y es que, para aprobar unos presupuestos que ascienden a 359,26 millones de euros, Barcala ha tenido que acceder a 20 de las 26 enmiendas presentadas por Vox, entre las que se incluía la denominada oficina antiocupación o la actualización del Museo de Belenes, el aumento de la dotación a la Escuela Taurina y el inicio de los trabajos para la creación del Museo de la Semana Santa, mientras las denuncias de la ciudadanía alicantina por el estado de suciedad de las calles, la ausencia de zonas verdes, el abandono de los barrios del norte o la escasez de zonas peatonales en el centro de la ciudad persisten.

Las Zonas de Bajas Emisiones de Alicante: sombras y luces de un proyecto que no termina de arrancar

Ana Bisquert

Medio ambiente

Medio Ambiente Las Zonas de Bajas Emisiones de Alicante: sombras y luces de un proyecto que no termina de arrancar

Ana Bisquert

Alicante se suma a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) siguiendo con las indicaciones europeas. El plazo máximo de cumplimiento es diciembre de 2023, pero mientras la ciudad pide más tiempo para su implementación, la oposición señala la insuficiencia de las reformas.

En lo relativo a la propuesta antiabortista, desde la primera aparición en prensa, el nombre de este servicio (al que Vox se refiere como “oficina para la asistencia a la maternidad”) y hasta qué punto será una realidad no se han concretado, pero el movimiento feminista de Alicante ha decidido tomar la delantera y empezar a movilizarse para mostrar su rechazo hacia la medida. 

“Frente a las apariciones de la exigencia de un servicio antiaborto y antes de que efectivamente eso se concrete hemos preferido salir porque nos parece de una envergadura brutal que se hable de semejante cuestión”

“Frente a las apariciones en prensa de la exigencia de un servicio antiaborto y antes de que efectivamente eso se concrete, hemos preferido salir porque nos parece de una envergadura brutal que se hable de semejante cuestión”, resume Emilia Caballero, reconocida abogada feminista y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Caballero hace alusión a la trayectoria del movimiento por los derechos de las mujeres en el décimo aniversario del Tren de la Libertad, cuando el feminismo puso freno a las propuestas del exministro Alberto Ruiz Gallardón en materia de derechos sexuales y reproductivos: “Es un paso atrás que no estamos dispuestas a permitir de ninguna de las maneras”, espeta. 

Caballero insiste, igual que lo han hecho partidos políticos de la oposición y movimientos sociales de la ciudad, en que las mujeres embarazadas ya tienen, o deberían tener, vías de apoyo: aquellas centralizadas en los servicios sociales y ya contempladas legislativamente. “La ley de 2010 y la reforma de 2023 ya contemplan los servicios para las mujeres en situación de vulnerabilidad durante el embarazo, y si no los han puesto en marcha, que los pongan, pero son competencia de servicios sociales y no tiene nada que ver con una oficina que solo tiene una premisa y es puramente ideológica”, explica la jurista.

De hecho, tanto Compromís como Esquerra Unida y Podemos han anunciado acciones legales en caso de que la idea finalmente se ponga en marcha. Sin ir más lejos, el partido valencianista, a través de la diputada Mónica Álvaro, aludió a “un grave problema cuando en espacios sanitarios como el Hospital General de Alicante, todos los facultativos se declaran objetores y no se pueden realizar abortos en el centro público, incumpliendo la Ley Estatal”. 

La convocatoria del movimiento feminista el próximo sábado 3 de febrero a las 11:30h en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante pretende recordar que las mujeres tienen “el derecho a decidir y a ser madres por convencimiento y no por obligación”

En un contexto en el que existen formaciones políticas que “directamente niegan la violencia de género”, retoma Caballero, la convocatoria del movimiento feminista el próximo sábado 3 de febrero a las 11:30h en la Plaça del Ayuntamiento de Alicante pretende recordar, en palabras de la portavoz, que las mujeres tienen “el derecho a decidir y a ser madres por convencimiento y no por obligación, desde la autonomía moral no aceptamos ninguna intromisión en lo que concierne a nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque nosotras sabemos cuándo, cómo y con quién queremos ser madres, y no necesitamos para ello ningún servicio específico”. 

Igualmente, invita a la ciudadanía a movilizarse por otras causas: “Es curioso que detraigan dinero para esto cuando resulta que hay colegios en ruinas, sin aire acondicionado, sin ascensor...”. Caballero se refiere a los resultados recientemente anunciados por la Federación Local de AMPA de Alicante sobre “la preocupante situación que enfrentan los centros educativos de nuestra ciudad, como resultado de décadas de negligencia en el mantenimiento y mejora de sus infraestructuras”, del cual se han extraído datos como que cerca del 90% de los centros tienen más de 35 años de antigüedad o que solo tres de cada diez tienen accesos suficientemente adaptados para personas con movilidad reducida o que solo dos de cada diez centros alicantinos mantienen sus edificios “en buen estado general”, de acuerdo con las valoraciones de las personas encuestadas por la FAMPA. “Esa es nuestra lucha”, concluye Caballero.