Alicante
El escándalo del reparto de las viviendas protegidas de Alicante

El residencial Les Naus no se diferencia en su aspecto exterior del resto de urbanizaciones de su entorno. Piscina, pistas de padel, trasteros y garaje, amplias zonas comunes bien cuidadas, timbre con cámara para el acceso exterior. Equipamientos habituales a escasos metros de la playa de Sant Joan, la más extensa del litoral de la Costa Blanca. Una zona tranquila, un poco alejada del centro histórico alicantino, más ajardinada que el resto de barrios, donde abunda la segunda residencia estival, muy golosa tanto para el mercado inmobiliario de alquiler como para el de compra-venta. La urbanización pasaría desapercibida entre las construcciones vecinas sino fuera por el escándalo que ha generado conocer el reparto y acceso a la que es la primera promoción de vivienda protección pública(V.P.P) en 20 años del ayuntamiento de Alicante.

La presunta red de tráfico de influencias que está aflorando es tema de conversación recurrente en una ciudad con un grave problema de acceso a la vivienda. Para un ayuntamiento que cuenta con una reputación labrada la pasada década por chapotear en el fango de la corrupción ligada al urbanismo, este caso supone volver a viejos vicios. El perfil socioeconómico y sobretodo, los vínculos con altos funcionarios municipales y cargos del Partido Popular de parte de los beneficiarios finales de una vivienda construida en suelo que era público, ha desatado una tormenta política que ha llegado hasta Les Corts, donde se ha abierto una comisión de investigación.

Cuesta imaginarse que un alcalde que va a delegar las competencias de urbanismo en una persona no le pregunte donde vive o cuál es su situación patrimonial

La vorágine se ha llevado por delante la carrera política de la ya ex edil de urbanismo, Rocío Gómez, la vecina más ilustre de la urbanización. Tras conocerse que también su ex cuñada y su suegro son propietarias en Les Naus, la ex edil, arquitecta de formación, se excusó en su comunicado de despedida con que llegó a la política “después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública”. Gómez debió ser una de las afortunadas a las que les llegó a tiempo la información y se apuntó a una promoción para la que el responsable de la entidad Fraorgi, gestor de la cooperativa de las viviendas del residencial Les Naus en Alicante, Francisco Ordiñana, asegura haber tenido miles de demandantes: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”, dijo al diario local Información, medio que destapó la trama.

Pero el alcalde Luis Barcala, valedor político de Gómez, seguro que no le fichó por esa habilidad para enterarse en el momento oportuno que hay abierto un proceso para acceder a una vivienda construida en suelo público, ya que asegura que desconocía el caso de su concejala. Cuesta imaginarse que un alcalde que va a delegar las competencias de urbanismo en una persona no le pregunte donde vive o cuál es su situación patrimonial. En realidad, Barcala asegura que no sabía nada de nada, vaya, que la primera promoción de este estilo en veinte años (casualmente, en una de las últimas obtuvo un piso en las mismas condiciones su esposa, según destapó eldiario.es) le era totalmente ajena y hasta achaca al breve gobierno tripartito el haber iniciado el expediente municipal.

Se excusa con que no tiene competencias de control sobre las adjudicaciones, exactamente el mismo argumento que ha utilizado la Conselleria. Ambas instituciones señalan que la lista final fue elegida por el promotor, quién asegura que todos los datos económicos se cotejaron y que todo se ajusta a la legalidad. Algo que no concuerda con la renuncia de al menos cuatro de las personas beneficiarias, que han preferido, tras saltar el escándalo, renunciar a esa vivienda por la que habían pagado unos 200.000 euros en una zona en la que cotizan el doble en el mercado libre antes de que acabe por juzgarse alguna posible ilegalidad. De momento, ya son varias las denuncias que se han llevado a fiscalía, y la causa tiene visos de pasar al menos a la fase de instrucción.

Cargos de confianza de la Generalitat y altos funcionarios en el foco de la polémica

La otra dimisión política relacionada con el caso ha sido la de Miguel Ángel Sánchez, quién salió de su puesto como jefe de gabinete de la conselleria de Turismo tras conocerse que la madre de sus hijas también es propietaria de un piso en esta comunidad. Antes de desembarcar en el entorno de los cargos de confianza dependientes del Partido Popular, Miguel Ángel Sánchez fue persona relevante en la política municipal alicantina. La pasada legislatura ocupaba el cargo de jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Ciudadanos, partido en el que tenía peso orgánico.

En 2018, cuando se tramitó la licitación del suelo en el que se levanta Les Naus, el entonces portavoz municipal del partido en el que militaba Miguel Ángel Sánchez, exigió “la máxima transparencia posible, ya que hay lagunas por aclarar en el proceso de licitación cuando una entidad presentó una oferta al día siguiente, un tiempo exprés teniendo en cuenta además que había que aportar un aval o señal de casi 276.000 euros”. Esa entidad era Fraorgi, la adjudicataria final. El proyecto estuvo paralizado hasta 2021 porque las otras empresas concurrentes acudieron a la justicia por considerar como arbitraria la cláusula de desempate, que fue decisiva, y que primaba el orden de inscripción.

En la mesa de adjudicación en la que se abrieron las plicas para decidir quién se quedaba ese suelo municipal, participaba la también dimitida directora general Pérez-Hickman, con dos de sus hijos y un sobrino con pisos en propiedad en Les Naus. Dimitida de su cargo de confianza política, pero no de su cargo de funcionaria del servicio de contratación, puesto en el que continúa. Y no es la única funcionaria de alto rango con la que se vincula el residencial. Hay dos arquitectos municipales propietarios de un piso en la promoción. Uno de ellos, Francisco Nieto, además tiene otra causa abierta por colaborar con narcotraficantes en trámites de su negociado, en urbanismo.

También está bajo sospecha la concejala de Hacienda y de Patrimonio, Nayma Beldjilali. Son propietarias la hermana de su secretaria y una funcionaria interina que ejerce como administrativa en el servicio de Intervención, con quien mantiene una buena relación personal desde que coincidieran como candidatas a Bellea del Foc, el cargo honorífico de Les Fogueres, en el año 2017. Todo esto consta en un informe que elaboró el propio servicio de Patrimonio municipal, que alertaba de posibles incompatibilidades.

Entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo gestor de Fraorgi, Ordiñana

El escándalo también ha salpicado al ámbito de la Generalitat en la figura de Sira Pérez Ortuño, hasta 2025 delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda de Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan. Aunque, tal vez oportunamente, Mazón (por cierto, vecino de esta barriada) modificó la renta máxima autorizada para acceder a viviendas públicas protegidas unos meses antes de que los residentes de Les Naus tuvieran que realizar los trámites burocráticos, parece que el sueldo de toda una interventora de la Generalitat, que ronda los 70.000 euros, sobrepasa con creces los límites marcados en ese decreto, fijado en 54.000.

Entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo gestor de Fraorgi, Ordiñana. También constan policías locales, trabajadores sanitarios, varios miembros de distintas sagas familiares, empresarios y hasta se ha difundido en redes la reforma que un estilista influencer hizo en uno de los domicilios.

La Policía Local acredita anomalías en 89 de los 140 inmuebles

Al trasiego de periodistas y cámaras por el entorno de la urbanización, se le ha sumado la visita de la policía local. Según un informe impulsado por el propio ayuntamiento, se han identificado 89 pisos con posibles anomalías, incluyendo adjudicatarios que no residen en la vivienda, posibles alquileres no declarados y numerosos casos de jóvenes que carecían de ingresos propios suficientes para la compra. Algunos, incluso, debieron acceder siendo menores al listado de la cooperativa, un punto que aún no está aclarado, ya que el propio promotor de la cooperativa ha explicado que se pudo transferir el puesto en la lista a familiares directos.

La normativa autonómica obliga a residir en la vivienda de protección pública al titular, y además, impone limitaciones a su venta, que tiene que ser autorizada. Una licencia que ya tiene, por cierto, el gestor responsable de la cooperativa, quién ya ha conseguido, apenas unos meses después de tomar posesión, el permiso de la Generalitat para enajenar la vivienda que se ha adjudicado en la promoción.

Esta limitación autonómica tiene la intención, precisamente, de desincentivar la reventa de este tipo de inmuebles, que además, no pueden ser revalorizados. Pero la realidad del mercado es otra. Varias personas que buscaban comprar una vivienda toparon en portales inmobiliarios con pisos en Les Naus. Incluso han trascendido los audios en los que se escucha al agente inmobiliario explicar que, además del importe máximo permitido legalmente, situado en torno a los 227.000–230.000 euros, los vendedores pedían entre 180.000 y  223.000 euros en dinero no declarado. En el audio se escucha que, al pedir confirmación de ese dato la interesada, la comercial le responde que “esto es España” y que si quería comprar, debía aceptar esas condiciones. La mujer asegura que otros familiares contactaron después con la misma inmobiliaria y recibieron exactamente la misma propuesta.

Las asociaciones vecinales y el tejido social pide que se devuelvan las viviendas

La reacción de la oposición política local se ha hecho notar institucionalmente por los grupos políticos presentes en el ayuntamiento, quiénes han forzado la convocatoria de un pleno monográfico sobre el tema que el alcalde utilizó para mostrarse como el primer indignado ante los hechos. Por su parte, desde el tejido social alicantino, ya se han movilizado frente al ayuntamiento. En un escrito registrado por representantes de hasta 60 colectivos vecinales en el Ayuntamiento de Alicante, solicitan al equipo de gobierno la elaboración de una auditoría independiente sobre lo sucedido en el caso de la promoción de la controversia, así como la constitución de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal y la asunción de responsabilidades por las presuntas anomalías que consideran que se habrían producido en el caso del polémico residencial del distrito de Playa de San Juan. Exigen transparencia en la gestión de los 140 pisos construidos en Residencial Les Naus, así como en todos los procesos vinculados a la promoción de vivienda pública que puedan desplegarse en el futuro.

De hecho, una de las condiciones por las que se permite la enajenación de suelo público como en el de Les Naus es revertir esos ingresos recaudados por el ayuntamiento en construir nuevas viviendas sociales. Un punto que no se ha cumplido, tal y como critican desde el tejido social. Un ejemplo paradigmático de la política de vivienda pública del PP es el caso del solar de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. En la pasada legislatura, y tras pactar el impulso incluso con los grupos municipales de la oposición, el gobierno de Barcala anunció que se iba a construir vivienda pública destinada a alquiler social. Años después, tras varias licitaciones fallidas, han decidido cambiar las condiciones y ofrecer una permuta inmobiliaria para que ahí se construya vivienda privada y las públicas se desplazen a otra zona más alejada.