Alicante
Martín Villa se libra de ser juzgado por el asesinato del trabajador antifranquista Teófilo del Valle

La muerte de Teófilo del Valle, trabajador antifranquista que fue tiroteado en una protesta obrera en los albores de la transición, no continuara siendo investigada por el sistema judicial. La Audiencia de Alicante ha archivado una causa en la que el ex ministro franquista había sido llamado a declarar por el juzgado de Elda, donde se presentó la denuncia. No obstante, tras varios aplazamientos y recursos, Martín Villa ha conseguido seguir siendo impune por estos hechos.

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) sostienen que esta resolución “una vez más, consolida el modelo de impunidad del Estado español y ampara actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables”.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, la Sección Décima de la Audiencia ha estimado el recurso de apelación formulado por Martín Villa frente a la admisión a trámite de la querella, promovida por el hermano de la víctima, José Antonio del Valle Pérez. El tribunal concluye que los delitos atribuidos no estaban recogidos en el Código Penal en 1976 y que, en cualquier caso, habrían prescrito.

En Ceaqua consideran que la comunicación de este archivo judicial, que aleja definitivamente la posibilidad de investigar por esta vía este crimen franquista, es una muestra más de los privilegios que goza el ex ministro al haber sido filtrada “con carácter previo a ser notificada a José Antonio del Valle, querellante y hermano del asesinado, a medios de comunicación”. Critican que con esta decisión, la Audiencia “ampara actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables”.

Lamentan la decisión judicial,  que “niega los derechos más básicos a los familiares de Teófilo e incumple las obligaciones internacionales contraídas por el propio Estado en esta materia”. “Dicho incumplimiento ha sido severamente censurado desde, entre otras instancias, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, han remarcado en un comunicado.

La coordinadora recuerda que los hechos denunciados se produjeron en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976. El asesinato de Teófilo del Valle fue la primera muerte violenta ocasionada por las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la Jefatura del Estado de Juan Carlos I. “En aquellas fechas Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y Daniel Aroca uno de los miembros de la Policía Armada que disparó a Teófilo del Valle”, señalan desde Ceaqua.

Siguen vigentes las “políticas de impunidad” 

Ceaqua insiste en que “la responsabilidad en cuanto al mantenimiento de las políticas de impunidad no solo recae en el Poder Judicial y que la corresponsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y sus grupos políticos es evidente”. Consideran que, “después de cientos de resoluciones judiciales dictadas en términos muy similares, no ha habido ninguna iniciativa legislativa ciertamente efectiva” para “revertir estas políticas asumidas, mantenidas y fomentadas por el Estado español”.

La entidad apunta que ““causa estupor que, ante tamaña incapacidad política, tengamos que escuchar reflexiones más o menos sesudas respecto al auge y crecimiento de la extrema derecha en el conjunto del Estado”. En esta línea, anuncian que "la resolución dictada por la Audiencia Provincial será recurrida y denunciada ante las instituciones internacionales competentes en el supuesto que sea inadmitida demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Por último, recalcan que, “por muchas resoluciones judiciales que se dicten en el marco de las políticas de impunidad indicadas”, Ceaqua mantendrá su empeño en reclamar “a todos los niveles, que se garantice adecuadamente y conforme a los estándares internacionales el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista y la transición”.