La movilización vecinal y sindical frena un intento de desalojo extrajudicial en Alacant

Una empresa tipo desokupa protagoniza agresiones y daños materiales para coaccionar a una familia a abandonar su vivienda, que el propietario quiere convertir en apartamento turístico.
Desokupa Alacant
Captura de video en el que se aprecia a uno de los integrantes de la empresa tipo Desokupa que protagonizó el intento de desahucio.
18 nov 2026 10:08 | Actualizado: 18 nov 2026 11:34

El Sindicato de Vivienda de Zona Norte y el Sindicato de Vivienda de Carolinas, junto a numerosas personas solidarias, han conseguido paralizar un intento de desalojo extrajudicial por parte de la empresa Desokupaciones Team CR y abrir una vía de negociación con la propiedad. “Durante la jornada de hoy, ambos sindicatos hemos acudido a un bloque de viviendas de Alicante para impedir el desalojo extrajudicial de una inquilina por parte de la empresa Desokupaciones Team CR”—explican en un comunicado—.

“A nuestra llegada, cuatro integrantes de la empresa y la propiedad del edificio mantenían un control de acceso al inmueble, impidiendo a la afectada entrar y salir libremente de su domicilio”, denuncian.

En los videos a los que ha tenido acceso este medio, se puede apreciar las diferentes agresiones protagonizadas por los integrantes de esta empresa, que incluso llegaron a vaciar un extintor a muy corta distancia de las activistas. “Desde el primer momento, los integrantes de la empresa mantuvieron una actitud intimidatoria hacia las personas concentradas y hacia la propia inquilina, que nos trasladó estar sufriendo golpes reiterados en la puerta de su vivienda y amenazas de no poder volver a entrar si salía del edificio para atender necesidades básicas”, relatan.

En la nota de prensa enviada a los medios, detallan que “tras recibir un mensaje de auxilio de la afectada, dos compañeras accedieron pacíficamente al portal utilizando el código facilitado por ella. Allí fueron recibidas por los integrantes de la empresa, que comenzaron a agredirlas”. Según prosigue su relato de los hechos, “ante los golpes y gritos y el riesgo para la integridad de una compañera que había quedado dentro, volvimos a abrir el acceso para auxiliarla. En ese momento comprobamos que estaba siendo reducida en el suelo por varios hombres. Acto seguido, dos compañeras fuimos rociadas directamente en la cara con el contenido de un extintor, viéndonos obligadas a abandonar el portal”.

Los hechos quedaron registrados en vídeo y su difusión provocó una respuesta creciente de solidaridad. Varias vecinas y militantes del Sindicato de Vivienda de Zona Norte y el Sindicato de Vivienda de Carolinas se acercaron ante las llamadas de auxilio. Según relatan, tras una primera intervención policial, “que no supuso una protección efectiva para las compañeras agredidas, la Policía abandonó el lugar. Durante el resto de la tarde, la presencia sindical y el apoyo de numerosas personas, junto con la llegada de medios de comunicación, permitieron visibilizar lo sucedido y sostener la resistencia frente al intento de desalojo”. Desde el Sindicato de Vivienda de Zona Norte explican que ante la presión colectiva, la propiedad ha accedido a reunirse para negociar.

“Desde el Sindicato de Vivienda de Zona Norte consideramos que la situación de la inquilina requiere una valoración adecuada y, si procede, la intervención de los servicios sociales y de profesionales competentes”

La versión de la propiedad es que la inquilina llevaría cuatro años sin abonar el alquiler y existirían problemas de salubridad que afectarían al resto del vecindario. “Sin embargo, estas circunstancias no justifican el recurso a empresas privadas para ejercer presiones, amenazas o actuaciones coercitivas al margen de los procedimientos legales”—exponen desde el Sindicato de Vivienda Zona Norte.

En un artículo publicado por el periodista Manuel Lillo en el periódico local Información, se recoge la versión de las residentes en la vivienda, quienes afirman que accedieron en 2021 con un contrato de cinco años a cambio de 400 euros al mes. “Empecé a tener filtraciones en el techo y nunca me lo arreglaron”, asegura, ante lo que dejó de pagar el alquiler tras haber sufrido, dice “cortes de luz y agua y amenazas” verbales por parte de personas “con fuerza evidente” que incluso “han llegado a aporrear la puerta” y a “vigilar” vecinos. Según la misma vecina, dejó de pagar alquiler ante “el silencio” cuando exigía las reparaciones requeridas en su vivienda, que “nunca llegaron”.

“Desde el Sindicato de Vivienda de Zona Norte consideramos que la situación de la inquilina requiere una valoración adecuada y, si procede, la intervención de los servicios sociales y de profesionales competentes. Los posibles problemas de convivencia o salubridad deben abordarse mediante los cauces correspondientes, nunca mediante el hostigamiento, la intimidación o la violencia”, explican. “La vivienda es un derecho y ninguna empresa privada puede arrogarse la capacidad de ejercer la violencia o sustituir los procedimientos legales”, sentencian.

Alicante
Alicante
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