Corrupción
Caso Brugal: más de una década de corrupción y basura en el sur de Alicante

A estas alturas la asociación entre corrupción política y basura es un lugar común repetido hasta el tedio. La gestión de residuos es el negocio eufemístico que apetece ver en mafiosos de la televisión protagonizado por personajes ficcionales con el carisma de Toni Soprano más que con el de un señor que se autodefinía como “la polla insaciable” y se hacía fotos vestido de Borat en Andorra. Porque en el mundo real la corrupción es menos glamurosa, y observar la recogida y tratamiento de la basura como ese tópico de transa lucrativa en la que los apretones de manos se hacen a oscuras y en la intimidad, asegurándose de que el dinero del contribuyente cae en los bolsillos convenidos sin levantar demasiadas sospechas, pues más que intrigar acaba indignando.

Así, indignados y hartos es como se sienten muchos vecinos de la comarca de la Vega Baja de Alicante, a quienes más de una década de corruptelas les han negado la posibilidad de tener un plan de recogida y tratamiento de residuos adecuado. Ahora el tema vuelve a la actualidad con el juicio de la última de las tres piezas principales del caso Brugal —acrónimo policial de Basuras Rurales Gestión Alicante— que comenzó la semana pasada, más de diez años después de las detenciones de sus principales implicados, en un procedimiento que se alargará hasta junio de 2022 y en el que también hay imputados algunos políticos socialistas como el ex diputado provincial Antonio Amorós, pero se trata de una causa sobre todo del Partido Popular.

En este procedimiento el Ministerio Público solicita 16 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Alicante y del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, el 'popular' José Joaquín Ripoll, acusado de auspiciar un trato entre los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll para que el primero ubicase un macrovertedero en un terreno comprado al segundo cargando al erario de los municipios de la comarca el sobrecoste innecesario derivado de la adquisición. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción señala en el escrito de acusación que, según el plan, Ortiz “compensaría” el sobrecoste por la compra de esta finca “repercutiéndolo sobre los citados municipios mediante los correspondientes aumentos de los cánones que éstos debían satisfacer por los servicios prestados”.

Se trataba básica, y por el momento todavía presuntamente, de amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja para que la empresa Proambiente de Ángel Fenoll, conocido en la comarca como 'el señor de las basuras', no perdiera su porción del pastel con la adjudicación del servicio de recogida de residuos en 27 municipios de la comarca a la UTE Cespa-Ortiz, comandada por Enrique Ortiz, el otro presunto corruptor en esta dupla del cohecho. Fenoll, un personaje excéntrico que llegó a tener un zoológico en su casa y a su vez la casa en el vertedero que gestionaba, era entonces el encargado de gestionar los residuos de muchos pueblos de la comarca en ausencia del plan zonal, de hecho el caso Brugal lo detona el mismo 'señor de las basuras' al entregar a la justicia una grabación hecha por él mismo en la que un ex concejal de Orihuela hablaba de los presuntos tejemanejes del entonces alcalde 'popular' José Manuel Medina para adjudicar la gestión de los residuos del municipio a una empresa de la competencia.

De esa grabación que entregó Fenoll a la Justicia emanó el resto del caso Brugal con él mismo como uno de los dos principales muñidores de los chanchullos. La Policía empezó a investigarle junto a otros políticos y empresarios dando lugar a la rama oriolana del Brugal, la primera de las tres causas principales del caso, con Fenoll en el centro y una petición para él de hasta 37 años de cárcel por tratar de manipular el contrato para la gestión de residuos de Orihuela en connivencia con los ex alcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente. 14 años después de que se destapara esta primera ramificación del caso Brugal tuvo lugar el juicio y un año después la sentencia: se absolvía a los 34 acusados, el tribunal anulaba las escuchas policiales en las que se sustentaba toda la investigación.

De esta primera causa se desgajaron una veintena de procedimientos, la mayoría de los cuales relativos al pago de sobornos de Fenoll a alcaldes de la comarca para hacerse con la gestión de las basuras de los municipios

De esta primera causa se desgajaron una veintena de procedimientos, la mayoría de los cuales relativos al pago de sobornos de Fenoll a alcaldes de la comarca para hacerse con la gestión de las basuras de los municipios, que seguían sin un plan zonal. Todas esas causas por cohecho acabaron archivadas igualmente y Fenoll absuelto de todos los cargos. Algo parecido ocurrió con la segunda de las tres grandes causas dentro del Brugal, la del PGOU de Alicante, esta vez con Enrique Ortiz de protagonista. La autodenominada “polla insaciable” presuntamente se dedicó a agasajar a los ex alcaldes 'populares' de Alicante Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo con viajes y otras prebendas a cambio de que éstos influyera en el plan general de la ciudad a favor de los intereses empresariales de Ortiz, a quien se ha llegado a atribuir el control del 60% del suelo urbano de la capital de la provincia. Si bien en este caso el tribunal sí admitió las escuchas policiales como prueba —la investigación de unos procedimientos iba derivando en los otros de tal manera que diferentes jueces y juzgados de instrucción de Alicante y Orihuela autorizaron escuchas en el marco del caso Brugal—, finalmente la causa del PGOU se resolvió con una multa de 6.000 euros para Alperi y otra de 18.000 para Ortiz como autores de un delito de cohecho, absolviendo a Castedo y al resto de los acusados.

“Pocas esperanzas”

Con estos precedentes, desde las asociaciones vecinales y ecologistas que en su día plantaron batalla contra los planes de instalación de un macrovertedero en la comarca se muestran descreídos y cansados de la impunidad con que han visto pasar los chanchullos frente a sus narices. Sebastián Andreu, de la asociación de vecinos de Torremendo, pedanía oriolana en cuyo término municipal se encuentra la finca que Fenoll pretendía venderle a Ortiz para construir el macrovertedero y que es el centro de la rama de Brugal que se está juzgando ahora, afirma albergar “pocas esperanzas” de que el juicio se resuelva con condena.

Andreu, de la Asociación de Vecinos de Torremendo, recuerda que en los años de la instrucción del procedimiento, al fiscal Anticorrupción Felipe Briones “no le daban facilidades ninguna desde la propia judicatura, para seguir el caso no tenía medios”

Andreu recuerda que en los años de la instrucción del procedimiento, al fiscal Anticorrupción Felipe Briones “no le daban facilidades ninguna desde la propia judicatura, para seguir el caso no tenía medios”, y de los jueces de instrucción recuerda que “iban saltando, siempre interinos”. Andreu ha pasado muchas jornadas protestando contra la instalación del vertedero en el municipio, y aunque finalmente no se va a construir, destaca la “impotencia” al observar la “connivencia tremenda” entre el poder político y el económico. “Esta gente tiene mucho dinero para pagar abogados que le busquen los tres pies al gato”, lamenta el vecino de Torremendo.

Precisamente el pagar abogados es lo que ha hecho retirarse de la acusación popular a las asociaciones de vecinos y las plataformas contra la instalación del vertedero en la comarca. Una vez se destapó la trama de Fenoll y Ortiz y al descartarse la ubicación del vertedero en Torremendo, la segunda opción contemplada por el Consorcio de Residuos de la Vega Baja era Albatera. Javier Gamayo es portavoz de la plataforma Albatera No al Vertedero, arquitecto de profesión, recuerda que en su día, al conocer la noticia de que su municipio era candidato para albergar la macroplanta de vertido, se pusieron a analizar detenidamente el proyecto y observaron “que era totalmente deficitario, digamos hecho para completar expediente, donde no se cumplían muchos de los elementos normativos que se tenían que cumplir para la aprobación de un vertedero en una ubicación como esa”.

Ante estas circunstancias, desde la plataforma decidieron recaudar fondos para pagar abogados con los que personarse en la causa de Brugal, no obstante ha pasado una década y el juicio por esta rama del caso va a durar 77 sesiones repartidas en más de seis meses que conllevaría un coste que desde Albatera No Al Vertedero cifraron en unos 25.000 euros para pagar abogados, una cantidad que no podían asumir. No obstante, Gamayo destaca que, a pesar de la retirada de la acusación popular, han estado en la causa “hasta el final”, siguiendo el caso desde la plataforma a través de sus abogados para “certificar y conocer todo el procedimiento y evitar que ninguno de los acusados salga mediante alguna triquiñuela”, al tiempo que ha anunciado que cuando salga la sentencia organizarán “una convocatoria o una manifestación para que se sepa que nosotros seguimos estando ahí y que no crean que la cosa se va a estar tapando con otra capa de basura porque no se va a tapar”.

Otra de las organizaciones ecologistas y vecinales que peleó contra el proyecto del macrovertedero es Vertivega. José Manuel Lorente presidió la organización, y a estas alturas del procedimiento señala que “los que hemos quedado somos los que aún tenemos fe, los que aún creemos, pero quieras que no te ves solo y quemado al final”. Lorente refiere haber sufrido presiones por su actividad en contra de la instalación del vertedero en el término municipal de Orihuela y afirma haber “perdido más que he ganado, porque ganar no he ganado nada, he perdido amistades, he perdido el tiempo, he perdido prestaciones y hasta la posibilidad de trabajo, porque se te cierran las puertas en ese sentido”.

Desde Vertivega han estado denunciando durante años la actividad del vertedero de La Murada-Abanilla, que gestionaba Fenoll y fue clausurado definitivamente el pasado verano. Lorente recuerda que “todo lo que no se tiene que hacer en un vertedero se hacía allí”, eran unas instalaciones en las que Fenoll enterró toneladas de basura, presuntamente incluso fuera de los límites del recinto habilitado, provocando problemas de filtración de lixiviados que todavía se están investigando y tratando de controlar como consecuencia de una situación que, según destaca Lorente, “se ha permitido tanto por el PP de Murcia como el de la Comunitat Valenciana”.

Macrovertedero descartado

A raíz de la causa de Brugal relativa al plan zonal de la Vega Baja, la adjudicación del proyecto de gestión de residuos para la comarca a Cespa-Ortiz fue puesta en cuestión y recurrida ante el Tribunal Supremo, que avaló la adjudicación y obligó al Consorcio de Residuos, actualmente presidido por la alcaldesa de Bigastro, a seguir contando con la empresa de Enrique Ortiz para ejecutar el plan de residuos, no obstante el pasado mes de julio desde el Consorcio anunciaron que se renuncia a la construcción de un macrovertedero y que en su lugar se optará por plantas de tratamiento y transferencia más pequeñas para orgánico repartidas por toda la comarca.

Al respecto, Gamayo indica que la idea que buscaban desde la plataforma junto con los vecinos de Torremendo y los activistas de Vertivega, era que “cada municipio o cada dos municipios que sumen más de 20.000 habitantes debería tener su propio vertedero, y si el vertedero estuviera en la plaza del pueblo mejor, es decir obligar a que la gente sepa donde va su basura, y que es lo que tira y que cuando tiren las cosas al contenedor sepa donde va, porque ese es el problema principal que tenemos, que la gente no sabe donde va su basura”.

Sebastián Andreu señala el mismo extremo, “la solución no está todavía, es compleja porque va desde la propia gente, desde concienciar para separar los residuos, desde hacer tratamiento adecuado, eliminar los envases”, en definitiva “muchas acciones que no se han hecho ninguna”. No obstante, desde las plataformas siempre va a haber alguien enfrente fiscalizando la labor de políticos y empresarios, tal como concluye José Manuel Lorente, “no nos desmoralizamos, intentamos seguir luchando y en lo que podemos colaboramos con la Generalitat, Ecologistas en Acción y con cualquier medio que quiera escucharnos”.