Educación pública
La Generalitat Valenciana activa la inspección educativa para imponer su “neutralidad ideológica”

Con el inicio de curso escolar a la vuelta de la esquina y tras un verano en el que sigue latente el conflicto entre la comunidad educativa y la Generalitat, el gobierno de Pérez Llorca ha decidido jugar sus cartas para tratar de amedrentar a los docentes en su legítimo derecho de huelga. La ley de acompañamiento presupuestario valenciana, aprobada este pasado mes de julio, incluye una modificación del Decreto 80/2017, la norma que regula la actuación, el funcionamiento y la organización de la inspección de educación, introduciendo dos artículos, el 155 y el 156, que habilitan funciones de la inspección educativa que el conjunto de los sindicatos califica abiertamente de “caza de brujas”.

En concreto, el ejecutivo valenciano ha introducido en la inspección educativa la obligación de “supervisar activamente que las actividades docentes, materiales curriculares y actas escolares se mantengan totalmente ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. Y además, ha habilitado canales de denuncia, “vías de comunicación externa para que las familias o terceros puedan denunciar posibles vulneraciones a esta neutralidad”.

Estas medidas van encaminadas, según la Generalitat, a imponer el concepto de “neutralidad ideológica”. La legislación educativa ya prohíbe la propaganda partidista en las aulas, pero lo que se introduce es una categoría deliberadamente ambigua que pone bajo sospecha prácticas pedagógicas como la educación en igualdad, la diversidad afectivo-sexual, la memoria democrática, los derechos humanos, la emergencia climática o la realidad lingüística.

Rechazo frontal de los sindicatos

La mayoría de los sindicatos educativos han expresado su rechazo a la norma. A juicio de Stepv, el nuevo redactado vulnera leyes básicas estatales vinculadas a la libertad de cátedra, los derechos lingüísticos y la protección de la infancia. Desde la organización sindical señalan que la medida “pervierte claramente el espíritu” de la labor inspectora, cuyo cometido primario reside en el asesoramiento a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa, lejos de funciones de control ideológico. La organización sindical considera que la modificación del reglamento convierte a la Inspección en un órgano enfocado a la “persecución y censura del profesorado” bajo el pretexto de evitar el adoctrinamiento del alumnado.

Pocos días después de la publicación de la norma, Stepv calificó estas modificaciones de “caza de brujas” y avisó de que no se especifica qué debe entenderse por neutralidad ideológica. A juicio del sindicato, esta falta de concreción implica que “cualquier cuestión que no guste al Gobierno valenciano puede ser sospechosa de infringir esta supuesta neutralidad”. El portavoz del sindicato, Marc Candela, aseguró tajante que “no podemos permitir esa autocensura”.

Desde CGT Ensenyament señalan que “bajo una falsa pátina de la “neutralidad”, la Consellería habilita canales de delación anónima para perseguir a quién educa en la memoria histórica, el feminismo, la diversidad o los derechos sexuales y reproductivos”

En su opinión, el profesorado debe seguir desarrollando actividades relacionadas con la promoción del valenciano, el feminismo, los derechos del colectivo LGTBI, las guerras y otros asuntos vinculados a los derechos humanos y a la realidad social. Y aconseja no caer en la autocensura: “Es lo que quieren: que dejemos de hacer esas acciones por miedo a las represalias”. STEPV defiende que la entrada en vigor de esta normativa no debe traducirse en un cambio en la práctica docente ni en una limitación de las actividades educativas.

“Ni censura, ni delación: defendemos la pedagogía crítica” señalan desde CGT Ensenyament. Afirman desde la organización anarcosindicalista que “bajo una falsa pátina de la “neutralidad”, la Consellería habilita canales de delación anónima para perseguir a quién educa en la memoria histórica, el feminismo, la diversidad o los derechos sexuales y reproductivos”. El sindicato libertario argumenta que la “burocracia institucional crea una inquisición digital para señalar a docentes, censura contenidos para borrar el pensamiento crítico y la realidad social de las aulas y normaliza el miedo para buscar la autocensura del profesorado”.

La Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE-PV) habla de “preocupación por la inseguridad jurídica y las disfunciones que pueden generar las nuevas disposiciones”

Otro de los sindicatos docentes que se ha pronunciado sobre la nueva normativa ha sido Comisiones Obreras (CCOO). “La introducción de los artículos 155 y 156 en la normativa educativa valenciana abre una puerta que CCOO no permitirá que se convierta en una herramienta de control ideológico, intimidación o persecución del profesorado”. Desde CCOO también advirtieron de que ante cualquier intento de utilizar la Inspección Educativa como “instrumento de presión ideológica” habrá respuesta sindical.

Incluso las asociaciones profesionales de inspectores educativos se han pronunciado contra esta nueva atribución. La Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE-PV) ha emitido un comunicado y “reflexiones” sobre la reforma. En el documento, hablan de “preocupación por la inseguridad jurídica y las disfunciones que pueden generar las nuevas disposiciones”.

“Nos hacemos eco de las inquietudes expresadas por docentes, equipos directivos, familias, alumnado, asociaciones profesionales, organizaciones sindicales y entidades educativas que advierten en estas medidas un posible intervencionismo de carácter censurante y restrictivo”, indican desde ADIDE-PV. Creen que estas disposiciones pueden interpretarse “como una sospecha generalizada sobre el sistema educativo, el profesorado y la actuación de los centros”. “Esa sospecha no fortalece la neutralidad, la pluralidad ni la independencia de la escuela. Al contrario, puede debilitarlas, generando autocensura, inseguridad profesional, empobrecimiento curricular y temor a abordar en las aulas cuestiones esenciales para la formación del alumnado”, lamentan.