Justicia
Cronología de los hechos que han acabado en la imputación y dimisión de Mónica Oltra

La vicepresidenta de la Generalitat ha anunciado la dimisión de sus cargos ejecutivos y como diputada de Les Corts Valencianes. Oltra está citada el día de 6 de julio pese a no existir prueba contra ella ni actuaciones ilegales, tal y como reconoce el propio auto de imputación.
Mónica Oltra GVA
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, durante una reciente rueda de prensa. Foto: GVA

Mónica Oltra ha dimitido de todos sus cargos y deja con carácter inmediato de ser vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, tras haber sido citada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La noticia ha sacudido la vida política valenciana hoy, 21 de junio, y ha sido conocida poco antes de las 17h. “Me voy con la cara bien alta y los dientes apretados”, ha dicho la política de Compromís a su llegada a la sede de Compromís.

En una comparecencia un día después de conocerse el auto, insistió en que se trata de “una cacería de extrema derecha” y que no dimitir es una cuestión política y de defensa democrática: “Esta gente no puede ganar”. En ese momento Oltra decidió resistir y dijo que no dimitiría, pero la presión judicial y mediática ha terminado con esta etapa política. La desautorización del president Ximo Puig, que ha dicho que destituiría a Oltra si ella no “movía ficha” ha sido definitiva para una decisión que había tensado la posición de Compromís en el Govern. Oltra ha declarado en la rueda de prensa que se va porque no quiere dar la coartada al PSOE para que se deshaga de su socio de izquierdas, cuando queda un año para las elecciones autonómicas.

Oltra aun no está acusada de ningún delito, sino que su declaración del próximo 6 de julio forma parte de las diligencias previas que tienen como fin “investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”. El Tribunal deberá decidir si hay indicios suficientes y, de ser así, formalizar una acusación. Para Oltra, el caso que ha acabado con su carrera ha llevado a la política valenciana a hacer una reflexión contra el lawfare “en este país, cuando alguien quiera hacer políticas contra los poderosos se los van a cargar con mentiras y guerra sucia en los tribunales".

Lo que debe valorar el Tribunal es si Oltra ordenó redactar un expediente que habría tenido como objetivo obstaculizar la investigación contra su expareja, bien para protegerle a él tras haber sido denunciado por abusar sexualmente de una niña de 13 años tutelada en un centro donde trabajaba como educador o bien para protegerse ella misma. Por estos abusos, él fue condenado en 2019, una condena que se confirmó en 2021 y que está recurrida.

El auto que imputa a Mónica Oltra recoge que los trámites que llevó a cabo la conselleria una vez se conoció el caso de abusos no pueden entenderse como ilegales ni irregulares, “pero si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos”.

El mismo auto reconoce que “no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero considera que los “indicios plurales” sí “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”

El mismo auto reconoce que “no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada”, pero considera que los “indicios plurales” sí “hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin”.

El auto también hace referencia a “una serie de declaraciones públicas de Oltra, tanto en la sede de Les Corts como ante los medios de comunicación, en lo que se atribuye la orden de incoacción del expediente reservado, unas declaraciones que forman parte de esos “indicios plurales”.

El TSJPV ha llamado a declarar a Oltra el 6 de julio, dos días antes de la fecha en la que se presenta en Madrid Sumar, la marca con la que Yolanda Díaz trata de impulsar un proyecto político a la izquierda del PSOE y que nació con una foto: la de la vicepresidente del Gobierno con Fátima Hamed, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía; Mónica García, de Más Madrid; Ada Colau, de Barcelona en Comú, y Mónica Oltra, que ejerció de anfitriona en el acto de Valencia.

Esta es la cronología de los hechos que han acabado con la imputación de Oltra, y que incluyen dos causas: la denuncia contra el exmarido por abusos y la interpuesta contra la Conselleria. A esta causa se unió en abril de 2022 una tercera, ya que un juzgado de Elche admitió la demanda presentada por la víctima de abusos tras ser despedida del Hospital de Torrevieja en el que trabajaba, tanto ella como su pareja, cuando era de gestión privada y de donde fueron despedidos al llevarse acabo la reversión de la gestión para volver a depender de la Conselleria de Sanidad.

Finales de 2016

La causa judicial tiene su origen en los abusos que Luis R., cometió sobre una niña de 13 años que estaba bajo su tutela a finales de 2016 y 2017. Luis R. era entonces marido de Oltra y trabajaba como educador de un centro de acogida, de gestión privada pero dependiente de la Generalitat. La chica se hallaba tutelada por la Generalitat Valenciana tras ser declarada en situación de desamparo y era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada como consecuencia de su mal comportamiento.

“En fechas que no se han concretado, pero entre dos y diez ocasiones, el reo, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en el mismo”, dice el relato de los hechos. El condenado masajeaba a la chica “en la zona del cuello y la espalda y, una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”, añade la sentencia.

Febrero de 2017

En febrero de 2017, la chica cuenta lo que le sucedía a una trabajadora del centro, que elabora un informe interno que no tiene consecuencias.

Junio de 2017

En junio de 2017, la víctima insiste en su denuncia ante la Policía Autonómica y la Fiscalía de Menores abre diligencias de investigación.

Es decir, entre febrero de 2017 y junio de 2017 el centro tiene conocimiento de la denuncia sin que esta tenga consecuencias, dado que los informes que se redactan no dan credibilidad a las palabras de la víctima. 

Oltra siempre ha mantenido que conoció los hechos por una denuncia que llega al domicilio familiar en agosto de 2017. “Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta” son las palabras con las que explicó en una comparecencia en Les Corts el 21 de abril de 2021 que tuvo conocimiento de los hechos en el momento en que llegó una citación judicial a su domicilio, el 4 de agosto de 2017.

Diciembre de 2019

El exmarido de Oltra fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de prisión por un delito de abusos a una menor de 16 años.

El tribunal dio credibilidad al testimonio de la denunciante y recrimina a la directora del centro que, al tener noticia de unos presuntos abusos, no preguntara a la niña ni la derivara a otro centro. 

Junio 2020

Sin embargo, en junio de 2020 el TSJCV anuló la condena y ordenó repetir la vista para que el tribunal tuviese en consideración dos informes que ponían en duda la credibilidad de la denunciante.

Se trata de un informe del Instituto Espill, especializado en evaluaciones a menores en procesos judiciales, y otro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad, que restan credibilidad a la declaración de la joven.

Marzo 2021

Tras la repetición del juicio, el Tribunal se pronuncia en el mismo sentido que en la primera ocasión. Esta vez añade a Luis R. la circunstancia agravante de prevalimiento al delito continuado de abusos a una menor de 16 años.

Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la denunciante, que ya no es menor de edad, representada legalmente por un dirigente de la formación ultra España 2000 y con Vox como acusación popular, inicia un proceso judicial contra la Conselleria

Julio 2021

Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la denunciante, que ya no es menor de edad, representada legalmente por un dirigente de la formación ultra España 2000 y con Vox como acusación popular, inicia un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección. También pide determinar si se produjo un delito en la elaboración del informe interno que desacreditaba su versión sobre lo sucedido.

Septiembre de 2021

La sentencia fue confirmada íntegramente por el TSJCV en septiembre de 2021. En la actualidad, se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

Abril 2022

Tras haber escuchado al grupo de 13 personas investigadas, el titular de instrucción del juzgado número 15 pidió el pasado abril a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que se hiciese cargo de la investigación, al ostentar Oltra la condición de aforada.

El juez entiende que Oltra debe ser oída como investigada ya que existen indicios racionales de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la víctima de los abusos.

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22/6/2022 14:25

Yo vivo en el centro de Madrid capital desde hace más de 25 años y debido a mis ACTIVISMOS POLÍTICO, CULTURAL, ÉTICO, DEMÓCRATA, REPÚBLICO, REPUBLICANO, ANTIFASCISMOS soy víctima de acoso, hostigamiento, intimidación, señalamiento fascista-terrorista y estoy convencido de que también estos megacriminales-alevosos-prevaricadores-terroristas están fabricando falsas pruebas contra mí por vaya usté a saber que falsos delitos. Ni siquiera asisto a manifestaciones públicas; yo hago mis activismos mencionados desde hace unos 20 años de modo individual (desde pegar panfletos, ir por la calle con alguna pancarta, leer pequeños textos de Umberto Eco, Michel Foucault, Manuel Azaña, Toni Judt, etc., etc., o ir explicando por las calles aspectos de la Ciencia Política o de lo Político, o ir denunciando por las calles todos estos crímenes-terrorismos que tan burdos y obvios son). No asisto a manifestaciones públicas porque sé que ahí estos fascistas-terroristas lo tienen muy fácil para fabricar falsas pruebas y que luego otros totalitarios-megacriminales hagan el paripé y farsa que todos sabemos (y que todo el mundo mundial también sabe) y sea condenado con ese lawfare tan antiguo (repito).

Me asesoré con algún abogado de cómo podría denunciar estos crímenes de los que soy víctima (a sabiendas que de en ESPAÑISTÁN eso es imposible) y efectivamente es algo que en ESPAÑISTÁN no se contempla como los gravísimos delitos (incluso se puede aseverar que crímenes de lesa humanidad) que son.

En ESPAÑISTÁN existe (y cada día más burdamente blanqueados e incluso burdamente legalizados) EL RACISMO INSTITUCIONAL, EL FASCISMO-TERRORISMO INSTITUCIONAL, LA APOROFOBIA INSTITUCIONAL, LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL, EL CORPORATIVISMO-OPACIDAD INSTITUCIONAL, EL OLIGOPOLIO MEDIÁTICO (NO-DO) INSTITUCIONAL, por citar solo algunos ejemplos de ESPAÑISTÁN.

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Emilio Herrera
22/6/2022 13:53

Parece un ejemplo de la utilización de la justicia contra el adversario político, recordemos el caso del PP contra Demetrio Madrid, denuncia falsa Madrid dimitido, Aznar Presidente de Castilla y León.

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