Laboral
Denuncian a Campofrío por contratar de forma fraudulenta a través de falsas cooperativas

La resolución de Inspección de Trabajo, que en julio de 2018 confirmó que Servicarne es una falsa cooperativa y que actúa a modo de sociedad pantalla, motivó, presuntamente, a Campofrío a llevar a cabo movimientos que no desmontaran un sistema de contratación que favorece la precariedad laboral de una parte del personal que trabaja en su planta de Torrent. Así lo ha denunciado en su web la Confederación Nacional de Trabajo de València (CNT València), que asegura que “Campofrío se anticipó a la publicación de la resolución de la Inspección para evitar hacerse cargo y contratar por cuenta ajena a más de un centenar de cooperativistas”.

Por este motivo, el sindicato ha interpuesto una querella en los Juzgados de lo Penal de Torrent (Horta Oest) contra las compañías Campofrío y Servicarne, dedicadas a la industria cárnica, por incitar a los socios-trabajadores de la cooperativa a constituir una “sociedad interpuesta” que permita a la marca de elaborados cárnicos seguir utilizando la mano de obra de forma fraudulenta.

En concreto, el sindicato señala en el comunicado que Campofrío —con la complicidad de Servicarne— “habría utilizado el engaño, la coacción y las amenazas para que las socias trabajadoras se vieran obligadas a aceptar unas determinadas condiciones de trabajo” mediante la constitución de una Sociedad Limitada Laboral. Según explica Antonio Ruiz, asesor jurídico de CNT València, se produjeron varias reuniones con los socios trabajadores de Servicarne en las que se les anunció que Campofrío iba a romper relación mercantil con la cooperativa y, presuntamente, se les presionó a elegir entre quedarse sin trabajo o aceptar la propuesta de introducirse en la nueva empresa, que se iba a crear a tal efecto y desde la cual podrían seguir prestando servicios en Campofrío.

CNT señala como responsables también a miembros del comité de empresa, cuya cooperación fue necesaria para crear Levante Lean SLL

La nueva sociedad, Levante Lean SLL, fue creada en mayo de 2018, una vez se habían llevado a cabo las inspecciones de trabajo en las empresas en las que ha estado operando Servicarne. CNT considera que dicho trasvase de la plantilla podría implicar, además, una cesión ilegal de personal trabajador. “Los jefes de esta nueva empresa han sido casi prácticamente puestos a dedo por Campofrío, por tanto, en principio, no es una empresa que libremente hayan conformado los trabajadores y que actúe a modo de contrata”, apunta Ruiz. “La empresa Campofrío, presuntamente, entregaba escritos al personal, que proporcionaba sus servicios a través de Servicarne, en los que les decía los pasos que tenían que seguir para crear esta nueva empresa y poder continuar trabajando”, añade.

Junto a los máximos responsables de Recursos Humanos de Campofrío y de su Consejo de Administración, también aparece como codemandado en la querella presentada por la organización sindical el Consejo Rector de Servicarne, debido a su supuesta implicación en las presiones a los trabajadores. A través del reparto de una circular, a la que ha tenido acceso El Salto PV, habría alentado a su propio personal socio-trabajador a darse de baja de la cooperativa para pasar a formar parte de la nueva SLL. Además, CNT también señala como cooperadores necesarios, por su presunta participación en las citadas reuniones, a algunos miembros del Comité de Empresa de Campofrío y a responsables de la empresa gestora que ha creado la nueva SLL. “Tenemos pruebas de que, a través de sus empresas gestoras colaboradoras, Campofrío forzó a crear esta nueva empresa pantalla”, afirma Ruiz.

El objetivo, que Campofrío, como compañía principal en la que las trabajadoras prestan sus servicios, mantuviese el privilegio de no contratar directamente al personal, como hacía previamente cuando contrataba los servicios prestados por el gigante Servicarne, pero soslayando la resolución de Inspección de Trabajo que señaló hace un año a la cooperativa.

Y es que otras empresas contratas de Servicarne, como Uvesa, situada en Rafelbunyol (Horta Nord), han sido sancionadas por utilizar los servicios prestados por el gigante cárnico para evitar de manera fraudulenta la contratación directa del personal trabajador. La confirmación de que Servicarne es una falsa cooperativa por parte de Inspección de Trabajo hizo que las socias-trabajadoras fueran dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por lo que, en caso de seguir contando con ese personal, tanto Uvesa, como el resto de empresas en las que Servicarne prestaba los servicios de los falsos cooperativistas, estarían obligadas a contratarlo directamente. Según publicaba el pasado enero el diario Levante-EMV, en el caso de Uvesa, la empresa ya ha anunciado que “incorporará a su plantilla a los 300 falsos-autónomos de la planta de Rafelbunyol”, que antes prestaban servicio en ese centro de trabajo a través de Servicarne.

Indefensión por necesidad

A pesar de las resoluciones favorables de Inspección de Trabajo y de las responsabilidades que están asumiendo otras empresas del sector contratas de Servicarne; en este caso, alrededor del 80% de las socias-trabajadoras se acabaron dando de baja de la cooperativa, para, a través de la nueva SLL, poder seguir prestando servicio en Campofrío. “Lo que quería la empresa, se ha cumplido: Los trabajadores que por miedo se han visto forzados a entrar en esta nueva empresa continúan prestando servicio en Campofrío con total normalidad. Pero los compañeros y compañeras que optaron por no someterse a estas amenazas y coacciones pasaron a estar automáticamente en la calle, por lo que tenemos abiertos procesos judiciales por despido contra la empresa”, confirma Antonio Ruiz.

El perfil mayoritario de las trabajadoras de Servicarne, según afirma el asesor, es de personas migrantes, sin estudios ni formación y que se han dedicado al sector cárnico durante la mayor parte de su vida laboral. “La mayoría de las trabajadoras han estado trabajando entre 10 y 15 años en Campofrío y es lógico que hayan tratado de evitar quedarse en la calle, porque no saben cuando va a acabar el procedimiento judicial, ni si lo van a ganar o no”, explica Ruiz. Además, dado que han formado parte de una cooperativa, estas personas tampoco tienen derecho al subsidio por desempleo, por lo que “su indefensión ha hecho primar la necesidad inmediata, de la mayor parte de la plantilla, de continuar cobrando un sueldo”, añade el asesor.

En cuanto las acciones legales que ha emprendido CNT contra Campofrío por el personal que ha perdido su puesto de trabajo, en total, han sido más de una decena de demandas. “Cuando —Campofrío— rompió relación mercantil con Servicarne y dejó en la calle a los trabajadores que no quisieron entrar en la nueva empresa, no se trató solo de una cesión de servicio, sino de un despido encubierto, porque Inspección de Trabajo ya había determinado que eran trabajadores por cuenta ajena de Campofrío”, advierte Ruiz.

No obstante y aunque los juicios estaban programados para este mes de marzo, CNT explica que, finalmente, se ha procedido a su suspensión “a esperas de que se resuelva el juicio principal que tiene la Seguridad Social contra Campofrío”. Dicho juicio, que está previsto que se realice en febrero de 2020, responde a una demanda de oficio que la Seguridad Social ha interpuesto contra la empresa, a la que le exige, tanto las cuotas que supuestamente ha dejado de pagar por tener a sus trabajadores como autónomos, como la declaración de su relación de laboralidad.

“Se ha decidido suspender los juicios individuales de marzo porque creemos que se debe resolver primero el juicio principal, cuando los jueces den la razón a la Seguridad Social. Entonces ya reclamaremos las cantidades correspondientes e, incluso, si es necesario, la nulidad de esos despidos y su readmisión en su mismo puesto de trabajo”, concreta, en este sentido, Antonio Ruiz.

La consideración de Servicarne de falsa cooperativa por parte de Inspección de Trabajo ha supuesto un punto de inflexión en el seno de la industria cárnica nacional, pues ha afectado a un número considerable de empresas dedicadas al sector y, por consiguiente, a miles de trabajadores. Además de las ya nombradas, el Grupo SADA, Vicente Gallen SL, Industrias Cárnicas La Cope, COREN, AVINORSA y Productos Florida son algunas de las otras sociedades, de las situadas en el País Valencià, en las que se decretó que las personas socias trabajadoras de Servicarne mantenían una relación laboral ilegal en calidad de falsas autónomas.

La falta de derechos a la que están expuestas las socias-trabajadoras, que se traduce en jornadas de más de diez horas, nula protección frente a los abusos laborales, falta de información y represalias, se ha venido denunciando por el personal sindicado de Servicarne desde 2013 y en diferentes puntos del Estado. Precisamente, la Sección Sindical de CNT de Productos Florida (Almassora, Castelló) protagonizó hace una semana una huelga de tres días —20, 21 y 23 de marzo— para reivindicar que comenzara la negociación para regularizar la situación laboral de los falsos cooperativistas de Servicarne.

Estas personas —y las de otros centros de trabajo que están en la misma situación—, desde la resolución de Inspección de Trabajo, han seguido trabajando hasta la fecha estando dadas de alta, tanto en el régimen de autónomos —por parte de Servicarne—, como en el régimen general —por parte de Productos Florida—. Una situación que es cuestionable a nivel legal y perjudica al personal trabajador, que tiene que seguir pagando su cuota de autónomo, aunque ahora se les reconozca como trabajadoras por cuenta ajena. Pese a todo, desde el sindicato consideran que esta situación tiene fecha de caducidad y que, antes o después, Productos Florida —y las empresas en las que ha estado prestando servicios Servicarne—, por su propio interés, acabará llegando a un acuerdo satisfactorio para y con el personal trabajador.