País Valenciano
La educación pública del País Valencià empieza su huelga indefinida este lunes 11 de mayo

Este próximo lunes arranca la que puede ser la mayor movilización del sector educativo valenciano desde la época de los recortes post crisis y la primavera valenciana. Ya el pasado 31 de marzo, miles de docentes junto con buena parte de la comunidad educativa, escenificaron en una notable convocatoria de huelga la fuerza acumulada y el apoyo a su batería de reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública. Tras esta jornada, y en plena semana de Pascua, la Conselleria de Educación trasladó a los convocantes su intención de empezar a negociar posibles mejoras el próximo otoño, una propuesta de calendarización que ha incendiado aún más el conflicto.

Durante el mes de abril han seguido las protestas y las acciones desarrolladas tanto por el tejido sindical como por las coordinadoras de asambleas de docentes. Paralelamente, llevaron a cabo un proceso de deliberación colectiva a través de una macro consulta online, en la que participaron cerca de diez mil docentes, y en la que un 77%, se mostraron dispuestos a participar en una huelga fuera cual fuera el formato. Entre las opciones presentadas, la que más respaldo obtuvo, con casi un tercio de los apoyos, fue la opción indefinida, que se impuso a otras opciones, tanto temporales, como de extensión. Dejar de dar clase unas horas, retrasar las evaluaciones, acabar antes el curso, o realizar semanas de huelga eran las otras alternativas planteadas. Finalmente, el pasado 26 de abril, una asamblea de unos mil docentes terminó de definir la fecha de arranque y la duración indefinida.

En el ámbito salarial, exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo

Las principales reivindicaciones del profesorado se mantienen respecto a la anterior convocatoria. La Coordinadora d'Assamblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita han acordado un documento de 40 puntos. En el ámbito salarial, exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Estiman que han perdido un 25%, ya que desde el año 2010 no se ha aprobado ninguna subida salarial autonómica, solo las de ámbito estatal.

También incluyen la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo. Además, exigen una mejora efectiva de la estabilidad laboral y una reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva en personas mayores de 55 años.

Respecto a la bajada de ratios, plantean que Infantil y Primaria tengan aulas de 15 alumnos (10 menos que actualmente) y que ESO y Bachillerato cuenten con 20 estudiantes (10 y 5 menos que ahora)

Pero las exigencias van más allá, e incluyen medidas orientadas a mejorar el conjunto del sistema educativo, como la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo o el refuerzo de profesionales que trabajan con alumnado con necesidades específicas. Respecto a la bajada de ratios, plantean que Infantil y Primaria tengan aulas de 15 alumnos (10 menos que actualmente) y que ESO y Bachillerato cuenten con 20 estudiantes (10 y 5 menos que ahora). Los huelguistas también exigen mejoras en defensa de la enseñanza en valenciano, y mejorar las infraestructuras del sistema educativo público, especialmente la climatización adecuada de las aúlas, entre otras propuestas para revertir el deterioro en los centros de la red pública, como la culminación del Pla Edificant o la agilización de la reconstrucción de los centros afectados por la dana.

La Conselleria de educación gastó ayer su última bala para intentar detener la convocatoria. La propuesta trasladada al comité de huelga ha sido rechazada y calificada como “un chantaje” por los sindicatos. De hecho, los representantes sindicales de UGT, CCOO y STEPV se han levantado de una mesa de negociación que todavía debería abordar los servicios mínimos previstos, donde también tienen grandes discrepancias y posturas alejadas. Y denuncian como amenaza la intención de Carmen Ortí, consellera de Educación, de condicionar cualquier negociación a la aceptación por parte de los sindicatos de unos servicios mínimos abusivos.

La primera propuesta contemplaba unos servicios mínimos del 100% para los docentes de segundo de Bachillerato. La segunda propuesta consiste en “obligar” al profesorado de este curso a participar “solo” en las sesiones de evaluación. Una alternativa que tampoco acepta el comité de huelga porque “indirectamente se está obligando al profesorado a interrumpir la huelga para hacer las pruebas del tercer trimestre u otras actividades, así como para ir a las sesiones de evaluación con todos los instrumentos de evaluación realizados”.

Las familias, a través del correo electrónico por el que se comunican con los centros educativos, han recibido una carta con una serie de cifras que pretenden respaldar la gestión de la Conselleria

La Conselleria busca, según Ortí, “compatibilizar el derecho de huelga del profesorado con la protección del alumnado, especialmente de aquel en situación de mayor vulnerabilidad y de quienes se enfrentarán a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)”. Algo que también ha verbalizado el president Pérez Llorca, al advertir que “si chantajean con las evaluaciones, no habrá negociación por parte de la Generalitat”. Y no es el único resorte que ha movido la Generalitat para tratar de desactivar o minimizar la huelga. Las familias, a través del correo electrónico por el que se comunican con los centros educativos, han recibido una carta con el mismo argumento, y una serie de cifras que pretenden respaldar la gestión de la Conselleria. Los docentes también han denunciado que están recibiendo instrucciones por parte de algunos inspectores de la Conselleria de Educación, a través de llamadas telefónicas o de manera oral para adelantar las notas de segundo de Bachillerato.

Entre el profesorado existe un amplio rechazo a como ha ido gestionado la situación Carmen Ortí, consellera desde hace apenas cinco meses. Si ya existía un grave conflicto con su predecesor, Jose Antonio Rovira, ahora conseller de Hacienda y uno de los grandes apoyos de Mazón en el Consell, Ortí no ha hecho más que avivar el descontento. Primero supeditó en un documento trasladado a los representantes sindicales cualquier mejora salarial a una reforma de la financiación autonómica que el PP está rechazando en todas las autonomías que gobierna y en el ámbito estatal. Además proponía incluir las subidas estatales en el pacto de negociación sin aportar ninguna mejora propia.

Ortí, inspectora educativa de profesión, trasladó esta propuesta a unos días de la convocatoria de la primera huelga, con la intención de desactivarla. “El documento era una burla, porque no aborda ninguna reivindicación real y, en cambio, impone excusas y restricciones. Además, es una propuesta unilateral, que no tenía en cuenta ninguna de nuestras demandas”, critica Sandra Cáceres, portavoz de una de las coordinadoras de asambleas de centros. Marc Candela, portavoz de la STEPV, consideró el documento “muerto, ninguna organización sindical lo llegamos a valorar”.

Tampoco les ha convencido la postura de la Consellera, que fue trasladando a través de declaraciones a medios la imposibilidad de atender las demandas salariales de los docentes, excusándose en “un exceso de gasto en los actuales presupuestos autonómicos”, prorrogados desde el pasado 1 de enero. Desde los sindicatos consideraron esta posición como “un engaño y una falta de respeto”, especialmente, la misma semana que Compromís ha denunciado el pago de 72 millones de euros a colegios concertados que discriminan por sexo. El profesorado reclama una subida salarial de entre 300 y 500 euros mensuales, y desde la Conselleria de Educación calculan que atender las reivindicaciones de los docentes supondría un incremento de entre 300 y 525 millones de euros anuales para la Generalitat. Una cantidad que, sumada a una bajada de ratios, podría llegar a entre 400 y 675 millones de euros al año. Pero esa valoración no contemplaba el resto de medidas para mejorar el sistema educativo que plantean los docentes. Ortí ha llegado a cifrar en 2.400 millones de euros la estimación del coste de todas las reivindicaciones.

La movilización en las jornadas previas a la huelga

Este jueves por la tarde se han desarrollado diferentes actividades en centros educativos de Elche, Alicante, Canals, Picanya, Valencia, Xàbia, Xàtiva, Alaquàs, Catarroja, Foios, Almussafes, Gandía, Castellón y Ontinyent. La Coordinadora d'Assamblees Docents del País Valencià (CADPV) , bajo el lema “Ho podrem tot”, ha organizado actividades como charlas informativas sobre el contexto de la huelga y las reivindicaciones, talleres de cine y poesía, elaboración de pancartas, conciertos y espacios de convivencia educativa abiertos a la participación de docentes, alumnado y familias.

Según explican, “Las jornadas quieren ser un acto contundente, diseñadas para mostrar la unidad y la fuerza del movimiento docente valenciano. Se trata de dejar claro que los centros educativos son de quienes los hacen posibles: quienes estudian en ellos, quienes los llenamos con nuestro trabajo y las familias; y no de unas instituciones que llevan años abandonándolos y permitiendo su degradación”, declaran desde las asambleas docentes.

En el caso del centro IES Berenguer Dalmau de Catarrotja, denuncian la prohibición, por parte de Consellería de Educación, de realizar el encierro que tenían previsto para este jueves día 7 de mayo. En un comunicado explican que el acto“ha sido cancelado sin que se haya ofrecido por parte de las autoridades un espacio alternativo para el encuentro. En el caso de nuestro centro, este aspecto resulta especialmente problemático, atendiendo que al menos una parte del patio exterior es de titularidad municipal y no depende, por lo tanto, directamente de Consellería”. Consideran que ha sido un “acto de censura que se comete contra la comunidad educativa y se añade al conjunto de abusos y de coacciones sobre el profesorado que está llevando a cabo Consellería las últimas semanas, mostrando un talante sin duda autoritario y cerrado al diálogo”.