País Valenciano
Paralizado el desahucio de una familia con tres menores víctima de estafa

Hicham y Amina se quedan (tres meses más). Pese a ser víctimas de estafa y carecer de alternativa habitacional con tres menores de 7 y 3 años y seis meses a su cargo, el desahucio de esta familia estaba previsto este jueves. Finalmente, no se ha ejecutado el lanzamiento sobre estos vecinos del barrio de San Marcelino, ya que el juez encargado del caso ha paralizado la ejecución. Decenas de vecinos y activistas de la PAH —que ha estado acompañando a la familia durante todo el proceso— se han concentrado en la puerta del domicilio durante horas hasta conocer la resolución del juzgado. La familia, que esta misma mañana temía quedarse en la calle, tiene ahora un respiro para permanecer en el piso donde, hasta hace poco, creían que eran inquilinos.

“Llevo doce años viviendo en el barrio, mis hijos están matriculados en la escuela y todos tenemos nuestra vida aquí” denuncia Hicham. Al preguntarle por los alquileres, se indigna “¿Tú sabes cómo están los alquileres aquí? La media en el barrio es de 700 u 800 euros, y nos piden tres o cuatro meses de entrada, es imposible que nos podamos permitir pagar eso”.

Todo comenzó el pasado 28 de febrero. Ese día, Hicham, que regenta un locutorio en el barrio, vio como una pareja entraba al establecimiento para colgar un cartel en el que advertían que alquilaban un piso. Casualmente la vivienda estaba cerca de su negocio y el precio era bastante justo. La familia, que estaba buscando una vivienda para alquilar, pensó que era la oportunidad perfecta. “La vivienda estaba bastante mal, y algunos vecinos me ayudaron a arreglarla para que pudiéramos entrar a mitad de marzo. Le dimos hasta una mano de pintura” explica Hicham. Firmaron el alquiler, contrataron la electricidad, el agua y un seguro de un año para la vivienda, mientras pagaban religiosamente cada mes mediante transferencia bancaria.

En septiembre, la presidenta de su comunidad les advirtió de que aquel piso tenía dueño y era un banco. La familia decidió personarse en una oficina para comprobarlo. Así era. En el momento fueron conscientes del engaño, interpusieron una denuncia. El estafador, por el momento, está en busca y captura. Sin embargo, dos semanas más tarde, una carta del juzgado consideraba a esta familia “ocupantes” del piso e indicaba que debían abandonar la que creían su casa al “no tener derecho a permanecer en la vivienda”. De un día para otro pasaron de inquilinos a okupas. El 14 de enero recibieron la orden de desahucio que hoy no se ha ejecutado.

Sin derecho a réplica

“No somos okupas, nos estafaron”. Hicham siente impotencia frente a un proceso en el que no se ha tenido en cuenta su condición de víctima. Durante el proceso judicial por el desahucio no se aborda en ningún momento que la familia es víctima de estafa. “Nos dijeron que eso va por otra vía, que es otro proceso, a pesar de que les hemos enseñado todos los documentos, recibos, papeles y transferencias bancarias que hemos hecho para demostrar que nos han engañado, pero no cuentan para nada. Hemos invertido mucho dinero en ese piso ¿Qué vivienda encontramos que podamos pagar?”.

Hicham defiende que actuaron en todo momento de buena fe. “Nosotros alertamos de la situación y nos pusimos en contacto con el banco ¿Y ahora los que nos quedamos en la calle somos nosotros? Hemos pagado todos los meses y el estafador tenía llaves de la casa ¿Cómo podíamos saber nosotros de quien es el piso?” denuncia. A pesar de advertir al banco de su situación, ahora, no es el estafador el que tiene problemas, sino ellos.