Personas sin hogar
Sin hogar ni derecho a una acera

“Cada vez somos más, y los que estamos cada vez estamos peor”, resume Adolfo (nombre ficticio) antes de pegar un sorbo a su café caliente. Desde hace unos años no tiene casa y duerme en la calle, actualmente en las inmediaciones del monte Tossal, una zona cercana al centro de Alicante pero apartada de toda actividad de la ciudad cuando cae la noche. A pesar de lo retirado de sus emplazamientos, varias de estas personas vienen denunciando que, desde octubre, la policía está obligándoles a retirarse alegando “quejas de los vecinos”. La situación de vulnerabilidad de quienes no tienen hogar podría agravarse todavía más de aprobarse la denominada Ordenanza de Convivencia Cívica del Ayuntamiento de Alicante, liderado por el popular Luis Barcala con el apoyo de Ciudadanos.

Haciendo alusión a cuestiones como el “principio de libertad individual”, los derechos de la ciudadanía o la necesidad de “preservar el espacio público como lugar de convivencia”, el texto refiere en su cuarto capítulo a la “ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad”. Dentro del apartado, se detalla la prohibición de pedir dinero, de vender objetos —pañuelos, mecheros...— u ofrecer servicios —como ayuda en el aparcamiento de vehículos particulares— sin autorización o licencia; de asearse o lavar ropa en estanques o fuentes públicas y de “acampar en las vías o los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable (...) [de] tiendas de campaña, tenderetes, colchones...”. Tampoco, explicita el texto, está permitido dormir en espacios públicos. “Me parece una ordenanza ridícula”, espeta Adolfo. “Quienes vivimos aquí lo hacemos por diferentes motivos, pero es algo que le puede pasar a cualquiera, la vida da muchas vueltas”, añade.

Con crisis y sin diálogo

Almudena Mora y Claudia Schlie son dos de las voluntarias que atienden, a través de la ONG Reacción Solidaria, las necesidades de estas personas dos noches a la semana, en las que salen con una furgoneta cargada de alimentos, productos de aseo personal y medicamentos. Mora explica que no hubo ningún contacto previo a la redacción de esta ordenanza con organizaciones o colectivos sociales de la ciudad: “Esto lo decidió el alcalde con su grupo de trabajo y nosotras nos enteramos cuando ya estaba publicado el texto, porque vimos que a la gente que atendemos por la noche le empezaban a quitar sus pertenencias, los colchones, las sábanas… Incluso a algunos les retiraban sus tarjetas de identificación; no les dejaban absolutamente nada”. La actuación de la Policía encendió sus alarmas y buscaron respuestas hasta llegar al proyecto de normativa.

Estos desalojos se producen en un contexto en el que la pandemia ha arrasado con miles de empleos en la ciudad —altamente dependiente del turismo—, los ingresos de muchas familias menguan y se empiezan a notar efectos en el impago de alquileres e hipotecas. La Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicante (REAPSHA) calculaba el año pasado que había unas 450 personas sin hogar en la ciudad, pero la crisis sanitaria y económica ha agravado la situación, exponen las voluntarias. La capacidad de los albergues no cubre ni por asomo la demanda y las medidas de distanciamiento social no han hecho más que empeorarlo.

“La experiencia que tenemos con el Ayuntamiento de Alicante es que, cuando empezó la pandemia, nos prohibieron salir a las ONG durante 15 días. Durante esas dos semanas no podíamos atender a estas personas y ellos tampoco podían pedir dinero; no sé cómo se apañaron”, recuerda Mora

Durante el estado de alarma, el Ayuntamiento habilitó un pabellón que acogió a algunas personas, “pero otras tantas no quisieron ir por miedo a contagiarse”, asegura Schlie. Almudena Mora, no obstante, se muestra crítica con el papel de la Administración local en lo que a atención a colectivos vulnerables se refiere: “La experiencia que tenemos con el Ayuntamiento es que, cuando empezó la pandemia, nos prohibieron salir a las ONG durante 15 días. Durante esas dos semanas no podíamos atender a estas personas y ellos tampoco podían pedir dinero; no sé cómo se apañaron”, recuerda la médica. Más tarde consiguieron salvoconductos para poder salir. Lo hacían cuatro días a la semana: “Fue el empuje de las organizaciones lo que hizo que pudiéramos atender a estas personas. Si fuera por el Ayuntamiento les dejan sin comida, hasta cortaron las fuentes y no podían asearse”.

Ante el impulso de la normativa, prevista para entrar en vigor a principios de diciembre, una veintena de asociaciones que trabajan con esta población se posicionaron en contra del texto, alegando que “criminaliza la conducta a la que muchas veces se ven abocados aquellos que tratan de sobrevivir en condiciones de pobreza y de exclusión” e instando al Gobierno local a que dé “una vuelta de tuerca” para consensuar un plan de acción con estas entidades firmantes del manifiesto en rechazo de la ordenanza. También la oposición del actual bipartito de Alicante trata de tumbar la orden: en el Pleno de octubre, Compromís aludía a la ausencia de alternativas habitacionales hacia estas personas y Unides Podem instó a retirarla, propuesta que fue rechazada con los votos en contra de la derecha.

Pero para Mora y Schlie lo más grave de la situación es que, aun sin estar todavía la ordenanza aprobada, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya están actuando como si lo estuviera: “La Policía está insistiendo. Cada noche que salimos los amigos de la calle se están quejando: nos piden sacos de dormir, ropa y pasan frío porque les quitan todas las pertenencias”, explica Claudia Schlie, que es alemana pero habla con pasmosa fluidez español y catalán. “Es como si alguien entrase en nuestra casa y nos quitaran lo que tenemos sin razón”.

Antecedentes

Almudena Mora contextualiza, no obstante, que no es la primera vez que la policía desaloja a las personas sin hogar de sus asentamientos en la calle. Hace tres o cuatro meses, data la doctora, “la policía empezó a quitar las pertenencias de algunas personas que duermen bajo el Puente Rojo”, una construcción que se ubica a unos tres kilómetros del centro de la ciudad, “diciendo que había denuncias de los vecinos”. Ellas, no obstante, nunca han tenido constancia de primera mano de que estas quejas existan o sean recurrentes: “Al contrario, los amigos callejeros nos dicen que los vecinos más bien les apoyan”, añade Schlie. Esta actuación policial, aseguran, se viene dando de manera cíclica desde hace un par de años.

En realidad, la ordenanza recupera otra dictada hace casi una década, en 2011, cuando gobernaba Sonia Castedo (PP) y se aprobó la denominada ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que fue derogada en 2016 tras la llegada del tripartito progresista liderado por Gabriel Echávarri entre 2015 y 2018. La diferencia es que ahora, matizan las voluntarias de Reacción Solidaria, las expulsiones se han generalizado.

El Salto acompaña a la ONG en una de sus rutas nocturnas. Al llegar al estadio Rico Pérez, una mujer se acerca a la furgoneta y denuncia que unos agentes acaban de expulsarla de una zona cercana. El campo de fútbol solía estar rodeado por sacos de dormir —exceptuando los días en los que se celebraban partidos— hasta el último mes: ahora las pernoctaciones son puntuales. Francisco y Alicia, quienes prefieren no dar sus nombres reales, duermen en las inmediaciones del estadio: “Cuando no hay nadie durmiendo aquí no viene la policía, y lo que no consiento es que estén cada dos por tres dando por saco. La local se pasa, se piensan que porque vivamos en la calle pueden hacer lo que les dé la gana, y no”, asevera.

Juan —nombre ficticio— vive bajo el Puente Rojo. En el tiempo que lleva en la calle, ha vivido mucho: una época, de la cual dice no sentirse orgulloso, en la que robaba para sobrevivir. “Eso quedó atrás”, comenta con un gesto de la mano. También agradece a la suerte no haber estado en el día y lugar en el que “una banda de neonazis propinó a una brutal paliza” a un amigo suyo, que dormía tan solo unos cuantos metros más adelante. A los peligros y dificultades que ya deben asumir se suma que recurrentemente “la policía hace barridos por esta zona”, según señala, como sucedió en el mes de noviembre.

“Vinieron y me dijeron que esto era una orden del Ayuntamiento”, arranca. Ante ello, Juan insistió en ver algún tipo de justificante de esa orden: “Me dijo que la orden era él, con una soberbia, una prepotencia y una arrogancia letal”, enfatiza. “Y que eso a mí no me importaba, ante lo cual le dije que cómo que no, que yo era la persona a las que estaban estigmatizando”, asegura, mientras subraya que no hay ningún artículo del Código Penal que haga referencia a la prohibición de dormir en la calle. Juan cuenta cómo le pidió el número de placa antes de retirarse “por no pelearme”, ante lo cual el agente estuvo media hora controlando que él no volviera.

Cuando regresó se encontró, dice, que le faltaban algunos enseres, entre otras cosas la documentación que había conseguido recopilar para solicitar el Ingreso Mínimo Vital: “No tuvieron la decencia ni de dejarme los papeles”, rememora con impotencia. Para él, según su experiencia, la estrategia de algunos agentes pasa por hacer perder los nervios de forma que puedan alegar desacato a la autoridad: “Ahora mismo esto es un Estado parapolicial, los agentes tienen un poder enorme”, valora.

Tras ser expulsado por la policía, Juan volvió al lugar en el que duerme y asegura que cuando regresó le faltaban algunos enseres, entre ellos la documentación que había conseguido recopilar para solicitar el Ingreso Mínimo Vital: “No tuvieron la decencia ni de dejarme los papeles”

Juan intercala su testimonio con valoraciones sobre la vieja y nueva normalidad, haciendo alusión a la cantidad de horas que pasa en la calle sin hablar con nadie: comenta cuáles son los últimos libros que más le han gustado mientras lamenta que la pandemia haya arrasado con las noches del viernes en el Barrio, la zona en la que la ciudadanía se reunía en pubs hasta altas horas de la madrugada antes del estallido de la pandemia, y se muestra crítico con la limitación de libertades y derechos derivada de las medidas contra su expansión. Un concepto, el de libertades y derechos, que le sirve para retomar el capítulo de su último encuentro con la policía, cuando emplazaron a Juan a moverse de donde estaba, animándole incluso a irse a Elche con la justificación, testifica Juan, de que allí gobierna la izquierda —“como si quisieran quitarse la basura para echársela al vecino”—. Los agentes alegaron que daba mala imagen, algo que valora como imposible teniendo en cuenta lo recóndito de su emplazamiento. 

Juan señala directamente al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a quien culpa de “querer erradicar a los indigentes” mediante unas políticas de expulsión que se suman a las denuncias sobre el papel de la policía. Y si bien, matiza, otros tantos agentes sí se comportan “tratándonos con educación y respeto, como las personas que somos”, en el tiempo que llevan en la calle, y especialmente en los últimos meses, se ha encontrado otras tantas situaciones muy desagradables. “Y si no, pregúntale a este”, dice levantando la vista hacia Vicente, que está observando la escena mientras se lía un cigarro. 

En su caso, Vicente, que también vive en la calle, asegura que ha pasado dos veces por una situación muy parecida: a principios de octubre, la policía llegó en un camión “sin ningún papel y sin que pudiera coger el número de placa” que le hubiera permitido denunciar a los agentes. A él le quitaron el único bien que tenía: sus libros. No entendía, dice, por qué los agentes le retiraron su colección para terminar en la basura, y sigue aludiendo a que eso no es legal, pero lamenta su indefensión al respecto. Así que tuvo que resignarse. “Tanto los colectivos como estas personas nos encontramos indefensos”, apoya Mora.

Una de las noches, en la céntrica plaza Séneca, la doctora pudo ser testigo de cómo dos furgones de la policía y seis agentes estaban echando a un joven después de que la noche anterior echara a un grupo, de nuevo porque “los vecinos se estaban quejando”. “Les preguntamos que por qué hacían eso y que dónde querían que fuera, cuando nosotras llegamos bajaron el tono hacia ellos, pero cuando nos retiramos volvieron a subirlo”. Ni siquiera les dejaron ayudar al joven a recoger sus pertenencias: “Sentimos mucha impotencia”. 

Sin alternativas

El Centro de Acogida e Inserción para las personas sin hogar de Alicante tiene, sumando sus servicios de alojamiento, unas 60 plazas. En sus inmediaciones duermen unas cuantas decenas más, entre ellas un grupo de jóvenes migrantes y varios adultos que viven en tiendas de campaña en un descampado cercano. “La verdad es que la situación es bastante dramática, yo estoy con mi mujer y la incertidumbre de no saber si vamos a poder tener una vivienda y de salir adelante lo complica todo”, expone Jesús, que llegó a Alicante desde Málaga hace unos meses. “Pero si nos ponemos a protestar viene la policía, y nosotros no queremos problemas, solo estamos pidiendo protección a la gente que cobra para protegernos”, añade. 

Jesús cuenta que él personalmente no ha tenido hasta ahora problemas con la policía, pero reconoce vivir con la tensión de ignorar cuál tendrá que ser su siguiente movimiento y subraya lo difícil de vivir de esa manera. En la misma zona que pernocta él, lo hacía una mujer de 35 años que la tarde del 20 de noviembre fue encontrada muerta “por causas naturales”, suceso que despertó la indignación del colectivo de personas sin hogar, que se concentró en su recuerdo y para reclamar soluciones, y que reavivó en el plano político el debate de la ordenanza. 

El Centro de Acogida e Inserción para las personas sin hogar de Alicante tiene, sumando sus servicios de alojamiento, unas 60 plazas. En sus inmediaciones duermen varias personas: “La incertidumbre de no saber si vamos a poder tener una vivienda y de salir adelante lo complica todo”, expone Jesús

El texto y la actuación policial no vienen acompañadas de un refuerzo de los servicios sociales, según las ONG que intentan echarla para atrás, a pesar de que el alcalde asegurara que lo haría. “No están ofreciendo alternativas, se les quitan las pertenencias y se pide que se vayan de donde están, pero no se les ofrece alojamiento, albergues, pisos…”, repite Schlie. “Se les dice simplemente que se tienen que ir, pero la pregunta es ¿adónde?”. La voluntaria apela a la lógica: estas personas no tienen casa ni medios económicos para pagar un alojamiento, si no, no estarían en la calle.

Almudena Mora se muestra todavía más crítica con las instituciones: “No es que no estén haciendo nada por mejorar, es que lo están empeorando”, sentencia. Hasta junio, permanecía en funcionamiento en la ciudad el programa Housing First, suprimido entonces “por reparos del interventor” y consistente en diez viviendas que acogían a personas sin hogar. A esto se añaden las condiciones climatológicas del invierno. En Alicante, explica Mora, existe una orden que obliga a abrir el gimnasio municipal ante una situación climatológica adversa, “pero no lo hacen, nos ha pasado el tener que llamar a la policía noches que estaba diluviando para que el Ayuntamiento abriera el edificio; unas veces lo hemos conseguido y otras no”, detalla la voluntaria. “Sistemáticamente y si tú no insistes, ese gimnasio, con capacidad para unas 60 personas, permanece cerrado aunque esté cayendo una fuerte. Ni siquiera hacen eso. Vamos para atrás, cada vez peor”, añade.

“Solo hace falta echar un vistazo a la ciudad”, apoya un hombre argelino que prefiere mantener su anonimato y que asegura haber sufrido racismo por parte de la policía en varias ocasiones, la última a principios de noviembre, cuando una agente de la nacional, asegura, le humilló verbalmente. Poco antes, narra, había venido la Policía local, pero no tuvo incidentes: le preguntaron si estaba aparcando coches —prohibido según la ordenanza— y él respondió preguntando en voz alta cómo, si no, podía comer o conseguir algo de dinero para irse a trabajar a Jaén como temporero, su plan desde que su padre muriera hace tres años en Alicante. También se queja del trato que recibió en el Centro de acogida, un espacio que, explican desde Reacción Solidaria, funciona por fases, en la última de las cuales —la tercera— se facilita un piso de acogida: “La gente que está ocupando la calle tiene derecho a estar 15 días en el albergue cada seis meses, se forman colas esperando a que alguien salga para entrar ellos, y se hace muy difícil acceder”.

Las multas previstas son de entre 750 a 1.500 euros por pedir dinero u ofrecer productos o servicios, y las que se refieren a asearse o dormir en espacios públicos se consideran infracciones leves sancionables con 750 euros

Si hay una normativa, tiene que haber una sanción que castigue su incumplimiento. En el texto de la ordenanza, las multas previstas son de entre 750 a 1.500 euros por pedir dinero u ofrecer productos o servicios, y las que se refieren a asearse o dormir en espacios públicos se consideran infracciones leves sancionables con 750 euros. “Si me multan, que me pongan vaselina, porque es de la única forma que pueden multarme”, ironiza Vicente. Para Reacción Solidaria, puede llegar a suponer un problema añadido el hecho de que su expediente quede “manchado” de cara a que en un futuro su situación mejore y quieran optar a determinados bienes.

Pero para Juan, todo eso parece no importar al Consistorio: “Para el Ayuntamiento somos un problema del que quiere deshacerse. Pero para quitar un problema, tienes que poner soluciones”, defiende. Lejos de eso, opina, “se echan el balón de uno a otro”. Algo que ni entiende ni asume: “Si estoy en una situación mala, lo primero que tienes que hacer es ayudar, no hundirme más”, concluye Juan antes de pegar un sorbo al caldo que le ha servido Mora, ya frío tras una larga conversación.