Puertos
La Comissió Ciutat-Port interpone dos nuevos recursos contra la ampliación del puerto de València

La plataforma que aúna decenas de organizaciones que se oponen a la ampliación del puerto de València ha interpuesto dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante el TSJ-CV contra dos acuerdos alcanzados por la Autoridad Portuaria.
Puerto de Valencia 2
El puerto de Valencia desde el Saler. David F. Sabadell

La Comissió Ciutat-Port, plataforma que aúna decenas de organizaciones que se oponen a la ampliación del puerto de València, interpuso ayer dos nuevos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) contra dos acuerdos a los que ha llegado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El primero de estos acuerdos se refiere a la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores, mientras que el segundo es relativo a la concesión administrativa en favor de Balearia de la nueva terminar de pasajeros.

Asimismo, se ha solicitado como medida cautelar la suspensión del proyecto de la terminal de pasajeros, ya que el proyecto no cuenta con evaluación ambiental, poniendo en riesgo así no solo el aspecto medioambiental, sino también la salud de los habitantes de los barrios colindantes al puerto. Claro ejemplo es el de Nazaret, sometido desde hace años a la presión del puerto, que sufriría un impacto todavía mayor con la ampliación tanto de la terminal de cruceros como del muelle de contenedores.

Desde la Comissió afirman que con estos acuerdos, la Autoridad Portuaria “trata de desordenar el procedimiento lógico de este tipo de proyectos”, evitando así “la evaluación conjunta de decisiones que pueden tener repercusiones muy importantes sobre el medio ambiente y la salud de las personas”.

Estos dos acuerdos siguen la lógica del proyecto de ampliación en su conjunto, es decir, “la toma de decisiones previa a la evaluación ambiental, adoptada sin consideración alguna por  la contaminación atmosférica y sus efectos sobre los habitantes de la ciudad”. Es por ello, que consideran esta infraestructura como “innecesaria y devaluadora de la imagen de la ciudad” y creen que “destina ingentes recursos públicos que se detraen de necesidades más acuciantes”. Sentencian, asimismo, que “la falta de evaluación ambiental implica la nulidad de pleno derecho de la concesión”.


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