Televisión pública
La defensa de la radiotelevisión pública valenciana vuelve diez años después del cierre de Canal 9

Una década después del cierre de RTVV, varios colectivos y sindicatos se movilizan bajo el lema “ À Punt no es toca” para garantizar la autonomía, independencia y solvencia del ente valenciano.
A Punt Burjassot

Este martes 28 se cumplen 10 años del cierre de Radiotelevisión Valenciana. Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, decretó entonces el fin de las emisiones de un medio que, durante los años previos, había hecho las veces de medio de comunicación y propaganda del Partido Popular valenciano. A la manipulación y control constante de los contenidos se sumaba un modelo económico ineficiente que dejó una deuda de 1.300 millones de euros. Aquello desembocó primero en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nulo por considerar que vulneraba “los derechos fundamentales de los trabajadores y genera discriminación entre unos y otros afectados porque incumple el principio de igualdad”. La respuesta del Govern fue decretar el cierre de la empresa. La decisión provocó una movilización social y profesional sin precedentes en el sector que llevó incluso a la ocupación de la sede por parte de los trabajadores para tratar de impedir el corte definitivo de la emisión.

Ahora, una década y un nacimiento de una nueva radiotelevisión valenciana después, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convoca una concentración frente al Palau de la Generalitat bajo el lema ‘À Punt no es toca: Defensem la ràdio i televisió públiques valencianes’. El acto, que se celebrará el martes 29 a las 19:00, pretende poner el foco los problemas que acechan al medio público del País Valencià, tal y como vienen varios sindicatos desde hace años. De hecho, Intersindical Valenciana, CCOO-PV, UGT-PV y CSIF participarán en la convocatoria y se han adherido al manifiesto.

La principal preocupación de los convocantes viene por una de las enmiendas propuestas por el Partido Popular a la ley de Acompañamiento. Con ella, se introduciría un nuevo miembro en el Consejo Rector de À Punt, pasando de 10 a 11 miembros –cinco y la presidencia los escogen Les Corts; dos el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana; uno el Consejo de la Ciudadanía; y otro los trabajadores de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación–. Este nuevo asiento en el órgano de dirección de la cadena sería elegido por la Federación de Municipios y Provincias, en manos del PP. Dentro de la enmienda, además, se plantea sumar también un miembro al Consejo de la Ciudadanía que elegiría, asimismo, la Federación de Municipios y Provincias.

A todo ello, se le suma la propuesta, también dentro de la Ley de Acompañamiento, de cambiar las mayorías con las que Les Corts nombran a esos cinco miembros del Consejo Rector. En la actualidad, hace falta, en segunda votación, que tres quintas partes de la cámara apoyen los nombres propuestos, lo que en la práctica suele provocar que no solo hagan falta los votos de los partidos del gobierno autonómico, sino que haya que convencer a alguna fuerza de la oposición. Ahora, se pretende que, si no se consigue en esa segunda votación, haya una tercera en la que solo haga falta mayoría absoluta. 

PP y Vox podrían nombrar a la mitad del Consejo Rector del ente público valenciano sin depender de ninguna otra fuerza

Todo lo propuesto otorgaría un control mucho mayor a PP y Vox sobre el medio: podrían nombrar a la mitad del Consejo Rector sin depender de ninguna otra fuerza y, además, se asegurarían que los miembros propuestos por ellos tengan siempre la mayoría dentro del Consejo al introducir ese nuevo miembro y al controlar también la elección desde el Consejo de la Ciudadanía. Siete de los once miembros serían nombrados directa o indirectamente. Para Anna Oliver, presidenta de ACPV, es un “intento de intervencionismo y de controlar los contenidos la televisión” que “no puede quedar sin contestación”. “Un medio de comunicación como este debe basarse en los principios de transparencia, diversidad, pluralidad y democracia, y un cambio en sus contenidos no afectaría solo a la sociedad en su conjunto, sino también a toda la industria del sector audiovisual”, exige Oliver, que asegura que “lamentaría volver a los años oscuros de Canal 9”.

Otra de las grandes reivindicaciones, que viene produciéndose desde la creación de À Punt es la de que el presupuesto que se destine al medio esté dentro del marco legal, es decir, entre el 0,3% y el 0,6% del presupuesto autonómico. Si bien el Botànic siempre tuvo problemas para cumplir con la normativa, y se debieron introducir partidas por otras vías para llegar al mínimo, ahora el gobierno de PP y Vox ha propuesto rebajar directamente el presupuesto destinado a la radiotelevisión valenciana. “Supone una rebaja que afectará a los servicios que una televisión pública tiene que dar: traducciones, coproducciones y todo tipo de productos que contribuyen a tener una medio de calidad”.

A esto hay que sumarle que À Punt será la única televisión autonómica que no contará con el apoyo de su gobierno para hacer frente a los 11 millones de euros anuales correspondientes al pago del IVA no deducible, un conflicto que la Agencia Tributaria también mantiene también con el resto de televisiones autonómicas. La diferencia es que, en el caso valenciano, el pago sale del propio presupuesto del medio, lo que en la práctica supone una infrafinanciación. “El propio Consejo Rector ha comunicado que, de no estar en estas circunstancias, el año pasado habrían habido unos beneficios de 1,4 millones de euros, rompiendo así con el mito de que la televisión pública es deficitaria”, cuenta Oliver, que además advierte que en la práctica, esta situación “debilita de forma indirecta el medio de comunicación público más importante del País Valencià”.

“El paralelismo con Canal 9 es indudable, por eso hemos escogido esta fecha para llamar a la movilización”

“El paralelismo con Canal 9 es indudable, por eso hemos escogido esta fecha para llamar a la movilización. La defensa de la radiotelevisión no es solo un tema del Consejo Rector, sino que es un problema social que interpela a todo el mundo. Queremos una televisión pública que goce de independencia y no sufra presiones, que es un principio básico de la democracia. Los valencianos se sienten identificados con los contenidos de À Punt y queremos que siga siendo así: una prensa libre y para todo el mundo”,  zanja Oliver.

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