València
Alfafar planea hormigonar la huerta que absorbe las lluvias torrenciales

Cerca del casco urbano de Alfafar (València) sobrevive una franja de huerta que separa la zona residencial de otra zona donde se han asentado grandes superficies comerciales. En ese espacio el Ayuntamiento pretende levantar el PAI de la Font Baixa, un nuevo desarrollo urbanístico de unas 940 viviendas que transformará por completo esta parte de Alfafar. El alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara, ha defendido la idoneidad del proyecto en un artículo publicado en el medio Valenciaplaza, justo el día siguiente del impacto de la dana Adam.

Para los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), que agrupa el tejido social y que se constituyó como respuesta social a la dana del 2024, este proyecto urbanístico es contraproducente en un contexto de emergencia climática. Los CLER defiende el papel de esta franja de huerta como “esponja” para absorber crecidas como la producida en la dana, y señalan que “elevar el suelo 80 centímetros no resuelve la presión sobre el nivel freático ni la impermeabilización masiva del terreno”. Critican que el PAI es “la punta de lanza de un modelo que decide la Conselleria con la patronal del cemento” y reivindican que “defender la huerta es defender la vida”.

Los comités advierten que este proyecto urbanístico que defiende Adsuara no es un caso aislado, “es el ejecutor local de un modelo que se decide en la Conselleria de Vivienda, donde la patronal de la construcción y el Gobierno valenciano comparten mesa para diseñar las leyes del suelo”. Además, su posicionamiento público ha coincidido con la reciente tragedia de la dana Adam, que ha dejado cuatro víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en la comarca de la Safor y la de la Marina Alta, y en la que se han confinado 145 municipios en el momento álgido, encerrando a 850.000 personas en sus casas, y unas 8.000 hectáreas de cultivo anegadas según AVA-ASAJA. Con centenares de viviendas y negocios afectados, la factura será multimillonaria y no se descarta la declaración de zona catastrófica. “Mientras todo esto pasa, Adsuara insiste en calificar de seguro un desarrollo que eleva las casas 80 centímetros sobre el nivel del agua”, lamentan desde los comités.

El marco legal: la Generalitat y la patronal del cemento

El PAI de La Font Baixa plantea sustituir buena del actual paisaje agrícola por un nuevo barrio residencial, con edificios de hasta 15 alturas, zonas verdes, servicios y espacios comerciales. Una transformación que el gobierno local defiende como una oportunidad para ampliar la oferta de vivienda y conectar urbanísticamente dos zonas del municipio. Sin embargo, para los CLER, no se entiende sin el marco legal que lo hace posible. El Plan Vive Comunidad Valenciana y el Decreto 180/2024 autonómico, reconocen que el plan se sustenta en “promover la colaboración público-privada, poniendo en común la capacidad operativa del sector”.

Además, el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo se presentó en la sede de la patronal de la construcción de Castelló (APECC), con el director general de Urbanismo de la Generalitat, Miguel Ángel Ivorra. Para los CLER, “que la patronal del cemento organice la presentación de la ley que regula el suelo es como invitar al lobo a diseñar el corral. Y después nos preguntan por qué no nos fiamos de los planes de inundabilidad”.

El cuento de los 80 centímetros y la presión por metro cuadrado

En su defensa del PAI de La Font Baixa, Adsuara argumenta que las viviendas se elevarán 80 centímetros sobre el nivel que alcanzaron las aguas en la última dana y que el proyecto incluye tanques de tormenta, un lago y 60.000 m² de zonas verdes. Para los comités, es una cortina de humo: “Elevar el suelo no resuelve la presión sobre el nivel freático ni la impermeabilización masiva del terreno. Y los 60.000 m² de zonas verdes no compensan los 140.000 m² de huerta que se hormigonarán”.

Las inundaciones de este pasado lunes 19 de octubre, con desbordamientos del rio Girona y el Vernisa, demuestran que la comarca no necesita más laboratorios de prueba con el agua, sino espacios que lo absorban. La infraestructura es frágil: hay que recordar el puente de Picanya y qué podría pasar con los pilares de alzamiento de los edificios.

Según señalan desde los CLER, el alcalde omite los siguientes cálculos: 940 viviendas en 140.000 m² son 6,7 viviendas por cada 1.000 m² (67 por hectárea). Con 2,5 habitantes por hogar, el PAI inyectaría 2.350 residentes permanentes y 1.410 vehículos adicionales en una red viaria ya colapsada. “¿Donde están los colegios, los centros de salud, el transporte público y las depuradoras? En el proyecto solo vemos torres y aparcamientos”. Además, aumentaría la contaminación por humos, residuos urbanos y el impacto de la construcción, que por proximidad afectaría directamente la Albufera.

De pueblo a zona dormitorio

Los comités alertan del modelo de pueblo que el PAI impone: “Un barrio de 940 viviendas sin ninguna equipación pública no es un barrio: es una zona dormitorio enganchada a la huerta”. Critican que el PAI no responde a las necesidades reales de Alfafar, sino a la lógica de la promotora: llenar suelo barato con vivienda nueva. Y consideran que “Alfafar no necesita más torres: necesita que las calles tengan vida, que el comercio local no cierre, que los jóvenes puedan quedarse en el pueblo y que la huerta sea un espacio productivo y de encuentro, no una valla publicitaria de una promotora”.

Los CLER apuntan que el PAI no solo cambia suelo por hormigón: sustituye población. “Con 940 viviendas nuevas y precios de mercado libre, el pueblo expulsa parte de su gente y atrae población de fuera, mientras el centro se vacía y el pueblo se convierte en una zona dormitorio donde solo se va a dormir. Y cuando la vida se traslada fuera, se pierden las formas de relacionarse, los espacios de encuentro, la vida de barrio y las fiestas patronales que durante generaciones han dado sentido y cohesión en Alfafar. Un pueblo no es un conjunto de torres: es su gente, sus costumbres, su memoria y su manera de vivir”.

Los CLER argumentan que “la solución al problema de la vivienda no es más hormigón sobre zona inundable, sino movilizar la vivienda vacía, declarar zonas de mercado residencial tensionado y articular un mercado protegido de alquiler”

También argumentan que “la solución al problema de la vivienda no es más hormigón sobre zona inundable, sino movilizar la vivienda vacía, declarar zonas de mercado residencial tensionado y articular un mercado protegido de alquiler”. “Si de verdad se quisiera resolver el problema de la vivienda, se empezaría por esto. El PAI no es la solución: es el negocio”, sentencia.

Llocnou de la Corona y la sombra de Bertolín

El alcalde de Llocnou de la Corona, Nicolás Pérez González —pueblo que limita con los terrenos del PAI—, ha mostrado su rechazo frontal y ha solicitado informes en Alfafar y a la CHX para evaluar el impacto en la inundabilidad y el aumento de población. “Adsuara dice que Llocnou también tiene agentes urbanizadores en el proyecto, como si esto fuera un argumento. Lo que Llocnou tiene es un alcalde que pregunta antes de hormigonar. Cosa que en Alfafar parece un ejercicio revolucionario”, ironizan los comités.

Los comités exigen transparencia y preguntan por qué Adsuara tiene tanto de interés en que el PAI salga adelante. La sombra de la constructora Bertolín planea sobre la operación: según el informe de la Agencia Tributaria, en el marco del caso Montoro, el grupo pagó casi 242.000 euros al despacho Equipo Económico, fundado por el ex minitro de hacienda en el gobierno de Rajoy, y aparece en la lista de clientes de ese despacho, a la vez que, de manera paralela, está señalada en causas de financiación irregular del PP valenciano. “La coincidencia de intereses entre una constructora con este historial y un alcalde del PP que lleva años empujando el proyecto nos parece, cuando menos, una casualidad muy curiosa”.

Consecuencias políticas y penales y moratoria ya

Los comités plantean una cuestión de fondo: “¿Querer seguir construyendo a sabiendas de lo que puede pasar no tendría que tener consecuencias políticas y penales? Si hay informes técnicos que alertan del riesgo, si el territorio ya se ha inundado y si la ciencia climática señala que estos episodios serán más frecuentes e intensos, aprobarlo no puede quedar impune”. Ponderan que cuando estas catástrofes suceden “no hablamos de mala suerte. Hablamos de decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias y responsabilidades”.

Por todo esto, los CLER exigen en el Ayuntamiento de Alfafar y en la Generalitat una moratoria inmediata de todos los macroproyectos y, en concreto, del PAI de La Font Baixa hasta que se hagan estudios hidrogeológicos independientes, se evalúe la capacidad de carga de los servicios y se abra un proceso de participación ciudadana real. “Mientras haya vecinos subidos a las azoteas a Oliva o en els Poblets, no permitiremos que se venda la moto de la ciudad blindada. El negacionismo no solo es negar el cambio climático; es negar que el agua vuelve. Y vuelve cada vez más fuerte”, razonan.  “Defender la huerta es defender la vida. La única pregunta es si el alcalde Adsuara estará esta vez mirando por el bolsillo de las grandes constructoras y de su partido o del lado de la prevención, la seguridad del territorio y la defensa de la vida”, sentencian.