Apenas 10 días después de una cesárea, D. S. se encontraba en reposo cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Rocafort entraron a su vivienda para proceder a su desahucio. “Empaquetad lo que podáis”, le repetían.

Así lo explica D. S., una de las afectadas por el desahucio de Rocafort, quien con una neonata y su otra hija de 7 años, fue desalojada junto con su pareja y ahora se encuentra sin un lugar estable donde vivir. Cómo ella, otras cuatro familias han pasado 13 días sin un techo fijo, denunciando la injusticia del proceso.

El Sindicato de Vivienda de València (SHV) y estas cinco familias han conseguido una orden de realojamiento después de un desahucio que consideran ilegal

El Sindicato de Vivienda de València (SHV) y estas cinco familias han conseguido una orden de realojamiento después de un desahucio que consideran ilegal. Aunque esta resolución judicial supone un triunfo contra la Sareb, continúa dejando las familias en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.

Las cinco familias, según denuncia el sindicato, fueron víctimas de un desalojo ilegal el pasado 23 de enero en Rocafort(València). Las afectadas fueron expulsadas de sus hogares, en un procedimiento “lleno de irregularidades”. Según el sindicato, la Sareb —propietaria de los inmuebles— llevó a cabo la orden en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Local y el Ayuntamiento de Rocafort, los juzgados de Moncada y la empresa Securitas Direct, y dejó en la calle menores, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas trabajadoras sin alternativa habitacional.

Un desalojo sin notificación previa

El pasado 22 de enero, la Guardia Civil notificó a varias familias de las calles Carbonell número 16 y Conde de Cirat número 15 que serían desahuciadas en tres días. A pesar de esto, el 23 de enero, a las 8 de la mañana, un despliegue policial, incluyendo la Guardia Civil y la Policía Local de Rocafort, hizo efectivo el desalojo. Este operativo expulsó a la calle a cinco familias, entre las cuales había ocho menores, sin ofrecerles ninguna alternativa habitacional.

“Nos dieron tres días para irnos, pero a la mañana siguiente ya estaban tocando a la puerta”. María, que vive con sus dos hijos de 15 y 16 años, cuenta con que después del desahucio ha estado durmiendo en el salón de una amiga. “Pero hay familias que ni siquiera tienen esto”, lamenta. Su hijo sufrió en septiembre un ataque epiléptico por primera vez y, desde entonces, la situación de estrés ha empeorado su salud. La presión policial fue constante durante el año que estuvo en la vivienda, hasta que el 23 de enero ejecutaron el desalojo. “Me siento muy cansada de luchar”, expresa desesperada.

“Nunca nos habían notificado que esto iba a pasar”, denuncia D. S., quien hasta este momento se encontraba en negociaciones con la entidad para obtener un alquiler justo

Para I. A., la situación fue un nuevo golpe después de años de inestabilidad. “Nos hicieron un contrato falso y lo firmamos. Creíamos que era un alquiler legal”, relata. Ella, sus hijos de 2, 5 y 10 años y la familia de su hermana llegaron a Rocafort después de pasar por un albergue. “Siempre hemos buscado alternativas, pero nos piden nóminas y contratos fijos que no tenemos. ¿Cómo viviremos?”, se pregunta.

“Nunca nos habían notificado que esto iba a pasar”, denuncia D. S., quien hasta este momento se encontraba en negociaciones con la entidad para obtener un alquiler justo. Las familias aseguran que nunca fueron notificadas oficialmente de su desahucio y que, en algunos casos, descubrieron que sus viviendas eran propiedad de la Sareb meses después de haberlas alquilado a intermediarios que les ofrecieron contratos fraudulentos. “Siempre quisimos llegar a un acuerdo y pagar un alquiler social, pero nunca nos dieron respuesta”, explica la afectada.

Los procedimientos judiciales abiertos en los juzgados n.º 1, 3 y 4 de Moncada aseguraban la permanencia de estas familias, pero el desahucio se llevó a cabo por vía del juzgado n.º 2 de la misma población

Ante esta situación, la SHV denuncia que la Sareb, como propietaria de los inmuebles, conocía la existencia de un procedimiento judicial en curso y, a pesar de esto, interpuso una nueva demanda por la vía penal a un juzgado diferente. Los procedimientos judiciales abiertos en los juzgados número 1, 3 y 4 de Moncada aseguraban la permanencia de estas familias, pero el desahucio se llevó a cabo por vía del juzgado número 2 de la misma población valenciana. Esta estrategia legal se llevó a cabo mientras la Sareb mantenía negociaciones con las familias sobre la posibilidad de firmar contratos de alquiler social.

Además, el SHV denuncia que la Guardia Civil concedió un plazo de tres días a las familias para abandonar sus viviendas, pero finalmente ejecutó el desahucio el día siguiente, lo cual ha provocado acusaciones de un posible delito de prevaricación.

Una victoria parcial: las familias vuelven a sus casas

Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda de València inició una campaña de presión para denunciar públicamente lo ocurrido y movilizar a organizaciones y medios de comunicación. Según el sindicato, la orden de desahucio fue revocada el mismo 24 de enero por el mismo juez que ordenó la ejecución del desalojo, después de considerar que el procedimiento había vulnerado los derechos de las familias y que existían casos de especial vulnerabilidad.

El juez Guillermo Alegre reconoció la ilegalidad del procedimiento y ordenó que se hiciera efectivo el retorno de las familias a sus viviendas. Sin embargo, denuncian que la Sareb se negó a cumplir la resolución y presentó un recurso para evitar el reingreso de las familias. Una solicitud que finalmente fue desestimada por la Fiscalía.

Los procesos judiciales que algunas familias ya tenían abiertos continuarán en marcha. “Ahora nos dan la casa pero, aun así, es temporal. Tenemos que volver a pasar por eso otra vez?”, se pregunta María

Después de 13 días de incertidumbre y sin un techo estable, este 5 de febrero las familias han podido volver a sus viviendas. El SHV califica el hecho como “una victoria sin precedentes en la lucha por el derecho a la vivienda”, aunque advierte que el problema no está resuelto. Los procesos judiciales que algunas familias ya tenían abiertos continuarán en marcha. “Ahora nos dan la casa pero, aun así, es temporal. Tenemos que volver a pasar por eso otra vez?”, se pregunta María.

El sindicato ha hecho públicas sus exigencias a la Sareb: la suspensión de todos los procedimientos civiles y penales contra las familias, la regularización de los alquileres sociales, la compensación económica por las pérdidas materiales sufridas durante el desalojo y la reparación de los desperfectos a las viviendas. También exigen la restitución inmediata de los suministros básicos, como por ejemplo el agua, que según denuncian fue cortada antes del desahucio.

“Somos la clase trabajadora que le da de comer a esa gente que ahora nos echa”, reivindica María. Tanto ella como la resta de las familias insisten que no buscan vivir sin pagar, sino acceder a un alquiler social justo que los permita estabilidad. “Queremos pagar un alquiler y vivir tranquilos. No somos delincuentes, somos trabajadores”, concluye I. A. Ahora, con estos precedentes se negociarán futuros alquileres sociales, si bien, todavía no hay una fecha fijada.

A pesar de que el SHV considera esta decisión judicial una victoria en su lucha contra los desalojos, advierten que su compromiso no acabará hasta que estas familias tengan acceso a una vivienda digna y segura. “Mientras el negocio inmobiliario esté por encima del derecho a la vivienda, la clase trabajadora tiene que organizarse en instituciones que defienden sus intereses”, reivindican desde el sindicato. Su reivindicación es clara: la lucha continuará hasta que se garantice el derecho a la vivienda para todas las personas afectadas.