València
La Generalitat impulsa el desahucio de 40 familias de un edificio que compró a un fondo buitre

Alrededor de 40 familias que residen en un bloque de viviendas del barrio de La Torre de València, propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), están siendo amenazadas por desahucios que la propia institución ha ordenado argumentando que ocupan ilegalmente las viviendas.

La mayoría se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, son candidatas para un alquiler social, están inscritos en las listas del EVha, y son atendidas por los servicios sociales, mientras que otras, a pesar de trabajar, han sido expulsadas o no han logrado acceder al mercado de la vivienda por los elevados precios del alquiler.

La finca de La Torre: una historia de fondos buitre, CaixaBank y estafas inmobiliarias

El bloque, que no terminó de construirse por la crisis económica del 2008, pasó a ser propiedad del fondo buitre Building Center, ligado a CaixaBank, que gestiona los activos inmobiliarios del banco y es responsable de cientos de desahucios en todo el Estado.

A partir de 2018, gran parte de las viviendas permanecieron vacías. Mientras algunas fueron arrendadas a través de contratos con la entidad financiera, otras acabaron convirtiéndose en escenario de estafas. Varias familias alquilaron pisos a ocupantes que los ofrecían de forma ilegal y cobraban rentas sin autorización. Aunque denunciaron los hechos ante la policía e intentaron posteriormente negociar un contrato con la entidad financiera, nunca lo consiguieron.

En 2022, bajo el Gobierno del Botànic, la Generalitat Valenciana adquirió el bloque con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda y frenar los desahucios. Durante el proceso, equipos técnicos visitaron a las familias residentes para evaluar sus circunstancias sociales y económicas, recopilando información necesaria para la futura adjudicación de alquileres sociales.

Sin embargo, los alquileres sociales nunca llegaron a formalizarse. En 2023, la llegada al gobierno valenciano del Partido Popular y la ultraderecha marcó un punto de inflexión para las familias residentes. A partir de 2024 comenzaron a dictarse órdenes de desahucio por las vías administrativa y penal, iniciándose las primeras expulsiones del inmueble. Desde entonces, el proceso ha continuado, y decenas de familias siguen enfrentándose a la incertidumbre sobre su futuro habitacional.

Amenazas, intimidaciones, desahucios y racismo: la nueva estrategia del EVHA

Desde la entrada del nuevo gobierno y el inicio de los desahucios, todas las personas afectadas coinciden en señalar, que Mª Teresa Simón Ramos, directora del EVHA, se ha personado en varias ocasiones en las viviendas junto a policía local y nacional para amenazar e intimidar a las familias, amenazando con dejarles en la calle mediante insultos racistas, dirigidos sobre todo contra personas gitanas. Según relatan, esta situación se ha repetido de forma sistemática hasta la entrada del Sindicat del Habitatge de València.

Las familias denuncian que las amenazas de desalojo no llegaron solas, le siguieron cortes de luz y agua. Aunque ya se habían producido cuando el inmueble era propiedad de Building Center, los residentes sostienen que, tras la adquisición por parte de la EVha, estos quedaron asociados a las amenazas directas de la directora de la entidad para que abandonaran las viviendas. En algunos casos, familias con menores y personas enfermas permanecieron días sin agua ni electricidad.

Por último, en el transcurso de casi un año se mantuvo un sistema de videovigilancia y un vigilante privado en el portal del edificio que obligaba a las visitas a identificarse antes de acceder al inmueble, como relatan varios testimonios “…era una humillación que nuestros familiares se tuvieran que identificar para hacernos una visita…”.

Pobreza, vulneración de derechos básicos, violencia de género y exclusión inmobiliaria

Detrás de cada una de las familias amenazadas por los desalojos hay historias marcadas por la precariedad, el racismo, las injusticias sociales y la pobreza. Todas comparten un mismo denominador común: familias excluidas por un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible. Los elevados precios del alquiler y las exigencias económicas impuestas por propietarios e inmobiliarias les han dejado fuera de las vías convencionales de acceso a una vivienda digna, desplazándolas dentro de la ciudad.

En muchos casos, llegaron al edificio después de agotar todas las alternativas y encontrarse al borde de quedarse en la calle. Algunas pagaron entre 600 y 1.000 euros a intermediarios del mercado ilegal para poder acceder a los inmuebles, una práctica que evidencia hasta qué punto la emergencia habitacional empuja a quienes carecen de recursos hacia soluciones desesperadas y a ocupar ilegalmente viviendas sin otra alternativa.

La mayoría son familias gitanas procedentes de Rumanía que emigraron tras la crisis del 2000 a distintos países europeos como Inglaterra, España o Alemania, donde ya habían sufrido décadas de racismo institucional

La historia de estas familias hace parte de una cadena de expulsiones residenciales que se remonta años atrás. La gran mayoría sobrevivían trabajando en el campo o recogiendo chatarra en ciudades como València cuando llegaron al edificio. Antes habían residido en viviendas precarias del Cabanyal sin cédula de habitabilidad, de las que también terminaron siendo desalojadas. Es decir, ya llevaban años siendo víctimas de la gentrificación y la exclusión residencial.

La mayoría son familias gitanas procedentes de Rumanía que emigraron tras la crisis del 2000 a distintos países europeos como Inglaterra, España o Alemania, muchas procedentes de las mismas regiones y con vínculos familiares, donde ya habían sufrido décadas de racismo institucional.

Según explica otro de los técnicos de las ONG que trabajan con las familias, se intentó que pudieran acceder a los procedimientos de adjudicación de vivienda impulsados por la EVha, pero el requisito del empadronamiento terminó excluyéndolas. “Debido a su situación de vulnerabilidad y a que viven ocupando, no lo tenían”, afirma. Aunque se solicitaron más de diez empadronamientos especiales, solo dos fueron aprobados, lo que dejó a la mayoría de las familias sin posibilidad de acceder al proceso en igualdad de condiciones.

Durante los años que llevan acompañándolos, aproximadamente desde 2021, aseguran haber presenciado cómo se denegaban ayudas bajo el argumento de que no residían de forma continuada en un mismo lugar o mantenían una supuesta situación de “nomadismo”

Todos los técnicos de intervención social entrevistados sostienen que el racismo estructural atraviesa también el acceso a las prestaciones y recursos públicos. Durante los años que llevan acompañándolos, aproximadamente desde 2021, aseguran haber presenciado cómo se denegaban ayudas bajo el argumento de que no residían de forma continuada en un mismo lugar o mantenían una supuesta situación de “nomadismo”, pese a que cumplían los requisitos exigidos. Asimismo, denuncian que en diversas ocasiones se le ha reprochado su labor de acompañamiento, fundamental para que estas personas pudieran acceder y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Una de las vecinas, desde el anonimato, nos relata como sufrió un episodio de violencia machista en el edificio. Según explica, su expareja se atrincheró en la vivienda junto a uno de sus hijos y la Policía Nacional tuvo que intervenir para rescatar al menor. Al día siguiente de la actuación policial, recibió una orden de desahucio. Actualmente cuenta con una orden de alejamiento contra su agresor.

Tras los hechos, intentó reparar los desperfectos ocasionados en la puerta mediante los servicios sociales de San Marcelino, presentando la documentación que acreditaba la intervención policial, pero sostiene que la EVha no autorizó la reparación, pese a que la propia directora de la entidad había comprobado in situ el estado de la vivienda. La situación de extrema vulnerabilidad no impidió que se celebrara el procedimiento judicial, en el que según relata la afectada la propia M.ª Teresa Simón Ramos argumentó que el inmueble ya había sido adjudicado a otra persona. Sin embargo, la jueza decidió suspender el desahucio al considerar la grave situación de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional.

Antes y en el propio juicio, trató de acceder a un alquiler social, pero desde el EVha siempre se lo negaron. En la actualidad subsiste gracias a la Renta Valenciana de Inclusión y mantiene a tres menores a su cargo. Por otra parte denuncia haber sido víctima de comentarios e insultos racistas por parte de la directora de la entidad, unos hechos que, según afirma, se produjeron incluso en presencia de agentes policiales.

“Podríamos pagar un alquiler social, pero siempre se nos ha negado; con los precios actuales podríamos pagar un alquiler, pero luego nos quedaríamos sin nada de dinero ni para comer”, explica Delly Ramírez

Una situación similar relata Delly Ramírez, de origen colombiano, que llegó a València junto a su familia huyendo de la inseguridad y de las dificultades económicas de su país. Lleva ocho años residiendo en el edificio y accedió inicialmente a una de las viviendas mediante un contrato de alquiler. Sin embargo, asegura que nunca ha conseguido regularizar su situación con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

Madre de cuatro hijos, perceptora de ayudas sociales y con su marido trabajando, Ramírez defiende que su familia dispone de ingresos suficientes para asumir un alquiler social. “Podríamos pagar un alquiler social, pero siempre se nos ha negado; con los precios actuales podríamos pagar un alquiler, pero luego nos quedaríamos sin nada de dinero ni para comer”, explica.

Su caso refleja una de las principales reclamaciones de las familias residentes: la posibilidad de acceder a contratos asequibles que les permitan permanecer en sus hogares sin verse expulsadas por un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible.

Otro de los técnicos que acompañan a las familias, que prefiere mantener el anonimato, explica que muchas de las personas ni siquiera entraron a vivir cuando la entidad pública era propietaria, sino cuando el inmueble pertenecía al fondo buitre. Asimismo, señala que desde los equipos de intervención social se ha intentado defender a las familias ante el EVha, los servicios sociales, la antigua Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València, cerrada por VOX, e incluso mediante alegaciones a los propios procedimientos de desahucio, pero nunca se ha conseguido paralizarlos por esta vía.

También nos recuerda las consecuencias humanas de estos desalojos y el trabajo de integración y apoyo social desarrollado durante años con las familias afectadas, el arraigo que tienen en el barrio, así como la escolarización de menores en el CEIP Padre Manjón, que se perdería y denuncia que se esté expulsando a personas de sus hogares sin ofrecerles una alternativa habitacional. Por último, subraya que muchas de ellas aún no se han recuperado del impacto de la DANA, que provocó la pérdida de vehículos imprescindibles para el trabajo de recolección de chatarra que sostiene parte de las economías familiares.

El Sindicat d’Habitatge de València: la unión hace la fuerza

El Sindicato de Vivienda llegó al barrio en noviembre, después de que se hubieran ejecutado los primeros desalojos. Desde entonces, al menos siete familias han perdido sus viviendas. Pablo Barbero, militante del sindicato nos explica sobre los lanzamientos que ya se han ejecutado y sobre uno que ha sido el que más ha impactado al vecindario, cuando tiraron las pertenencias de la familia por la terraza, que terminaron arrojadas a la vía pública, escenas que han contribuido a extender el miedo entre quienes continúan residiendo en los inmuebles afectados.

Junto a los desahucios ejecutados con presencia policial, vecinos y entidades sociales alertan también de la existencia de desalojos silenciosos. Nos explican que algunas de las viviendas han sido vaciadas y tapiadas durante la ausencia de sus ocupantes, que a su regreso se han encontrado con la pérdida de sus pertenencias y sus ahorros, ya que los bancos siguen negando el derecho a cuentas de pago básicas para inmigrantes en situación administrativa irregular, y sin posibilidad de recuperar sus hogares.

Barbero denuncia además una estrategia de presión constante por parte de la entidad pública propietaria de las viviendas, que, a su juicio, no se diferencia de las prácticas habitualmente asociadas a empresas de desocupación. El sindicato asegura haber tratado de abrir vías de diálogo mediante comunicaciones formales y un burofax, sin obtener respuesta. También afirman que algunas familias quedan atrapadas en un círculo difícil de romper: mientras ocupan las viviendas, se les sanciona y se les saca de las listas del EVha para acceder a un alquiler social y añade que hay varios casos que ya han sido penalizados.

A día de hoy, el sindicato ha contactado con tres de las familias a las que se les ha adjudicado una vivienda en régimen de alquiler social, y estas han manifestado que la entidad no se está haciendo cargo de las viviendas ni de los desperfectos existentes en ventanas, vitrocerámicas, así como de la presencia de una gran cantidad de moho y humedades. Aunque han presentado reclamaciones, aseguran que no están recibiendo respuesta. Asimismo, apoyan al resto de vecinos en su lucha contra los desalojos y en la negociación para acceder a un alquiler social.

En este contexto el objetivo inmediato del sindicato es evitar nuevos desahucios, frenar los llamados desalojos silenciosos y acompañar a las familias en cada procedimiento abierto. El trabajo se desarrolla caso por caso, en medio de un clima marcado por la incertidumbre. Muchas personas temen perder el único techo disponible para sus hijos; otras expresan su preocupación por las posibles consecuencias que una situación de exclusión residencial pueda tener sobre sus vidas familiares y otras tienen miedo de lo que les pueda pasar a sus hijos.

Para responder a esta situación, el sindicato ha comenzado a tejer una red de apoyos junto a colectivos y entidades del barrio. Entre ellas figuran Parke Alkosa, la asociación vecinal, el AMPA del CEIP Padre Manjón y los Comités de Emergencia, que buscan coordinar la respuesta a los inminentes desahucios.