València
El Institut Valencià de Cultura admite su falta del personal para gestionar el Circuit Cultural Valencià

Mientras la Generalitat anuncia grandes proyectos como el futuro museo Sorolla, la maquinaria encargada de hacer funcionar el engranaje de la política cultural en el día a día se encuentra al límite de su capacidad. Tanto es así que el Institut Valencià de Cultura (IVC) se ha visto obligado a pagar 207.000 euros a empresa Tragsatec, filial del grupo público Tragsa, para no verse desbordada por las gestiones de dos pilares clave para su proyecto cultural: el Circuit Cultural Valencià y el programa de subvenciones a los sectores culturales.

El encargo lo firmaba el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, el pasado 5 de mayo de 2025, solo unos días después de que el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón presentara desde Nueva York el acuerdo con la Hispanic Society. Esa millonaria operación contrasta con la situación del IVC descrita por su máximo responsable. Y es que, según reconocía López-Jamar en ese documento, los actuales trabajos de gestión del Circuit Cultural Valencià “exceden de forma notoria los medios personales y técnicos disponibles actualmente por el IVC”. A ello se le suman las necesidades creadas por la tramitación de las ayudas a los sectores culturales que hacen “imprescindible reforzar también esa línea de actuación”.

Esa ayuda externa solicitada de forma urgente contrasta con la reducción acumulada del 30% que la entidad ha sufrido en su partida de gastos de personal dentro de los presupuestos pactados por PP y Vox en 2024 y 2025, este último prorrogado en el actual ejercicio

En concreto, Tragsatec ha estado aportando al IVC durante nueve meses cuatro administrativos y dos técnicos en Derecho, que estuvieron trabajando hasta la semana pasada. Paradójicamente, esa ayuda externa solicitada de forma urgente contrasta con la reducción acumulada del 30% que la entidad ha sufrido en su partida de gastos de personal dentro de los presupuestos pactados por PP y VOX en 2024 y 2025, este último prorrogado en el actual ejercicio. Así mismo, la relación de puestos de trabajo del IVC, que debe actualizar las necesidades de personal de la institución, está congelada desde su última revisión en 2022, pese a que desde la dirección se reconoce que la carga de trabajo se ha incrementado durante estos años.

Solo en el pasado ejercicio el presupuesto total del IVC sufrió un duro ajuste del 11,6%. De hecho, en julio, apenas dos meses después de aprobados los presupuestos, la Generalitat tuvo que aprobar una aportación extraordinaria de 6 millones de euros para evitar el colapso económico de la institución. Al encontrarse los presupuestos de 2025 prorrogados, la Generalitat ha tenido que inyectar de nuevo hace unos días esa misma aportación económica para asegurar los mínimos gastos de funcionamiento del IVC.

Aunque jurídicamente el encargo realizado a Tragsatec no puede considerarse una externalización al tratarse de una empresa pública, en la práctica supone una dependencia del IVC de un entidad ajena

Aunque jurídicamente el encargo realizado a Tragsatec no puede considerarse una externalización al tratarse de una empresa pública, en la práctica supone una dependencia del IVC de un entidad ajena, en este caso ligada a la SEPI y estado central. Además, el carácter público de la empresa ha permitido agilizar los trámites para su contratación y evitar la publicidad de una licitación abierta.

Pese a que desde la dirección del IVC se afirma que los trabajos encargados a Tragsatec son limitados en el tiempo y tienen un carácter extraordinario, lo cierto es que afectan a dos ejes estratégicos de la política cultural valenciana, cuyo funcionamiento ha provocado históricamente numerosas críticas. López-Jamar justifica la medida por la fuerte ampliación del Circuit Cultural Valencià experimentado tras el último convenio firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para su desarrollo, lo que ha incrementado el número de localidades beneficiades y con ello los trámites de gestión, programación, contratación y control que debe asumir el IVC. Sin embargo, eso lejos de ser una cuestión coyuntural es la realidad consolidada en la que la entidad tendrá que desarrollar su gestión en los próximos años.

De hecho, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, que agrupa al colectivo de gestores culturales, no ha dejado de alertar sobre los problemas que arrastra el Circuir Cultural Valencià. Una de sus últimas críticas incidían en los plazos fijados por el IVC para ofertar a los municipios adheridos su catálogo para 2026. Según sus estimaciones, este proceso no estará listo hasta julio lo que provocará que estas poblaciones no podrán programar esta oferta cultural como mínimo hasta septiembre, limitándose así en la práctica a los últimos cuatro meses del año.

Mejor suerte han corrido los beneficiarios de los diferentes programas de ayudas a los sectores culturales, un tejido cultural que, como reconocía López-Jamar en su encargo a Tragsatec, está caracterizado en gran medida por una “fragilidad estructural” que le hace especialmente dependiente de estas ayudas. Tradicionalmente estas subvenciones han estado marcadas por los retrasos en sus convocatorias, lo que generaba inseguridades en los sectores afectados y les obligaba a afrontar plazos de solicitud y justificación de gastos muy ajustados. Este año, sin embargo, el IVC ha satisfecho la vieja demanda de los sectores culturales de convocar las ayudas en el primer trimestre del año y, de hecho, ya ha publicado las primeras convocatorias destinadas a las artes escénicas y el audiovisual.

Sin embargo, el refuerzo de Tragsatec no impidió que el pasado año algunas convocatorias se hicieran tan contrarreloj que el IVC se vio obligado a incumplir sus propias bases para poderlas tramitar antes de que acabara el ejercicio, como ocurrió en algunas ayudas a la producción cinematográfica, donde no se respetó la paridad de género en las comisiones evaluadoras. Más grave fue el caso de la línea ayudas prevista para documentales sobre tradiciones vivas y sectores artesanales tradicionales de la Comunitat Valenciana, que tuvo que anularse por carecer de tiempo para su tramitación en 2025. Esto supuso que se quedaran sin ejecutar ayudas por valor de 300.000 euros, lo que en la práctica implicó un recorte en las subvenciones previstas para el sector audiovisual del 4,3%.