Derecho a la vivienda
El Ayuntamiento de Gandía corta el agua a las familias vulnerables de la calle Perú

Son las once de la mañana del viernes 12 de mayo. Tatiana se asoma a la ventana preocupada, junto a su hija Marina. Las dos viven en el número 57 de la calle Perú de Gandía. Parecía una mañana habitual, pero no han podido ni lavarse los dientes. Del grifo ya no sale agua. En la acera, dos policías locales acompañan a los operarios que acaban de cortar las tuberías y de cimentar el acceso, dejando sin agua a todo el edificio.

Propiedad del ayuntamiento desde 2018, después de que la empresa constructora Inmobles Reunits de Catarroja lo dejara abandonado y sin terminar, el edificio aloja en la actualidad al menos cuatro familias vulnerables. Tatiana y Marina siguen intentando ser reconocidas como tal, pero la burocracia se convierte en una barrera todavía más alta para las personas migrantes. Ellas han sufrido ya dos intentos de desahucio, paralizados con la ayuda de la PAH Safor-Valldigna.

No ha corrido la misma suerte Francisco, que el 4 de mayo de 2022 fue desahuciado junto a su compañero Alejandro. La alternativa habitacional que ofreció el Ayuntamiento fue una cama durante algunos días en la 'Pensión Alberto', aunque el compromiso asumido in situ durante el desahucio era encontrar para él “una solución habitacional definitiva”, tal y como figura en el Auto de la comisión judicial. Aquel desahucio se ejecutó incluso en contra de un pronunciamiento de Naciones Unidas instando al Estado español a suspender este desalojo debido a las condiciones de vulnerabilidad y los problemas de salud que padece Francisco.

El desahucio se ejecutó incluso en contra de un pronunciamiento de Naciones Unidas instando al Estado español a suspender este desalojo debido a las condiciones de vulnerabilidad y los problemas de salud que padece Francisco

Las familias que todavía resisten en el 57 de la calle Perú se ven ahora obligadas a ir a buscar agua con garrafas a la fuente de un parque cercano “tres o cuatro veces al día y con ayuda de un amigo”, no solo para beber y cocinar, sino también para ducharse, fregar, limpiar y un sin fin de tareas de cuidados que no pueden realizarse sin un bien básico reconocido en los derechos humanos.

Sin ofrecer una alternativa habitacional, y con la vía judicial poniendo freno al desalojo por la situación de vulnerabilidad de los habitantes, el único camino que ha encontrado el Ayuntamiento para recuperar el edificio es “hacerles la vida imposible, pero no tienen otra opción que ir a la calle”, asegura Joan Cogollos, miembro de la PAH Safor-Valldigna.

Además, acusa al consistorio de estar “criminalizando la pobreza” para justificar sus actuaciones, usando la venta de drogas y las peleas en la zona “como pretexto para echarles”. “Llevamos desde 2015 trabajando con estas personas que no tienen otra salida que quedarse aquí”, sentencia Cogollos.

La llegada de las elecciones municipales tampoco está ayudando a la situación, y tanto el gobierno como la oposición tratan de sacar rédito político a nivel local. Ambos comparten el objetivo de desalojar Perú, 57, si bien se encuentran enfrascados en un cruce de acusaciones de populismo en torno a quién ha querido echarlos desde hace más tiempo.

En ese sentido, es curioso el giro del PSPV. La anterior alcaldesa, Diana Morant, ahora ministra de Ciencia e Innovación, llegó a participar en la paralización de uno de los desahucios del edificio. En 2015, también durante su alcaldía, se aprobaba una moción que declaraba Gandía como una “ciudad libre de desahucios”. Hoy, la campaña electoral gira en torno a lo contrario.