Derecho a la vivienda
El Consell valenciano se compromete a interceder para que el Gobierno paralice los desahucios
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige la aprobación urgente de un decreto que paralice los desahucios por razones de salud pública y de responsabilidad política. El Conseller valenciano de vivienda, Martínez Dalmau, ha asegurado que mediará con el gobierno central para paralizar los desahucios hasta finales de 2021 tras su reunión con el colectivo.

La crisis del coronavirus ha provocado una “desprotección total” de las familias en condiciones de vulnerabilidad ante la cual la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) exige la aprobación urgente de un decreto que suspenda todos los desahucios. El conseller valenciano de vivienda y vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, mantenía este martes una reunión con el colectivo tras la cual se comprometía a “mediar con el gobierno central” para aprobar una moratoria que paralice los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021.
“Es una moratoria para luchar contra los desahucios que no tengan alternativa habitacional y en los que la gente tenga el riesgo de quedarse en la calle”, ha declarado Martínez Dalmau una vez finalizado el encuentro con la PAH. Una propuesta que también cuenta con el apoyo de varias fuerzas políticas como Compromís, ERC, Podemos, Más País, Nueva Canarias y la CUP.
Con una moratoria de este tipo, el gobierno central podría dar respuesta a los reclamos que la sociedad civil viene haciendo, al menos, desde principios del mes de junio, cuando el poder judicial retomaba su actividad y se producía una vuelta de los desahucios paralizados desde el estado de alarma del 14 de marzo. Solo en los días hábiles comprendidos entre el 4 y el 30 de junio se ejecutaron en España 1.383 desahucios según los datos del Consejo General del Poder Judicial. “El tercer trimestre traerá cifras demoledoras”, lamenta el escrito presentado por la PAH a nivel estatal, con el que pretenden hacer llegar esta reivindicación urgente para paralizar todos los desahucios, incluidos aquellos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad previa a la pandemia.
“Nos parece cínico que le digan a la gente que se quede en su casa y al mismo tiempo se priorice el beneficio, sobre todo de los grandes tenedores, dejando a familias vulnerables en la calle”, ha expresado Jose Luis González, portavoz de la PAH en València. El caso de Espi, su hija María y los cinco menores que tienen a su cargo, da cuenta de ello. Desahuciadas en el Grao de València a finales de septiembre, todavía hoy permanecen en la habitación de un hostal y sin ninguna alternativa por parte de las administraciones.
AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO VALENCIANO DE VIVIENDA
Otro de los temas tratados fue el de la ampliación del parque público de vivienda. “Sabemos que tenemos un parque público que no está nutriendo la necesidad de vivienda que tiene la población valenciana”, ha reconocido Martínez Dalmau, y ha reiterado el compromiso de duplicar la cantidad de vivienda pública durante los próximos 10 años. “Es una herramienta muy importante para conseguir viviendas que irían a parar a los fondos buitre, y que de esta forma son adquiridas por la Generalitat Valenciana”, ha expuesto el Conseller.
Una ampliación que se está realizando, entre otras fórmulas, a través del derecho al tanteo y retracto, que permite la adquisición preferente de viviendas por parte de las administraciones valencianas, a nivel autonómico y municipal, priorizando la inversión en el parque público frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria.
En cuando al recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores del Partido Popular a la normativa valenciana que permite el tanteo y retracto, Martínez Dalmau ha recordado que “la vivienda es un derecho constitucional y tiene que estar por encima de cualquier otra cosa” y ha expresado su confianza en la presentación de las alegaciones para resolver el recurso y “dar un empuje en el derecho de tanteo y retracto, en la comunidad valenciana y en toda España”.
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