Derecho a la vivienda
Las familias de un bloque del Cabanyal, en lucha contra el fondo de inversión estadounidense Cerberus

El barrio marinero de casas bajas y calles estrechas del Cabanyal de Valencia se ha convertido en una de las zonas más atractivas de la ciudad para invertir en el negocio inmobiliario. Su proximidad a la playa y la tramitación del Plan Especial del Cabanyal (PEC), que contempla la construcción de un hotel de quince alturas, bloques residenciales de cinco metros de altura, aparcamientos y una residencia universitaria, han despertado el interés de inversores, que se han lanzado a la compra de viviendas para ofrecerles, posteriormente, en régimen de venta o alquiler turístico a unos precios inasequibles para las familias del barrio.

En el número 67 de la calle Vicente Brull se encuentra uno de estos inmuebles, un bloque de seis pisos propiedad del banco BBVA desde el año 2015 y ahora también del fondo de inversión estadounidense Cerberus.

La entidad bancaria embargó el edificio entero a su antiguo propietario, un particular, por no haber podido afrontar una hipoteca contraída con el BBVA. “A partir de ese momento, comenzaron los problemas”, recuerda Sara, una de las vecinas del bloque que hace dos semanas logró detener la tercera orden de desahucio. Sara tiene 35 años y hace 18 que vive en el Cabanyal, donde han crecido sus cuatro hijos, todos menores de edad. Ahora mismo se encuentra en el paro pero eso no quiere decir que esté parada. Ayuda a su pareja con la venta ambulante. Gracias a este trabajo, ganan al mes unos 500 euros y, hasta que el BBVA se convirtió en el nuevo propietario, “con esfuerzo”, recuerda, han podido pagar los 250 euros de alquiler.

Espai Veïnal Cabanyal contra el BBVA i Divarian

Rafel Atez

Desahucios

Espai Veïnal Cabanyal contra el BBVA i Divarian

Rafel Atez

El vídeo que publiquen hui a les seues xarxes socials marca l'inici d'una campanya contra el quint desnonament al carrer Vicent Brull 67 del Cabanyal.

Tras la adquisición del BBVA, se subrogaron los contratos de las arrendatarias y no las pudieron sacar del inmueble. Sin embargo, el banco no notificó ninguna cuenta bancaria donde pudieran continuar abonando el alquiler. “No pagábamos el alquiler porque no sabíamos donde teníamos que ingresarlo. En ningún momento, se nos comunicó nada”, cuenta Sara. Ahora mismo, solo residen una vecina con contrato de renta antigua (que no podría ser expulsada de manera inmediata) y tres familias, dos acusadas por impago de alquiler y una que vive en régimen de okupación.

En estos casos, según explican desde Espacio Vecinal del Cabanyal, colectivo en defensa de una vivienda digna para las familias del barrio, las vecinas deben notificar que el nuevo arrendatario, en este caso BBVA, no les quiere cobrar la renta y, entonces, el juzgado tiene la obligación de abrir una cuenta para que las inquilinas hagan los ingresos en sede judicial. Pero, “mucha gente no sabe cuáles son sus derechos y no conoce que existe esta posibilidad”, lamenta el miembro de Espacio Vecinal Guillermo Ribera, quien anuncia que, debido a las negativas a negociar del BBVA y del fondo de inversión, a principios de septiembre arrancará una campaña de movilización para exigir a “la entidad bancaria y el Ayuntamiento un alquiler social para las familias del bloque”.

Del BBVA a un fondo buitre gestionado en España por el hijo de Aznar

Entre los meses de septiembre de 2018 y enero de 2019, el Espacio Vecinal del Cabanyal consiguió a contrarreloj paralizar las tres primeras órdenes de desahucio de tres familias del inmueble. Las de Sara, Khat (quien ha dejado el piso hace unos meses) y Abraham, Francesca y su hijo menor de edad. Sara y Abraham se apoyaron en el colectivo desde el principio. “Si no fuera por ellos, no hubiera sabido que se puede detener un desahucio. No sé dónde estaría ahora mismo con mis cuatro hijos”, comenta Sara.

Sara y algunos miembros de Espacio Vecinal del Cabanyal visitaron una sucursal del BBVA e intentaron negociar hasta que la entidad bancaria les comunicó que “esto ya no dependía de ellos”, matiza la inquilina. El BBVA había vendido sus activos inmobiliarios al fondo de inversión estadounidense Cerberus Capital Management, uno de los principales competidores de Blackstone. Para gestionarlos crearon una compañía: Divarian Propiedad SA, con vínculos en Bulgaria a través de su presidente y príncipe de Bulgaria, Konstantin Assen Sajonia. El 80% de los activos de Divarian son propiedad de Cerberus, gestionado en España por el hijo mayor del José María Aznar, José María Aznar Botella, a través de una filial. El banco conserva el 20%.

Según páginas de información mercantil, el BBVA mantiene este 20% a través de dos directivos, Cesáreo Rey-Baltar y José Ferris Monera, que están presentes también en el consejo de administración de la constructora Metrovacesa, impulsora del Programa de Actuación Integrada (PAI) en el barrio de Benimaclet. Para Guillermo Ribera, estos movimientos responden a unos “claros intereses económicos a la hora de gestionar la vivienda y el territorio”.

“Es un proceso en el que el gran capital inversor deja de invertir en el capital físico, que sería la bolsa, y se traspasa al capital real, que es la vivienda”, concluye.

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, Cerberus, que hasta el momento gestionaba principalmente fondos de pensiones, aterrizó en España con la creación de la filial Promontoria Plataforma, de la que nombró consejero al hijo mayor de Aznar y que luego cambió el nombre por el de Haya Real Estate. Durante todos estos años ha engordado sus propiedades a través de la compra de gigantes carteras de préstamo y activos adquiridos a las entidades financieras. Algunas de sus principales operaciones fueron la adquisición de 17 millones de euros de activos inmobiliarios de la Sareb, el llamado banco malo, en el año 2012; de 7.300 millones de euros de inmuebles y créditos promotores de Cajamar, o la compra de 35.700 inmuebles que pertenecían a Banco Santander en septiembre de 2018.

Fin de las negociaciones

A través de un intercambio de llamadas y correos, ya que Divarian no tiene sede física en Valencia, empezaron las negociaciones con el fondo de inversión. Se logró detener la segunda orden de desahucio de Sara y su familia a la espera de un alquiler social y Divarian se comprometió a “no efectuar ningún desahucio más hasta que las familias consiguieron una alternativa habitacional”, explica Ribera. Sin embargo, “sin avisarnos y sin darnos ninguna explicación, emitieron la tercera orden de desahucio contra Sara el pasado 4 de julio”, añade.

El Espacio Vecinal ha conseguido detener esta última orden a través de un recurso basado en el reciente Real Decreto 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el cual contempla la suspensión de los desahucios durante tres meses “en los casos en que acredite la vulnerabilidad socioeconómica de las familias”. Desde el colectivo advierten que “la lucha será muy larga” y alegan que aún no han podido hablar con los responsables municipales debido a las campañas electorales y los comicios autonómicos y estatales.

Las familias afectadas han movido cielo y tierra para encontrar una alternativa habitacional, lo que parece pasar desapercibido para los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, que no tiene pruebas de este interés por encontrar soluciones dentro de la legalidad. “He hablado con servicios sociales y me han dicho que estoy en una bolsa de vivienda urgente, pero no me llaman”, comenta Sara. Su pareja y ella también se han recorrido el barrio en busca de una vivienda digna y con un alquiler asequible, pero “o bien piden precios desorbitados, avales o las tres últimas nóminas, o los pisos se destinan a los turistas”, denuncia.

Según el informe Efecto Airbnb en la ciudad de Valencia, elaborado por la Cátedra Institucional de Economía Colaborativa de la Universidad de Valencia y la plataforma de alojamiento web asociativo Montera34, el distrito Poblats Marítims, formado por cinco barrios —el Grado, Cabanyal-Canyamelar, Malvarrosa, Beteró y Nazaret—, es la segunda zona de la capital del Turia donde más anuncios de viviendas completos hay publicados en Airbnb, detrás de Ciutat Vella.

El informe recoge un total de 889 anuncios, de los cuales 404 tienen licencia y 485 no. Asimismo, en los últimos cuatro años, la oferta de pisos de alquiler disponible en la ciudad de Valencia se ha reducido a más de la mitad y, prácticamente, ha desaparecido la oferta de vivienda asequible. Según el informe realizado en el marco del Plan estratégico de vivienda, elaborado por el Ayuntamiento en el año 2016, el portal inmobiliario Idealista, los pisos con un coste inferior a los 450 euros mensuales disminuyeron de 2.093, en el año 2014 , hasta 233, en enero de 2017.