Derecho a la vivienda
La ONU exige una vivienda para una familia que reside en una tienda de campaña

Una familia de cuatro miembros, con dos hijos de 18 y 25 años, viven desde primeros del mes de julio en una tienda de campaña en la ciudad de Alicante a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha conminado al Estado español a que le otorgue una vivienda. El organismo exige que se dé una alternativa habitacional al menos mientras se examina su caso y se dicta la resolución.

Aún así, la familia continúa residiendo en la calle. Viven en una improvisada instalación de camping en el barrio de La Sangueta, frente al mar. Se protegen del sol con una lona que da un calor insorportable, pues hace efecto invernadero. Con ingresos de 960€ mensuales, procedentes de la Renta Valenciana de Inclusión (concedida desde el pasado mes de mayo), Jan decidió adquirir una tienda de campaña en la que poder acoger a su familia y acampar en el extrarradio de Alicante a la espera de una vivienda social.

Viven en una improvisada instalación de camping en el barrio de La Sangueta, frente al mar. Se protegen del sol con una lona que da un calor insorportable, pues hace efecto invernadero.

La oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), mediante una comunicación del 28 de julio ordena al Estado Español a “tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores (familia desahuciada), mientras el caso está siendo examinado por el Comité, otorgándoles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades”.

La alternativa habitacional que exige el DESC de la ONU ya fue solicitada por el Sindicat de Barri de Carolines, Karam y Cometas y sonrisas, colectivos que han seguido el caso, en numerosas ocasiones previas al desahucio. Desde el pasado día 29 de junio, día que se materializó el desalojo de su vivienda,  Jan Halabrin y su familia no tienen más remedio que malvivir en su improvisada parcela de camping.

“los Servicios Sociales mantienen una actitud poco empática, nada colaborativa y en definitiva no han ofrecido alternativa habitacional alguna, ni alojamiento temporal en un hostal que normalmente otorgan en situaciones similares”

Los colectivos denuncian que se acudió a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, al EVHA e incluso al Pleno del Ayuntamiento. En un comunicado, afirman que “los Servicios Sociales mantienen una actitud poco empática, nada colaborativa y en definitiva no han ofrecido alternativa habitacional alguna, ni alojamiento temporal en un hostal que normalmente otorgan en situaciones similares”. De hecho, el consistorio alicantino ha devuelto este año 319.000 euros de la Generalitat de un fondo destinado a alojar a familias vulnerables de forma provisional, como la de este caso.

Desde los colectivos exigen “al Ayuntamiento de Alicante, al Patronato Municipal de la Vivenda, al EVHA y a cualquier entidad u organismo público competente en vivienda que cumpla con la medida cautelar impuesta por el DESC de la ONU otorgándoles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades” a la familia que, en la actualidad, vive en condiciones de extrema precariedad en una tienda de campaña“. Por otro lado,  agradecen ”la colaboración ante el DESC de la Unidad Ayuda ante Desahucios (UAD) de la recientemente desaparecida Consellería de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge".