Crisis climática
Ante la emergencia eco-social mundial, ¿Green New Deal o planificación socialista de la economía?

El amplio consenso científico sobre la crisis ecológica planetaria a la que se enfrenta la humanidad, y que tiene como uno de sus factores más destacados y publicitados el cambio climático, marcará inevitablemente de aquí en adelante el debate público y político mundial. En el ámbito de la izquierda, la propuesta que más atención mediática está recibiendo es el denominado Green New Deal, que en nuestro país tiene entre sus principales defensores a Héctor Tejero y Emilio Santiago Muiño con su reciente libro ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal. Los autores son dos personas vinculadas a la izquierda ecologista institucional, concretamente al partido Más Madrid creado por Íñigo Errejón y Manuela Carmena.

Durante los primeros capítulos del libro-manifiesto, Tejero y Santiago describen acertadamente la magnitud del problema al que nos enfrentamos y hacen un llamamiento a no dejarse seducir ni por el catastrofismo, que nos llevaría al inmovilismo, ni por la complacencia. En este sentido, critican el autoencierro de las propuestas decrecentistas, que son incapaces de proponer nada que conecte con gente fuera de la burbuja de su activismo comprometido. El problema viene cuando se pasa al análisis del sistema económico que ha ocasionado la crisis ecológica, y ligado a ello, también a la hora de plantear las posibles alternativas para enfrentarla con eficacia.

Para definir su enfoque, Tejero y Santiago consideran que el conflicto de clase “no ha desaparecido”, pero “esa acumulación clara [...] de luchas, ideologías, visiones del futuro, tácticas y organizaciones se ha quebrado dando lugar, en el mejor de los casos, a una miríada de bolsas resistentes, militantes heroicos y nostalgias varias sin perspectiva colectiva real” (p. 143).

Es decir, se considera que la vigencia de la contradicción trabajo-capital no emerge tanto de la esencia del capitalismo como modo de producción, un sistema basado en la explotación del trabajo por parte de los dueños de los medios de producción, sino que radica más en cómo y con qué intensidad se expresa políticamente ese conflicto de clase. Y como consideran que esa contradicción ya no se expresaría de una forma tan directa en el tablero político-institucional (como si la hegemonía neoliberal y los continuos recortes sociales de los últimos años no fuesen precisamente manifestación suya), se entendería que ha dejado de ser central para el cambio social y por tanto toca, si no abandonarla, entenderla como una lucha más dentro de una larga serie de conflictos.

El caso es que lo que critican estos autores encaja poco con el análisis marxista de la contradicción capital-trabajo, y casa más con las posturas posmarxistas de autores como Ernesto Laclau. Para Marx, la clave en esta contradicción no reside en que la podamos percibir de forma políticamente abierta (en militancia, parlamentos, huelgas, insurrecciones, etc.). Ésta es una expresión importante, sí, pero la esencia de esa relación social radica en la forma en que el valor, la riqueza en abstracto, se produce en las sociedades capitalistas, mediante la explotación de esa mayoría destituida de medios de producción y que se ve forzada a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta explotación se producía ya antes de que surgiera ese movimiento obrero al que Tejero y Santiago miran como época pasada, y, si uno apoya las ideas de Marx, existe todavía, por mucho que se encuentre debilitado o desorientado. No es una cuestión de cómo se presentan las cosas en apariencia, sino bajo la superficie.

Pero si uno mueve el foco lejos de cómo funciona la producción capitalista para centrarlo en los ámbitos institucionales, culturales o redistributivos, corre el riesgo de perderse en las apariencias. Resulta previsible entonces que los autores afirmen que “no es cierto (...) que la lucha de clases tenga el monopolio del cambio social, que su papel sea radicalmente transformador, pues en la mayoría de los casos es redistributivo, ni que el proletariado juegue un rol mesiánico en la historia como portador del comunismo” (p. 144). Y desde esta premisa, la conclusión política a la que llegan parece inevitable: “ha quedado patente que ni el mercado es una institución que pueda ser completamente abolida ni que un horizonte social poseconómico y pospolítico, que armonice todos sus conflictos, puede superar el estatus de programa utópico” (p. 144). 

Sin embargo, que el mercado no haya podido ser abolido todavía no demuestra justamente más que eso, en ningún caso que se trate de una tarea imposible, o que aquél sea una institución consustancial a la humanidad. Lo relevante aquí es comprender que una propuesta que pretenda atacar la raíz de la crisis ecológica generada por la dinámica ciega, expansiva y depredadora del modo de producción capitalista debe coger el toro por los cuernos y proponer otra forma de funcionamiento económico que supere la anarquía productiva, la competencia mercantil y la acumulación compulsiva de capital.

Lo contrario, como defienden los partidarios del Green New Deal, es esperar que, sin alterar las leyes fundamentales del capital, mediante la mera introducción de regulaciones o contrapesos institucionales al mercado, puedan resolverse los graves problemas sociales, económicos y ecológicos que enfrenta la humanidad.

¿Pero por qué los autores insisten en que el “poscapitalismo [en la versión que ellos defienden] reconocerá su lugar a la propiedad privada y a la iniciativa empresarial, sin duda” (p. 220)? ¿Qué clase de “poscapitalismo” es ése que mantiene intactas las bases del régimen económico que pretende superar, y que son precisamente la causa de los problemas sociales, económicos y ecológicos a los que nos oponemos?

La respuesta es que, al carecer de una comprensión precisa del funcionamiento capitalista y de sus leyes, resulta imposible oponerle una verdadera alternativa. Así, antes de declarar que la “propiedad privada de los medios de producción” y los “mercados competitivos” (“aunque siempre razonablemente regulados”, faltaría más)  tendrán su lugar en el “poscapitalismo”, Tejero y Santiago afirman que “la planificación económica, como la que actualmente tiene lugar dentro de las propias empresas capitalistas [...] es irreal pensar que pueda suplir completamente el papel de los mercados, especialmente en sectores de consumo final en los que el logro de una oferta variada de estilos, colores, etc., cumple un papel antropológico clave en la formación de identidades” (p. 218); y añaden: “las experiencias de planificación centralizada, hasta la fecha, han demostrado ser un mal mecanismo para gestionar información microeconómica, que es por esencia capilar y dispersa” (p. 219). Hemos llegado con esto a la última estación del trayecto: la crítica de la escuela liberal austríaca al socialismo, que aduce la imposibilidad lógica y práctica de superar el mecanismo mercantil como base para organizar de manera eficiente la producción. Pero esta crítica, que pudiera parecer remitirse a obviedades técnicas, y que no concreta nada en absoluto, carece de todo fundamento, y lo que es más decisivo, en su versión “progresista” y “verde” busca impedir que los sectores de población más conscientes de la emergencia eco-social planetaria se acerquen a las ideas del marxismo.

¿Es viable una economía socialista planificada? 

Organizar de manera eficiente una economía compleja como la actual, donde se elaboran decenas de millones de productos distintos, no solo enfrenta un problema “técnico” de tipo computacional y de optimización, es decir, un problema de carácter “estático”, porque toma como dada buena parte de la información necesaria para realizar los cálculos pertinentes, sino que debe hacerse cargo también de un problema “económico” de decisión y valoración humanas, en este caso de carácter “dinámico”, relativo a cómo crear y movilizar nueva información sobre nuevos bienes, tecnologías e inversiones. 

La planificación es el dispositivo institucional que permite hacer operativo el principio comunista de regulación consciente, racional y democrática del proceso productivo social

Naturalmente, los economistas partidarios del régimen capitalista alegan que ninguno de estos dos problemas puede resolverse adecuadamente sin la propiedad privada de los medios de producción y en ausencia de procesos de mercado. Consideran que la propiedad colectiva, en la medida en que pone fin a la atomización productiva capitalista, conduce necesariamente a la existencia de una “sola voluntad” o centro de decisión desde donde se programaría hasta el último detalle de la economía. Un “centro” que además debería ser “omnisciente” porque, según suponen estos críticos, planificar una economía compleja requeriría prever el comportamiento humano. Y como algo así es, por definición, imposible, entonces la planificación resultaría inviable, lo cual convertiría el comunismo en un mero “error intelectual”.

Hay que notar aquí que este planteamiento es compartido por todo el espectro político anti-comunista, desde el liberalismo (más o menos fascistoide) hasta el eco-socialismo decrecentista, pasando por la socialdemocracia, el populismo o los defensores del socialismo de mercado. Para todos ellos, aunque cada cual con su matiz, el mercado (más o menos idealizado) constituye un horizonte insuperable como mecanismo de asignación de recursos y creación de información para el cálculo y la coordinación económica.

Pero esta concepción se basa en una completa confusión sobre el significado del comunismo como proyecto de emancipación humana y también de la planificación económica como instrumento institucional para lograrla. Lo primero que conviene aclarar es que planificar una economía en un sentido comunista no tiene nada que ver con el intento de edificar alguna Arcadia Feliz, ni presupone algún tipo de omnisciencia de las autoridades económicas. Sencillamente, como decíamos, la planificación es el dispositivo institucional que permite hacer operativo el principio comunista de regulación consciente, racional y democrática del proceso productivo social. Ello no implica de ningún modo una única instancia de decisión, un “centro” desde el que se determinaría cada detalle de la vida económica, sino únicamente que la distribución de competencias entre los distintos ámbitos, niveles y agentes que intervienen (autoridades, consejos, unidades productivas, usuarios y consumidores, etc.) sea coherente y asegure la organicidad de todo el proceso general de toma de decisiones.

El modelo de economía comunista planificada que esbozamos aquí en sus líneas generales da respuesta a las objeciones señaladas y permite resolver los dos problemas apuntados antes. Con base en las actuales tecnologías de la información y comunicación (superordenadores, big data, inteligencia artificial o internet de las cosas), una economía democráticamente planificada funcionaría como un sistema distribuido, centralizado y descentralizado a un mismo tiempo, similar a internet. Un sistema así permite la gestión de los flujos de información en tiempo real, articulando en ese proceso el conocimiento y las decisiones locales en el marco de un plan general de la economía.

La necesidad de coordinación coherente y visión estratégica exige centralización. Mientras que la necesidad de información detallada y promoción de la libre iniciativa local exige algún grado de descentralización. Las decisiones se tomarán en uno u otro nivel dependiendo de la naturaleza de la decisión en cuestión. Así, las decisiones que requieran una amplia coordinación para conseguir un resultado óptimo (como las grandes infraestructuras), deben estar suficientemente centralizadas para evitar actuaciones en paralelo y solapamientos, mientras que las decisiones que requieran información local detallada y no impliquen problemas de coordinación (por ejemplo, decidir la variedad y características concretas de los medios de consumo) deben estar suficientemente descentralizadas; aquí la descentralización adopta una forma no mercantil, pues en ningún caso hay control privado sobre los recursos y la inversión, ni lo producido responde a la lógica del beneficio.

En esta perspectiva, una economía democráticamente planificada debe reunir dos tipos de condiciones fundamentales para ser viable y eficiente: tecnológicas, para poder calcular costes, asignar recursos y procesar la información en ausencia de procesos de mercado; e institucionales, para establecer los organismos y procedimientos de participación y toma de decisiones económicas, muy particularmente de la inversión. La solvencia tecnológica y una institucionalidad robusta serían las claves, por tanto, para dotar al funcionamiento económico comunista de cierto automatismo que lo mantenga alejado del burocratismo y de los vaivenes del voluntarismo político, tan característicos de experiencias pasadas. Así, se posibilita además centrar la participación y deliberación colectivas en los asuntos realmente decisivos de la vida económica y social, liberando a los productores de las tareas puramente técnicas y administrativas del funcionamiento económico.

Estas exigencias tecnológicas e institucionales se materializarían en el diseño de un dispositivo de planificación con dos tipos de circuitos o procedimientos de coordinación económica que operarían superpuestos, desempeñando funciones distintas pero complementarias: i) por un lado, procedimientos de coordinación científico-técnica: basados en la optimización matemática y la inteligencia artificial para la asignación eficiente de recursos, donde se hace uso de la información ya existente, y se reasigna en función de los cambios en las preferencias de consumo de la población; desde esta óptica, una economía planificada funcionaria de un modo similar a cómo organizan y gestionan en tiempo real la cadena de suministros grandes empresas actuales como Amazon o Wal-Mart; y ii) por otro, procedimientos de coordinación y decisión económica: con el diseño de una estructura institucional para el control social de la inversión y el fomento de la innovación empresarial; aquí se trata de generar nueva información de forma descentralizada, a través de una estructura de participación plural, que involucra a actores muy diversos y con un adecuado sistema de incentivos. Detallamos todo ello en los dos apartados siguientes.

La coordinación tecnológica: optimización matemática

No existe una única opción de planificar una economía compleja como, sin duda, debe serlo una economía socialista: ya sea mediante programación lineal, mediante algoritmos que maximicen una determinada función que represente el ajuste entre lo producido y lo consumido, o mediante la estructuración de la economía nacional como si de una red neuronal automatizada se tratase; lo relevante es que cualquiera de estas opciones es hoy día técnicamente factible.
En el caso de la programación lineal, se trataría de optimizar una determinada función objetivo –optimización que se encontraría sujeta a determinadas restricciones (recursos y tecnologías disponibles, por ejemplo): dicho óptimo depende de lo que se vea representado en la función mencionada; si queremos optimizar costes (de recursos materiales o tiempo de trabajo humano), la optimización sería una minimización de dicha función; si, por el contrario, lo que se busca es optimizar la producción de un determinado bien, estaríamos ante un problema de maximización de la función objetivo.

En cualquier caso, se trata de procesos equivalentes matemáticamente y que no presentan dificultad técnica alguna, una vez se dispone de la información necesaria para resolver el problema matemáticamente planteado. También mediante la programación lineal es posible identificar en qué áreas resulta más rentable la inversión de una unidad adicional de recursos con respecto a la optimización que se quiera conseguir de la función objetivo.

En cuanto a los algoritmos recursivos, estaríamos ante una serie finita de instrucciones que, dados unos datos iniciales, y una función a maximizar (que, por ejemplo, podría medir la divergencia de lo producido respecto a lo planificado o, siguiendo a Cockshott y Cottrell en su Towards a New Socialism, la armonía de una economía socialista planificada), irían procesando los datos suministrados hasta llegar, en un lapso razonable de tiempo, a una asignación de recursos determinada. La dificultad técnica, en este caso, estriba en garantizar las condiciones de convergencia de los algoritmos, algo que viene dado tanto por el conjunto de instrucciones, como por la forma en la que la información económica es suministrada a dichos algoritmos recursivos.

En este sentido —en el de organizar de manera sistemática la información económica de una economía planificada— se trataría de representar las diferentes relaciones de producción concretas mediante una matriz insumo-producto de la economía nacional que, siguiendo al economista ruso-americano Leontieff, describiría, en ecuaciones lineales cuyo contenido vendría dado por unos determinados coeficientes técnicos, qué cantidad de qué recursos son necesarias para producir, en promedio, una unidad de tal o cual industria.

Por todo lo dicho, creemos que es suficientemente claro —para quien quiera verlo— que una economía socialista planificada es, hoy, tecnológicamente viable: la pretendida imposibilidad “técnica” del socialismo hace ya mucho tiempo que dejó de ser un problema.  Y, si el problema que se esgrime es el de la obtención de la información necesaria, responderemos que existen medios técnicos lo suficientemente popularizados que permiten el control, en tiempo real, de los procesos productivos. Al afirmar la factibilidad de una economía socialista planificada no creemos estar lanzando ningún brindis al sol: un solo año fue todo el tiempo que necesitó una modesta economía como la chilena de los años 70, bajo el Gobierno de Allende, para poner en marcha el proyecto Cybersyn, un sistema de gestión planificada en tiempo real de la industria nacionalizada y que buscaba democratizar el proceso de toma de decisiones económicas.  

La coordinación económica: control social de la inversión

El otro pilar del modelo de planificación que proponemos es el control social de la inversión. Esta sería la condición necesaria para orientar democráticamente el desarrollo económico (votando sobre los principales objetivos, proyectos e indicadores macroeconómicos) y, al mismo tiempo, impulsar la innovación empresarial de forma descentralizada, fomentando el emprendimiento en un marco de propiedad social de los medios de producción. 

El procedimiento que proponemos para asignar la inversión sigue los siguientes pasos e involucra a tres tipos actores con funciones, competencias e incentivos distintos:

1) El Plan Estratégico de la economía (elaborado periódicamente por autoridades elegidas democráticamente) establece las prioridades de desarrollo económico y social: cambios en la estructura sectorial de la economía, creación de nuevas infraestructuras, proyectos de desarrollo tecnológico, reconversión energética, ordenación del territorio, etc. Para alcanzar todos estos objetivos el Plan asigna recursos a través de dos vías complementarias: i) de manera centralizada, asignando directamente la inversión a actividades y proyectos concretos (priorizando determinadas ramas, investigaciones, nuevas tecnologías, infraestructuras, etc.); y ii) de manera descentralizada, por medio de Consejos de Inversión sectoriales que son elegidos democráticamente y que se encargan de decidir sobre los nuevos proyectos empresariales. El incentivo para que las autoridades de planificación actúen de forma diligente viene dado por su carácter electo con revocabilidad de todos sus miembros.

2) Los Consejos de Inversión (CI) constituidos en las distintas ramas disponen de fondos que establece el Plan Estratégico y deben asignarlos a las diferentes propuestas que les presentan los emprendedores. Los proyectos empresariales seleccionados se incorporan al Plan Detallado de la economía y su posible consolidación en el aparato productivo global se determina por prueba y error, en función de si se cumplen determinados objetivos  (ahorro, calidad, etc.) y, en última instancia, por el veredicto de los consumidores con sus decisiones de compra. Además de su carácter de órganos electos, el incentivo para estos CI serían primas dependiendo de si los proyectos seleccionados tienen el respaldo de los consumidores, o de si cumplen determinados objetivos económicos.

3) Los Emprendedores (individuos o equipos) plantean sus propuestas sobre nuevos productos, técnicas o proyectos empresariales a los CI buscando financiación. Las plataformas para el desarrollo de la innovación empresarial serían similares a las que operan hoy: incubadoras, encargadas de acoger proyectos en fase de gestación (transformando el conocimiento en productos) que cuentan con asesoría especializada, capacitación e infraestructura; aceleradoras: para el desarrollo de proyectos o startups y donde se evalúa su inserción “técnica” en el aparato productivo. Los incentivos para los emprendedores pueden ser materiales, en forma de primas de acuerdo al éxito que alcance el proyecto, y profesionales, con la posibilidad de desarrollar y dirigir durante un tiempo un proyecto empresarial propio. Se trata, en cualquier caso, de incentivos no ligados a la propiedad de los medios de producción, que es algo que ya sucede en las actuales economías capitalistas, donde es habitual que los emprendedores no sean los titulares de las empresas.

Todo el proceso descrito se inscribe dentro de una estructura pluralista de actores, instancias de decisión y prácticas para favorecer la iniciativa individual y la rivalidad en un marco de propiedad social de los medios de producción. La descentralización adopta una forma no mercantil, ya que no existe control privado de los recursos ni competencia (“libre movilidad del capital”), por lo que no se generan dinámicas compulsivas de la inversión y se evita la anarquía de la producción, que son los rasgos más típicos del funcionamiento capitalista. Al mismo tiempo se moviliza el conocimiento disperso de los diversos agentes, superando así la objeción que plantean los economistas liberales. Otro rasgo destacado de la fórmula propuesta es que en ella los organismos de planificación (al nivel que corresponda) son meras agencias técnico-administrativas de coordinación, sin competencias para decidir sobre los proyectos empresariales a emprender, pues solo canalizan información y coordinan decisiones descentralizadas de emprendedores y CI.

Con todo ello se pretende conseguir un mayor dinamismo, eficiencia y asunción de responsabilidades en el proceso de selección, financiación y desarrollo de ideas innovadoras, involucrando a la mayor cantidad y variedad de agentes posibles en la toma de decisiones en un marco de competencias e incentivos bien establecidos.

Estos serían los pilares fundamentales para el funcionamiento de una economía democrática y racional liberada de la lógica ciega del beneficio y del despotismo de los poderes privados capitalistas, capaz de hacer frente a la emergencia eco-social mundial. Hoy ya no existe impedimento técnico alguno para conseguirlo. A partir de los fundamentos señalados se daría cumplida respuesta a las objeciones planteadas tradicionalmente por los economistas liberales (y que todavía hacen suyas la mayoría de ecologistas y progresistas).

El debate es, por tanto, enteramente político. Y nuestra convicción es que solo una economía comunista planificada permite enfrentar los enormes desafíos, tanto sociales como ecológicos, que tiene planteados la humanidad. Contribuir a la consecución de este proyecto sería entonces la verdadera tarea práctica militante para cualquier persona comprometida con la emancipación social y preocupada por la emergencia medioambiental.