Acoso escolar
Las víctimas de acoso escolar han sido abandonadas por el sistema

Se llamaba Iván. Tenía 12 años, sufría acoso escolar en su centro educativo por ser trans y argentino. Una doble discriminación, la cual, al parecer, pasó inadvertida para el personal del instituto al que asistía. Iván no pudo más con el acoso y hostigamiento de sus iguales (sus compañeros), y la indiferencia de quiénes debían protegerle (el personal del centro educativo), y tomó la dura decisión de ponerle fin a ese sufrimiento diario y tortuoso quitándose la vida. Su hermana Leila no quería dejarle solo, ella también sufría el acoso de sus compañeros por ser migrante, así que le acompañó en la dura decisión. 

El acoso escolar llega sin aviso y destruye, arrasa con todo a su paso como un tsunami. Una vez llega, la sombra de la muerte, la de la salida más dolorosa, se hace presente de forma tenebrosa y constante. 

Cuando en un colegio o instituto se abre un protocolo de acoso escolar, es porque lo abre el propio centro -casi nunca- o porque ha solicitado su apertura la familia de la víctima. En la mayoría de los casos, los protocolos se cierran desestimando la existencia de acoso escolar, o bien se llega a un punto de tal riesgo físico y mental para la víctima que es necesario el cambio a otro centro educativo. Cuando la víctima se cambia de colegio o instituto, ese protocolo se cierra sin más y ni siquiera cuenta para las estadísticas ni los datos. Las familias desconocen el funcionamiento completamente burocrático y corporativista de los centros en estos casos, por lo que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se llegan a abrir protocolos, calificando lo que ocurre como ‘’conflictos leves’’ ,”conflictos entre iguales”, ‘“problemas de convivencia’’ o “cosas de niños”. Por este motivo cualquier cifra o estadística que nos llegue a día de hoy, es escasa, sesgada y maquillada, porque los colegios e institutos son juez y parte en todos los casos de acoso escolar.

En el caso de mi hija Camila, en el madrileño CEIP Cardenal Herrera Oria, se abrieron dos protocolos. Ninguno contó para cifras y estadísticas, pues el primero se cerró desestimando la existencia de acoso escolar y el segundo se cerró automáticamente al cambiar a mi hija de centro educativo ante lo apremiante de la situación, tras varios cursos siendo víctima constante de hostigamiento racista por ser negra. “Mamá, me quiero morir. No puedo más”, nos decía en los últimos meses. Meses en los que las ideas autolíticas y la depresión se hacían cada vez más presentes en una niña de 10 años. Mientras tanto, desde el colegio, el cual estaba siendo asesorado por el equipo especializado en acoso de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la única respuesta que nos daban era decirnos que debíamos ir teniendo un plan B (es decir, cambiarla de centro).  

No es extraño que los centros y la administración reaccionen de forma corporativista y a la defensiva en contra de las familias que deciden denunciar un caso de acoso.

No es extraño que los centros y la administración reaccionen de forma corporativista y a la defensiva en contra de las familias que deciden denunciar un caso de acoso. Se busca -o se inventa- cualquier cuestión para culpabilizar a la familia. Una posible situación económica adversa, una hipotética sobreprotección excesiva del menor, una ruptura o pérdida familiar, una depresión en alguno de los familiares, etc…. Cualquier excusa es buena para responsabilizar a la familia de la víctima de que su hijo o hija está pasando por una mala racha y que realmente ese es el motivo de su desasosiego, y no el ambiente escolar. Lo hemos visto claramente también en el caso de Iván y Leila, en el que durante los primeros días se negaba por parte de Educación la existencia de acoso hacia los hermanos, debido a que el centro además no elaboró informe alguno ni trasladó el caso a inspección. Se dieron datos innecesarios sobre la intimidad de la familia, intentando culpabilizarles y hasta responsabilizarles de la situación. Lamentablemente este es un proceso que de forma reiterada la administración realiza con las víctimas para desviar la atención y expiar de la responsabilidad evidente que tienen los centros educativos. 

Iván, Leila, Camila, y todos los niños víctimas de acoso escolar, han sido abandonados por el sistema. Sus derechos constitucionales fueron vulnerados, así como gran parte de los artículos marcados en la Convención sobre los Derechos del Niño que España firmó y ratificó en 1990. En España hay 17 protocolos contra el acoso escolar para cada una de las Comunidades autónomas, pero ninguno funciona.  Un ejemplo de ello es la Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, en dicho protocolo los expertos señalan que en el perfil de la víctima pasiva, la más frecuente, existe la “presencia de algún rasgo distintivo con respecto a la homogeneidad del grupo (ser nuevo en el centro, pertenencia a un grupo social, racial, étnico, religioso, económico, cultural, por razón de identidad de género….)”. Dicha definición es en sí misma discriminatoria, pues niega la realidad de que ya no existen grupos homogéneos, sino que la heterogeneidad presente en los colegios gracias a la diversidad étnica y de género, es una realidad a la cual el sistema y la sociedad deben adaptarse, y no al revés. 

Desde muchísimas asociaciones, plataformas, y activistas contra el acoso escolar hemos pedido medidas y realizado propuestas a la administración, entre otras la de la modificación de los protocolos actuales y la posible implementación de un solo protocolo bien elaborado y sin fisuras a nivel nacional. Un protocolo en el que la protección a las víctimas y no su revictimización, sean pilares fundamentales, así como la necesaria reeducación para los acosadores, los cuales actúan impunemente sin que nadie les advierta, al menos, de lo asocial de su comportamiento. Además, se ha pedido a la administración que se dote de mayores medios y recursos a los centros educativos y que se forme y sensibilice en materia de prevención de acoso escolar, así como en  diversidad étnico- racial y de género ampliamente al profesorado y a todo el personal de los colegios e institutos. A todo esto, es evidente en vista de los últimos terribles acontecimientos, que no hay respuesta alguna, solo silencio y más muertes.

La muerte de Iván no nos puede sonar como algo ajeno, o lejano. Todos los sectores de la sociedad, en su conjunto, debemos ser conscientes de que el acoso escolar no es “cosa de niños”, e implicarnos en su erradicación

¿Cuántas víctimas más serán necesarias hasta que la administración reaccione? ¿Cúantas víctimas más tendrán que recuperarse de las heridas imborrables sufridas en su infancia y adolescencia durante la etapa escolar?.  ¿Porqué de forma adultocéntrica, se permite que nuestros niños y adolescentes aguanten situaciones de maltrato físico, psicológico, o de vacío que nosotros mismos como adultos no seríamos capaces de soportar sostenidamente en el tiempo?. 

La muerte de Iván no nos puede sonar como algo ajeno, o lejano. Todos los sectores de la sociedad, en su conjunto, debemos ser conscientes de que el acoso escolar no es “cosa de niños”, e implicarnos en su erradicación.