Opinión
Protestas agrícolas y presión corporativa: el plan del lobby de los pesticidas para recortar la seguridad

Los lobistas de pesticidas en el barrio europeo de Bruselas trabajan a destajo para debilitar aún más las evaluaciones de seguridad en la UE y proteger los beneficios de sus clientes.
Tractor Segovia
Álvaro Minguito Un tractor en una carretera segoviana.
Corporate Europe Observatory
15 dic 2025 06:00

Cada vez le resulta más difícil al lobby de los pesticidas argumentar contra la ciencia que demuestra el daño que sus productos tóxicos causan a las personas y a los ecosistemas. Pero aún guarda un as bajo la manga: la frustración y la ira de los agricultores. La organización de lobby empresarial Croplife Europe parece estar planeando de forma oportunista utilizar las protestas de agricultores previstas para el 18 de diciembre en Bruselas para generar impulso político y recortar aún más las normas de seguridad de la UE aplicables a sus productos.

Esta semana, la Comisión tiene previsto presentar su séptimo paquete Ómnibus, que recortará normas que regulan la seguridad de los alimentos y los productos destinados a la alimentación animal. No sorprende que Croplife Europe y Bayer hayan mantenido numerosas reuniones con altos cargos de la Comisión para influir en esta llamada “simplificación” de la regulación de pesticidas. Ellos, junto con otros grupos empresariales, promueven una agenda claramente perjudicial para la salud pública: desde relajar las evaluaciones de renovación de pesticidas convencionales, hasta debilitar la independencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) e incluso recuperar el derecho de la industria a mantener en secreto sus estudios regulatorios. ¿De regreso al futuro?

Por pura coincidencia, en la misma semana del lanzamiento del Ómnibus, los agricultores salen a las calles de Bruselas a protestar. Y el lobby parece intentar aprovechar esta ira para sus propios fines.

La demanda clave de los agricultores, rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, contradice directamente la posición de la industria de los pesticidas

Hay una razón por la que la industria quiere subirse al carro de las demandas del campo. Las protestas agrícolas de 2023-24 tuvieron un impacto notable, logrando que la Comisión Europea debilitara otro conjunto de normas ambientales. Presumiblemente buscando un efecto similar, Croplife Europe encargó una encuesta a IPSOS entre agricultores de nueve países de la UE sobre la cuestión: “¿Se han resuelto las dificultades de los agricultores a principios de 2024 con las acciones recientes de la UE o están los agricultores a punto de protestar de nuevo?”. Esta narrativa llegó a los medios a través de un evento de lobby y contenido patrocinado que reproducía los argumentos de la industria.

Pero la encuesta financiada por Croplife pasaba por alto un hecho incómodo. La demanda clave de los agricultores –rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur– contradice directamente la posición de la industria de los pesticidas. La empatía de Croplife con los agricultores tiene límites muy claros.

El diseño y las conclusiones de la “encuesta a agricultores” de Croplife Europe requieren un examen crítico. Ignoran convenientemente el elefante en la habitación: los agricultores quieren, ante todo, ingresos dignos y precios justos. Reclaman a la UE medidas frente a la competencia desleal del extranjero, así como un régimen justo de subsidios agrícolas y regulación del mercado. Con el acuerdo UE-Mercosur, obtienen lo contrario: competencia desleal procedente de países con estándares mucho más bajos y un uso mucho mayor de pesticidas (a menudo prohibidos en la UE).

El acuerdo UE-Mercosur es un objetivo central de la protesta agrícola del 18 de diciembre. En contraste, la industria de los pesticidas lo respalda firmemente, ya que le permitirá exportar más pesticidas desde la UE a Sudamérica –incluso productos prohibidos para su uso dentro de la UE– mientras que los productos agrícolas cultivados con ellos podrán seguir entrando en grandes cantidades al mercado europeo.

Existe una larga historia de corporaciones de pesticidas intentando apropiarse de “la voz de los agricultores” para dar una apariencia de legitimidad de base a sus demandas

En lugar de comprender las preocupaciones del mundo rural, el objetivo del lobby empresarial parece más bien asustar a los responsables políticos con la perspectiva de largas filas de tractores. Dada la proximidad del lanzamiento del Ómnibus, podrían confiar en que las protestas ayuden a erosionar las normas europeas sobre pesticidas, algo que llevan deseando desde hace muchos años.

Existe una larga historia de corporaciones de pesticidas intentando apropiarse de “la voz de los agricultores” para dar una apariencia de legitimidad de base a sus demandas. Un ejemplo es la lobista de Croplife, Emma Brown, responsable de su posicionamiento sobre el nuevo Ómnibus. Antes trabajó en una consultora contratada por Monsanto que organizó una campaña falsa para simular apoyo de agricultores al glifosato. Sin embargo, pese a los intentos de Croplife de presentarse como aliada del sector agrario, la evidencia del daño que los pesticidas causan a la salud de agricultores y poblaciones rurales –en la UE y en países como Brasil– es demasiado clara como para ignorarla.

Esta es la inquietante realidad: los lobistas de pesticidas en el barrio europeo de Bruselas trabajan a destajo para debilitar aún más las evaluaciones de seguridad y proteger los beneficios de sus clientes. Al mismo tiempo, los propios clientes del sector –los agricultores y sus familias– soportan los riesgos de estos productos químicos en sus cuerpos. Y la Comisión Europea, no se puede decir de otra manera, parece cómplice.

No solo podría la Comisión proponer un debilitamiento masivo de la legislación europea sobre pesticidas, sino que Von der Leyen también planea viajar a Brasil para firmar el acuerdo comercial.

Mientras tanto, por mucho que el lobby de los pesticidas intente manipular el relato, la ciencia no está de su lado. La Universidad de Wageningen, que anteriormente elaboró un estudio de impacto defectuoso utilizado por Croplife para intentar tumbar la ley SUR de reducción de pesticidas, ha reconocido que fue un error. Y el estudio clave que respaldaba la afirmación de que el glifosato no causaba cáncer –conocido desde hace una década por haber sido redactado por Monsanto– ha sido finalmente retractado por la revista científica que lo publicó.

Desde el astroturfing y la instrumentalización del malestar rural, hasta la ciencia dudosa, la UE necesita despertar –y plantar cara– a las tácticas engañosas del lobby de los pesticidas.

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