Alicante
Dimite una edil por el escándalo en la primera promoción de vivienda pública de Alicante en veinte años

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunció este viernes que renuncia a su cargo en el equipo de gobierno de Alicante tras la polémica surgida al desvelar el diario INFORMACIÓN que es una de las beneficiarias de la primera promoción de vivienda protegida impulsada por el ayuntamiento desde hace 20 años. Gómez, que se encuentra actualmente de baja por maternidad, llegó al gobierno de la ciudad tras las elecciones de 2023, e iba como número 3 en la lista encabezada por Luis Barcala. En un comunicado, la ya ex edil, arquitecta de formación, defiende que llegó a la política “después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública”. La suya ha sido la segunda dimisión que se cobra el escándalo.

La primera fue de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que dejó el pasado jueves su cargo de libre designación al saberse que sus dos hijos y uno de sus sobrinos también son propietarios en el residencial Les Naus. No obstante, su dimisión de ese cargo no supone su salida del ayuntamiento, ya que es funcionaria. Vuelve a su puesto de jefa del servicio de Contratación, desde donde, casualmente, ejerció como secretaria de la mesa de contratación en el proceso de enajenación de la parcela sobre la que posteriormente la cooperativa Les Naus construiría 140 viviendas en una zona privilegiada de Alicante con precios a partir de 175.000 euros, más IVA.

Otro alto cargo que está en la picota en este escándalo es el arquitecto municipal Francisco N. T., que también tiene una vivienda en esa promoción y que fue detenido en febrero de 2024 acusado por un delito de cohecho por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes. Según esa investigación judicial, el arquitecto le habría hecho favores al jefe de la trama para “ayudarle a rentabilizar propiedades adquiridas con dinero procedente de la venta de marihuana”. La “ayuda” habría consistido en la agilización de trámites en el área de Urbanismo, tales como cambios de uso de parcelas y locales.

Otros apellidos ilustres agraciados en la misma promoción de vivienda pública 

Alicante está en los primeros puestos de ciudades en las que más desahucios se ejecutan. Es una ciudad en la que existe un serio problema de acceso a la vivienda, agravado con la proliferación de pisos turísticos, que ya han colonizado antiguos barrios obreros como Carolinas, y en la que el acceso a la vivienda pública es una quimera. Con la larga lista de espera que existe en el Patronato de Vivienda municipal, y que prácticamente no se ha movido en los últimos años, llama más la atención comprobar quiénes han sido los beneficiarios de esta promoción.

Según ha desvelado el medio Alicanteplaza, Entre los adquirientes figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de Fraorgi, la gestora de la cooperativa. Además, también constan policías locales, al menos otra funcionaria municipal más, trabajadores sanitarios, personas vinculadas a cargos autonómicos y varios miembros de distintas sagas familiares.

Así, en el listado de adjudicatarios-adquirientes constan al menos tres hermanos de una misma familia, dos hermanos de otra, tres hermanos más de una tercera, dos hijas de una farmacéutica, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales y otras personas vinculadas con el sector inmobiliario. Todos ellos se habrían inscrito en el listado de socios habilitado por la propia cooperativa desde 2018, a partir de los solicitantes que habían quedado fuera de otra promoción de vivienda libre previa también impulsada por Fraorgi en el PAU 5.

¿Cómo es posible que personas con alto nivel adquisitivo hayan accedido a una vivienda pública? Una de las respuestas hay que buscarla en una reforma exprés que hizo Mazón via decreto del Consell

Ese listado tuvo que renovarse y actualizarse en 2022, cuando se completó el proceso de subasta del solar municipal, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) conminase al Ayuntamiento a retomar la convocatoria que había quedado anulada en 2018, tras un polémico empate en puntuación, en una mesa de adjudicación que presidió María Pérez-Hickman, salpicada en este escándalo.

¿Cómo es posible que personas con alto nivel adquisitivo hayan accedido a una vivienda pública? Una de las respuestas hay que buscarla en una reforma exprés que hizo Mazón via decreto del Consell. En el mismo, el principal cambio con respecto al decreto anterior del Gobierno del Botánico, aprobado en mayo de 2023, es que el límite de renta para acceder viviendas protegidas para la persona, unidad familiar o de convivencia, será de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas. Traducido a euros, se establece el límite en 54.600 euros (46.800 en el decreto de mayo de 2023 del Botánico al referirse a 12 pagas). Los límites máximos de renta para acceder a viviendas protegidas pueden llegar a los 66.360 euros, es decir, 7,9 veces el IPREM si se cumplen una serie de condiciones.

En concreto, se suma un en 0,5 veces el IPREM por cada persona integrante de la unidad familiar o de convivencia que tenga declarada discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, en grado de absoluta o gran invalidez, para realizar una actividad laboral; en 0,2 veces el IPREM por cada persona menor de edad a cargo en la unidad familiar o de convivencia, siempre que se trate de un descendiente en primer grado o de una persona en acogimiento familiar; en 0,2 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años integrante de la unidad familiar o de convivencia; y 0,5 veces el IPREM por cada persona mayor de 18 años y de hasta 35 años inclusive, integrante de la unidad familiar o de convivencia. El anterior decreto, de 2021, establecía el límite en el 4,5 del IPREM en 12 pagas, si bien es cierto que hubo dos años de margen entre uno y otro, mientras el PP lo actualizó a los siete meses.

Sumar presenta una denuncia en la fiscalía, la oposición municipal señala a Barcala

Sumar ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El escrito, firmado por los co-coordinadores autonómicos Xavier López y Carmen Padilla, solicita que se practiquen diligencias de investigación para esclarecer si el procedimiento respetó “estrictamente” los requisitos legales, se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia y garantizó la imparcialidad de los órganos intervinientes, además de descartar “desviación de poder, tráfico de influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales”. En su denuncia, Sumar precisa que traslada los hechos “sin afirmación de culpabilidad alguna” y únicamente a efectos de que se investiguen.

Respecto a la ya exconcejala de Urbanismo, el texto destaca la “proximidad funcional” del cargo con expedientes relacionados con la planificación y gestión urbanística del municipio. Aunque recoge que fuentes municipales indicaron que Gómez habría solicitado la vivienda antes de su nombramiento, Sumar sostiene que esa circunstancia no excluye la necesidad de verificar si durante la tramitación existió “algún tipo de influencia directa o indirecta”, “acceso a información privilegiada” o actuaciones que pudieran comprometer la imparcialidad del procedimiento.

Para Sumar, el hecho de que cargos políticos, técnicos municipales o familiares directos de altos cargos resulten adjudicatarios de viviendas destinadas a fines sociales “resulta relevante y digno de especial examen” por tratarse, según expone, de recursos públicos limitados cuya adjudicación debe regirse por los principios de igualdad, objetividad, transparencia y ausencia de trato de favor.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general “confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática”. Para la edil, supone “la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal, tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público y acaparar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados”. 

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que la dimisión de Gómez “no puede servir para pasar página como si aquí no hubiera pasado nada. Cuando dimiten cargos políticos, lo normal es preguntarse qué ha fallado y quién tenía que estar vigilando, lo que hace inevitable mirar al alcalde, que es el máximo responsable de lo que ocurre en el Ayuntamiento. Si no se ha hecho nada mal, la pregunta es sencilla: ¿por qué se ha producido esta dimisión?”, ha señalado.