Opinión
Tu abuelo quiere quitártelo todo

Durante años hemos tenido que soportar opiniones y consignas en los que se culpaba directa e injustamente a los inmigrantes de todo lo malo que nos ocurre: supuesto incremento de la delincuencia, largas listas de espera en ambulatorios y hospitales, violencia machista, uno de los índices de paro más altos de la UE, falta de viviendas, etc. Pero no; parece que no eran los trabajadores extranjeros los únicos que se quedaban todas las ayudas sociales ni los que nos quitaban empleos y derechos. Ahora resulta —según esos mismos tertulianos e influencers— que son los pensionistas los verdaderos responsables de que no se puedan aguantar en un futuro ya inminente la sanidad, la enseñanza, las pensiones de jubilación y el resto de servicios públicos.

Como el mensaje culpabilizador contra la emigración ya ha calado en la sociedad, hasta el extremo de que ningún partido político se priva de incluir en su programa electoral alguna medida para cerrar las fronteras a quienes se ven obligados a dejar su tierra e intentar ganarse la vida en la Europa rica —riqueza acumulada en gran parte por el expolio de los recursos de esos países de donde emigran quienes ya no pueden sobrevivir allí—, ahora el objetivo de todos estos grupos ultraconservadores es el formado por las personas que cobran una modesta y merecida pensión.

Según estos elementos adoradores del capitalismo más salvaje, las pensiones públicas son una carga insostenible para la sociedad y representan un gasto estatal que se lleva los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y las infraestructuras que precisa el país. En muchos casos se llega a calificar a este colectivo de privilegiado e insolidario por disfrutar de unas pensiones excesivas —a pesar de que el 50% no llegan a 1.000 € mensuales— mientras los jóvenes trabajadores se ven obligados a vivir en casa de sus padres porque sus sueldos no les permiten comprar o alquilar una vivienda.

Resulta harto sospechoso que se centren las acusaciones exclusivamente en los pensionistas, mientras se omite cualquier crítica a los recortes que el capitalismo viene imponiendo a salarios y condiciones de trabajo

Resulta harto sospechoso que se centren las acusaciones exclusivamente en los pensionistas, mientras se omite cualquier crítica a los recortes que el capitalismo viene imponiendo a salarios y condiciones de trabajo desde hace años. Que tampoco se haga mención a los beneficios de grandes empresas y bancos (que multiplican varias veces la subida de IPC, salarios y pensiones) o a los imponentes presupuestos del ejército, cuerpos represivos, casa real, aparato del Estado y otras instituciones —cuya contribución al bien común es bastante discutible— nos parece cuando menos muy injusto.

Frente a esa campaña infame hay que gritar muy alto y claro que las pensiones son un derecho irrenunciable, también las que corresponderán a quienes se van incorporando al mundo del trabajo, que se financia previamente con las cotizaciones de nuestra vida laboral. Las pensiones son perfectamente sostenibles; y si en algún momento los fondos públicos menguaran de forma amenazante, bastaría con poner al día los sueldos de los trabajadores —lo que generaría inmediatamente mayores cotizaciones y un superávit de la Seguridad Social— y con aplicar mayores impuestos a la banca y la patronal del IBEX 35, que precisamente son de las cargas fiscales más bajas del mundo desarrollado.

Tampoco es mínimamente presentable la postura de la izquierda moderada (tanto la sindical como la política) que condena testimonialmente las posiciones ultraliberales, pero que abraza el espíritu alarmista de su mensaje y asume que hay que recortar derechos de jubilación, alargar la vida laboral e ir introduciendo gradualmente los sistemas privados de pensiones para garantizar así que el sistema público se salve... aunque sea con unas prestaciones totalmente insuficientes para sobrevivir en la inevitable vejez.