Fiscalidad
Reparto de la riqueza, políticas fiscales, impuestos y políticas de parte

“…una colaboración público-privada que vaya mucho más allá de proyectos de inversión concretos como los de Next Generation. Una colaboración amplia basada en el diálogo social y un pacto de rentas para lograr un clima de estabilidad social y laboral, diálogo sobre los marcos regulatorios sectoriales que den seguridad jurídica para atraer inversores y diseñar un sistema tributario estimulante, eficiente y equitativo”. (Isidro Fainé, Fundación La Caixa)

“Los gobiernos preparan la herramienta a su alcance: la política fiscal. Como España —que ha anunciado impuestos temporales a la banca y las energéticas, descuentos fiscales a los carburantes y el recibo eléctrico, o cambios en el IRPF-, todas las grandes economías continentales han perfilado cambios en las últimas semanas…”

Las últimas medidas fiscales, anunciadas por el gobierno PSOE/UP, más allá del ruido de las oligarquías, la derecha neta neoliberal y el empresariado, se han presentado a la “opinión pública” como…“medidas fiscales para tiempo extraordinarios” …, donde lo que se busca es un “consenso social” que satisfaga a las dos partes[1], capital y trabajo.

Las medidas extraordinarias pactadas por Gobierno + fuerzas políticas de la moción de censura, durante la pandemia, fueron posibles porque “las partes” (capital y trabajo), pactaron y consensuaron que por medio de miles de millones de toda la sociedad (deuda pública fundamentalmente), las personas asalariadas en vez de irse al paro (parón de la actividad), serían cubiertas por la “solidaridad pública”, a la vez que el empresariado era exonerado de pagar salarios y cotizaciones sociales.

En el Estado español, el sistema fiscal que debiera ser progresivo, obligatorio y de contribución proporcional a las “capacidades de cada parte”, según reza el artículo 31.1 de la “norma sagrada” (CE), no es sino un traje a la carta de una de las partes: el capital y sus representantes.

Los distintos Gobiernos del PP, después los del PSOE, y ahora, el del PSOE/UP, rebajaron sustancialmente los impuestos a los ricos (al capital) y a las grandes empresas (impuesto de sociedades) y transmutaron la tributación de las sociedades instrumentales SICAV, las cuales contribuían a la hacienda pública con el tipo del Impuesto de Sociedades (35%), para simplemente gravarse un 1% en la constitución del capital y, a posteriori, cuando se recogen beneficios, tributar como un capital asegurado.

Dicha rebaja de impuestos, en tiempos de “crecimiento loco” (década dorada del capitalismo español), no es más problema que la “acaparación” de beneficios, aunque la Hacienda Pública vio aumentado los ingresos, como consecuencia de la “mayor actividad”, ahora bien, el problema surge desde el 2007 (crisis-estafa), que los ingresos disminuyen drásticamente por parte de las empresas y del capital.

El Impuesto de Sociedades ha caído un 21,3%, debido a que el fraude en las grandes empresas, puede suponer hasta un 77% de todo el fraude que, según GESTA, suponen más de 80.000 millones de euros.

El truco no se encuentra sólo en la menor actividad empresarial (consecuencia de la recesión económica y gran depresión), sino, sobre todo se halla en la estructura jurídico política de este Impuesto, tanto en el Impuesto de Sociedades, como en el de Capital.

El tipo nominal de Sociedades es el 30% (para las grandes empresas), pero el tipo real sobre los beneficios es tres veces menor (el 10%).

La estructura del Impuesto permite a las empresas aplicarse mecanismos de reducciones y deducciones sobre sus impuestos, cuando las mismas obtienen beneficios fuera del estado español (lo que ocurre con todas y cada una de las grandes empresas de cualquier sector, energético, construcción, telecomunicaciones, transportes, financiero, etc.), y, de esta manera reducen sus contribuciones en tres veces, lo cual significa “ningunear” legalmente a los millones de personas que habitamos este Estado, a la vez que se traslada la carga del pago de la “factura solidaria”, esencialmente a las rentas medias y bajas[2].

“Los resultados de las empresas durante el año pasado superaron los 268.000 millones de euros en 2021, un 22% más que los que se obtuvieron en 2007, incluso a pesar del impacto económico que todavía provocaba la pandemia. Ya son tres años en los que se han superado los beneficios de la burbuja inmobiliaria: 2018, 2019 y 2021. En este mismo tiempo, sin embargo, la recaudación por el impuesto de Sociedades se ha desplomado un 28%, tal y como reflejan las estadísticas del impuesto de Sociedades de la Agencia Tributaria” (elDiario.es).

Las consecuencias son bastante duras y, los gobiernos PSOE y PP, han dado buena muestra de ello, reducción del gasto público hasta decir basta: en rentas salariales públicas y privadas, en pensiones, en reducción de empleo, en gastos sociales, etc.

Y ni siquiera su retórica esconde quien “manda y ordena”: los mercados, las grandes empresas, los ricos, ellos ejecutan y justifican el recorte de impuestos a los ricos y el recorte de rentas y gastos a la población asalariada, pensionista, parada, dependiente, migrante, etc.

El problema no empieza en el “gran fraude” existente, el problema empieza en la estructura de los Impuestos y solamente modificando las Leyes de los Impuestos (todos) es como se restituirá un mínimo de equidad y justicia social.

El problema no empieza en el “gran fraude” existente, el problema empieza en la estructura de los Impuestos y solamente modificando las Leyes de los Impuestos (todos) es como se restituirá un mínimo de equidad y justicia social.

Desde luego quien a estas alturas confíe que dicho cambio vendrá de la mano del “electoralismo”[3], no es que sea ingenuo, sino que parece nos va la “marcha” de esa dosis que estamos ya hartos, “más de lo mismo”.

No existe reparto de la riqueza, al igual que no existe contribución a la caja “pública común” de manera equitativa. Existe, por el contrario, políticas “amortiguadoras y paliativas” del dolor de las clases asalariadas, para evitar la guerra entre las clases y mantener la “paz social” que garantice la tasa de ganancia del capital, eso sí, la “factura de la solidaridad” seguirá siendo pagada por las generaciones venideras de las de abajo.

Se necesitaría una política de “parte”, ahora más que nunca, pero por el contrario todo apunta a la consolidación de ese “pacto social entre las clases”, su renovación. La firma del pacto de rentas entre los sindicatos mayoritarios en el sector público y el gobierno, puede allanar el camino para el Pacto de Rentas en el sector privado.

La inteligencia de este país, el capital y sus representantes más “lúcidos”, Bruselas… así lo exigen, pues son conscientes que la descohesión social, las desigualdades y el empobrecimiento (no solo precarización) generalizado de las clases medias y bajas, pudieran crear “revueltas sociales” y terminar con la “paz social” y ser obligados a establecer políticas de “parte” que restituyan la justicia social.

[1] Hablo de “dos partes”, desde el concepto clásico de clases sociales.

[2] Otro de los mecanismos para reducir la “factura fiscal” son los Activos Fiscales Diferidos (DTA). Activos que tienen su origen en su inmensa mayoría (sobre todo los del sector financiero) en la década de la burbuja inmobiliaria, pues como consecuencia del deterioro de sus “activos en inmuebles, terrenos, créditos, etc.”, tuvieron que hacer un durísimo ajuste en sus balances de los mismos, es decir, gran parte de ellos no eran sino “basura”.

Activos que “legalmente” sirven para que las grandes compañías españolas, especialmente los bancos, que cuentan con miles de millones (80.000 millones de € a cierre de 2021), funcionan como una especie de cheque que les sirve para deducirse el pago de impuestos, con el aval de la U€ y del Gobierno del Estado español.

[3] Las medidas fiscales anunciadas para el 2023: impuesto de “solidaridad” a los más ricos; tipo mínimo del 15% para IS, aunque este tipo se aplica sobre la Base Imponible, no sobre los beneficios, limitando el impacto recaudatorio y manteniendo el “trato de favor” para la elusión legal; incrementos en el IRPF para rentas altas y decrementos para las rentas bajas… tendrán un efecto recaudatorio de unos 3.500 millones de €.