Opinión
Los ultras se mean en el derecho a la vida

Pero hasta llegar a la aplicación de la eutanasia, un derecho legal reconocido en España desde junio de 2021 y antes en los países más avanzados en el respeto a las libertades individuales, diversos tribunales tuvieron que dictar sentencias negando las peticiones de paralización que, en nombre del padre de Noelia, han ido interponiendo abogados de grupos ultras, hasta llegar al tribunal de Estrasburgo que finalmente ha reconocido el derecho de esta paciente a recibir ayuda médica para cumplir la decisión de poner fin a una vida que ya no tenía ningún sentido prolongar en esas condiciones: abandono familiar, abusos sexuales, tres intentos de suicidio, tetrapléjica, etc.

Idéntico comportamiento vienen manteniendo estos grupos ultraconservadores respecto al aborto, otra conquista de la sociedad española, principalmente de los grupos feministas, que protege la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, garantizando el derecho a la suspensión voluntaria del embarazo bajo una regulación legal que ha experimentado sucesivas modificaciones desde su aprobación en 1985.

Pero a pesar de estar reconocido por las leyes, que regulan la correcta aplicación de los derechos a la eutanasia y al aborto, no han cesado las campañas de la sectas más rancias bajo el argumento de defender un derecho a la vida que nadie niega, puesto que el acceso a ambas prácticas es voluntario y se realiza bajo control y seguimiento de rigurosos protocolos legales y médicos.

Lo paradójico y patético del caso es que a estos grupos que se autodenominan provida solo parece preocuparles la vida en casos y situaciones muy concretas; la futura vida que podrían tener los embriones fecundados en mujeres que no pueden o no quieren seguir adelante con su embarazo y la vida que algunas personas no quieren continuar porque de hacerlo sus enormes sufrimientos lejos de tener cura irían a peor.

La defensa de una vida digna para todas aquellas personas no afectadas directamente por la práctica del aborto o la eutanasia resulta que no es una preocupación para estos sectores, en apariencia tan profundamente cristianos. La vida precaria de los ancianos en las residencias, las bajas pensiones que todavía cobran muchos mayores, las deficiencias de las áreas de geriatría en la sanidad pública y otras carencias de las personas que ya no pueden llevar una vida plena sin asistencia externa no concitan las protestas y los rosarios callejeros del colectivo ultra.

Tampoco es habitual que asociaciones y tertulianos antiabortistas digan una palabra en defensa de la infancia asesinada y mutilada en Gaza o Líbano, de los niños soldado obligados a matar y torturar en esas olvidadas guerras de África, de las niñas expulsadas de las escuelas de Afganistán o de las que son obligadas a casarse con hombres adultos en muchos países del mundo islámico, de los niños explotados en las minas de donde se extraen el coltán o el oro para el mercado occidental, de las niñas y adolescentes sometidas a trata y prostitución en exóticos lugares a los que nos puede llevar el turismo sexual.

Y tratándose de personas tan pías, qué pocas voces se levantaron en su entorno cuando se conocieron y denunciaron el robo de bebés durante la dictadura franquista y los abusos a menores en colegios e instituciones dependientes de iglesia católica.

Una pena, sí, que haya tantos defensores de vidas que aún no son vidas o que ya han dejado de serlo plenamente, y tan pocos que luchen por la mejora de condiciones sanitarias, alimenticias, escolares y sociales para millones de niños y niñas que se agarran desesperadamente a una vida que se les arrebata o deteriora gravemente en pro del comercio y la industria del mundo rico.