Amazonía
Un futuro incierto para las comunidades indígenas brasileñas y sus tierras ancestrales

Hace más de dos meses que el Supremo Tribunal Federal (SFC) decidió suspender temporalmente la votación final que definirá el futuro de los territorios indígenas en Brasil. Iniciado oficialmente el 28 de agosto, el juicio fue aplazado el 15 de septiembre a raíz de una solicitud de revisión del ministro Alexandre De Moraes, que pidió más tiempo para analizar la cuestión. Hasta ahora, no hay una fecha exacta para la reanudación del caso.

La esencia del juicio se radica en el proyecto de ley 490 y, en particular, la constitucionalidad del controvertido “Marco Temporal”, cláusula que permitiría a las industrias meter las manos en los territorios indígenas. Respaldada por el gobierno de Bolsonaro y las empresas agrícolas, la disposición establece que para que las tierras sean demarcadas y protegidas, las comunidades indígenas deben demostrar que las habitan desde el 5 de agosto de 1988, día de la aprobación definitiva de la Constitución brasileña. Algo controvertido, si se tiene en consideración que miles de indígenas fueron desalojados de sus tierras en los años anteriores a la promulgación de la Constitución.

Los opositores, entre los que se encuentran tribus indígenas y ONG, reclaman en cambio, que la tierra es un derecho primordial para las comunidades indígenas, y como tal no debe ser restringido por ningún límite temporal. Los territorios ancestrales son indisociables a muchos aspectos de la vida indígena y son metafóricamente percibidos como un componente más de sus propios cuerpos. Privarles del derecho a la tierra podría, por tanto, suponer una violación del derecho a la vida para las comunidades indígenas.

Un caso judicial histórico

Los once jueces que componen el SFC tendrán que pronunciarse sobre un caso concreto de “restitución de tierras” planteado por el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina contra la tribu xokleng, que habita en la reserva en cuestión desde hace décadas. Aunque la zona fue totalmente demarcada por las agencias federales en 2003, el gobierno ahora intenta reclamarla y desalojar a sus residentes originarios a través del argumento de la temporalidad. El resultado del juicio es crucial para ambas partes, ya que adquirirá un efecto vinculante, y establecerá un precedente legal que podría ser utilizado para casos análogos en todo el país.

A día de hoy, sólo dos ministros han votado antes de la suspensión del juicio. El ponente del caso, Edson Fachin, rechazó la tesis del Marco Temporal argumentando que, al establecer una fecha inamovible para el reconocimiento de todas las tierras ancestrales, los legisladores pasan por alto las condiciones específicas y los antecedentes históricos de cada tribu indígena. “Sólo quienes ejemplifican las distintas y diversas etnias pueden decir que la solución debe ser la misma para todos. Quien no reconoce la diferencia no promueve la igualdad”, afirmó en ocasión del voto. El magistrado Nunes Marques reconoció, en cambio, la constitucionalidad de la tesis, culpando a las posturas indígenas por suponer una posible amenaza a la soberanía nacional.

En agosto, bajo el lema de #LutaPelaVida, los líderes indígenas emprendieron una semana de protestas para defender los derechos de las comunidades indígenas contra las regresiones socioambientales y las políticas anti-indígenas

A finales de agosto, durante la semana que precedió a la esperada sentencia del SFC, posteriormente suspendida, más de 6.000 líderes indígenas de todo el país se reunieron en la Plaza de Ipê, en Brasilia, para participar en lo que se convirtió en la mayor movilización indígena de Brasil desde la época constitucional. Bajo el lema de #LutaPelaVida, los líderes indígenas emprendieron una semana de protestas para defender los derechos de las comunidades indígenas contra las regresiones socioambientales y las políticas anti-indígenas llevadas a cabo por el Congreso Nacional y el Gobierno Federal.

La manifestación masiva fue seguida por una marcha de más de 4.000 mujeres luchadoras indígenas, representantes de más de 170 tribus nativas, que llegaron a la capital con pancartas de denuncia contra la administración genocidiaria de Bolsonaro. “Ante este escenario de violencia, no podemos quedarnos calladas. No es sólo la pandemia la que está matando a nuestra población, y por eso decidimos movilizarnos una vez más para seguir luchando por la supervivencia de los pueblos indígenas, la Madre Tierra y el futuro de la humanidad”, dijo Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

La erosión de los derechos indígenas en el Brasil de Bolsonaro

Según APIB y otras fuentes sobre el terreno, el Marco Temporal es un instrumento jurídico ad hoc diseñado para desmantelar las pertenencias ancestrales y fomentar la explotación de los recursos naturales en la Amazonía. De hecho, la cláusula pasa por alto la larga historia de violencia y represión llevada a cabo por las autoridades estatales antes de la Constitución. Durante las dictaduras militares, miles de habitantes indígenas fueron desplazados a la fuerza de sus territorios para dejar espacio a los colonos europeos que llegaban. Fue solo a partir de 1988, que gracias a las disposiciones consagradas en la Constitución de Brasil, algunos de ellos pudieron reocupar legítimamente sus tierras natales.

El artículo 231 reconoce el derecho de las comunidades indígenas a que se les reconozca “su organización social, sus costumbres, sus lenguas, sus credos y sus tradiciones, así como sus derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, incumbiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”. En esta línea, la demarcación de las tierras se inició en la década de los noventa, junto a la implementación de políticas específicas de salud y educación con el fin de cumplir otras disposiciones constitucionales relativas a las tribus nativas.

En cambio, la aprobación del proyecto de ley sobre el Marco Temporal arrasaría décadas de progreso, legitimando la brutal apropiación de los suelos amazónicos por parte de mineros, leñadores y las agroindustrias que desde hace tiempo amenazan al sustento de los indígenas en Brasil, a su vez apoyados por las administraciones existentes.

La aprobación del proyecto de ley sobre el Marco Temporal arrasaría décadas de progreso, legitimando la brutal apropiación de los suelos amazónicos por parte de mineros, leñadores y las agroindustrias que desde hace tiempo amenazan al sustento de los indígenas en Brasil

Desde que Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, los derechos indígenas han sufrido un declive progresivo, atemorizados por la paralización de los procesos de delimitación de tierras y la implementación de diversas políticas que incentivan a la deforestación masiva por parte del sector privado. Con una petición de 284 páginas presentada el 12 de octubre ante la Corte Penal Internacional, expertos indígenas y ambientales acusan al gobierno de Bolsonaro de genocidio y ecocidio hacia las tribus nativas brasileñas y su biodiversidad. Acusaciones que, de ser confirmadas, podrían abrir un proceso formal contra el presidente ultraderechista en el tribunal de La Haya.

Hacia el reconocimiento del delito de ecocidio

Con un acuerdo sin precedentes, durante la reciente cumbre COP26 “Acción sobre los bosques y el uso de la tierra”, 110 líderes mundiales, incluido Bolsonaro, con intencion de reducir la principal causa de emisiones de CO2”, se comprometieron a poner fin a la deforestación antes de 2030. 12 países ya han acordado aportar 12.000 millones de dólares entre 2021 y 2025 para la realización de actividades que frenen, detengan y reviertan el daño causado a los bosques y la pérdida de carbono. Pero aún quedan muchos detalles por aclarar, en particular cómo se invertirá dicho presupuesto y si realmente beneficiará a las comunidades indígenas, que son las verdaderas garantes de la selva amazónica. Cabe destacar que ningún líder indígena fue invitado como interlocutor durante las negociaciones llevadas a cabo en Glasgow.

La última edición del informe sobre “La situación de los bosques en el mundo”, publicado por la FAO en mayo de 2020, destacaba que desde 1990 se han perdido unas 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la tierra, con tasas de deforestación crecientes, incendios forestales más graves y frecuentes y daños causados por sequías e inundaciones. En los últimos años, varias organizaciones han abogado por el reconocimiento del ecocidio como delito perseguible en derecho penal internacional. Una medida que podría garantizar la responsabilidad de los autores, creando así unas pautas legales para que los individuos evalúen las posibles consecuencias de sus acciones en base a medidas de precaución.

Recientemente se han observado avances legislativos en la región amazónica, donde países como Colombia y Ecuador están actualizando gradualmente su política interna a través de un enfoque eco-céntrico. En 2016, la Corte Constitucional colombiana reconoció el río Atrato como sujeto de derechos. Dos años después, la Corte Suprema amplió dicha protección a la totalidad de la selva al declarar al río Amazonas como “sujeto de derechos, y beneficiario de la protección, conservación, mantenimiento y restauración”.