América Latina
La popularidad de Milei se desploma mientras se multiplican las protestas contra los recortes en Argentina

Con el transcurso de los meses y las medidas económicas que fue adoptando el Gobierno ultraliberal de Javier Milei, el apoyo popular al presidente ya empieza a resquebrajarse entre diversos sectores de la población: los jóvenes, en particular los estudiantes universitarios; los jubilados, los profesionales de clase media del ámbito de la salud, de la educación y de otros servicios públicos, así como el conjunto de la población afectada por la gran discordancia entre la contención de los ingresos y el aumento del precio de todos los bienes y servicios.

Mientras el Gobierno seguía profundizando su política de desmantelamiento del Estado, recortando recursos a la educación y la salud pública, la protesta social ha cobrado en octubre un renovado impulso, espoleada por los vetos presidenciales a algunas leyes esenciales aprobadas por el Congreso, como la norma de aumentos de las jubilaciones (movilidad jubilatoria) y el sistema de financiación de las universidades públicas, la Ley de Financiamiento Universitario. En ambos casos, el Gobierno de Milei declaró que esas normativas ponían en riesgo el déficit cero, su obsesión macroeconómica. El veto presidencial fue ratificado con el apoyo de un tercio de los congresistas —sumando votos del macrismo—, y aunque casi dos tercios de los diputados votaron a favor de mantener la ley, el resultado se presentó como un triunfo del Gobierno, que consiguió enviar así una señal a los mercados sobre la continuidad del ajuste fiscal.

Los recortes en el sistema público de salud han espoleado una protesta que el 8 de octubre concluyó con una marcha a la Plaza de Mayo convocada por los médicos residentes de todo el país

Al mismo tiempo, la política de recortes presupuestarios abrió otro frente de lucha importante en el sector de Salud. El disparador fue el anuncio del cierre del Hospital Bonaparte, el único hospital nacional especializado en Salud Mental, con la consecuente desatención de los pacientes y el intento de despedir a todos sus trabajadores —que ocuparon la sede para evitarlo—, sumado a los recortes en otros hospitales públicos como el Garraham, el mayor hospital pediátrico nacional, ha espoleado una protesta que el 8 de octubre concluyó con una marcha a la Plaza de Mayo convocada por los médicos residentes de todo el país.

Las medidas de fuerza continuaron en días sucesivos. Simultáneamente, los profesores y estudiantes de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires ocuparon las aulas y convocaron a clases públicas en la calle, como medida de presión para que el Congreso no aceptase el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Senado. Una protesta que rápidamente se extendió a las universidades de casi todas las provincias.

Los conflictos de intereses con los trabajadores de empresas en vías de privatización, como Aerolíneas Argentinas, desembocaron en la convocatoria a un paro nacional de transporte

Por otra parte, los conflictos de intereses con los trabajadores de empresas en vías de privatización, como Aerolíneas Argentinas, desembocaron en la convocatoria a un paro nacional de transporte. En este clima social, algunos dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) ya empiezan a vislumbrar un nuevo paro nacional. Pablo Moyano, líder de Camioneros y co-secretario general de la CGT, afirmó que es el momento de “confrontar con el Gobierno”. Sin embargo, la tendencia mayoritaria de la principal central de trabajadores recibió las críticas de estudiantes y jubilados por mantener una actitud dialoguista con el Gobierno.

El “veranito financiero”, la inflación y la pobreza

Las últimas medidas económicas que implementó el Gobierno de Milei, y en particular el blanqueo de capitales, propiciaron lo que se dio en llamar un inesperado “veranito financiero” favorable a su gestión económica. El Gobierno llevaba meses a la espera del ansiado flujo de dólares que permitiera incrementar las reservas del Banco Central y reducir la presión del dólar paralelo, que llegó a cotizar 1.500 pesos por unidad el 12 de julio de 2024, un 50% más que en el mes de enero (1.005 pesos). Tres meses más tarde, a mediados de octubre, el valor del dólar blue se contrajo a menos de 1.200 pesos, limitando su alza desde enero a un 17%. Quien hubiera comprado dólares en julio para protegerse de la inflación en moneda argentina, habría perdido en octubre cerca del 30% del capital invertido.

Diversas condiciones posibilitaron este cambio de tendencia en la política monetaria. La primera fue la entrada de divisas mediante el generoso blanqueo concedido por el Gobierno, con exención impositiva total para los capitales opacos de hasta los 100.000 millones de dólares, y una alícuota muy reducida para las cifras más altas, sin límite de cantidad. Al tratarse de una economía prácticamente bimonetaria, el Gobierno, escaso de divisas, recurre a los ciudadanos para que depositen sus tenencias en negro en el sistema bancario y los dólares fluyan.

La CGT vuelve a hablar de un nuevo paro nacional aunque la tendencia mayoritaria de la principal central de trabajadores recibió las críticas de estudiantes y jubilados por mantener una actitud dialoguista con el Gobierno

Otra medida que facilitó la revalorización del peso fue la reducción del impuesto a las importaciones, el llamado impuesto PAIS, que se redujo del 17, % al 7,5% sobre el valor declarado. Además, en septiembre hubo mayores ingresos por la liquidación de retenciones impositivas del sector agroexportador, el principal aporte de divisas para el Estado, después de que el Gobierno redujese en agosto las retenciones para algunos productos agroindustriales como la carne.

Todas estas condiciones particulares permitieron al ejecutivo intervenir en el mercado cambiario, saturando la plaza de dólares para reducir la presión de la demanda, al mismo tiempo que se “secaba” la economía nacional de pesos poniendo freno a su emisión. El blanqueo supuso la entrada a los bancos de una cantidad de dólares en efectivo cercana a los 13.000 millones de dólares, casi el doble de los capitales “exteriorizados” durante el blanqueo de 2016, realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri. El capital blanqueado que quedaba libre de impuestos era entonces una sexta parte del límite actual.

Pero el llamado “veranito financiero” no se refiere sólo a la revalorización del peso —una moneda a la que el presidente Milei había tachado de “excremento” durante su campaña electoral, prometiendo la dolarización— sino también a otros factores que van unidos a este fenómeno. Junto con la continua apreciación del peso en el mercado paralelo de divisas, se produjo una reducción del llamado “riesgo país” y un aumento en el valor de los bonos y acciones de Argentina en la bolsa estadounidense. 

El problema es que esta apreciación (temporal) de la moneda local no va acompañada de un frenazo total de la inflación. La curva inflacionaria, sin ser tan acusada como en los primeros meses del año, mantuvo en septiembre su dirección ascendente con un 3,5% mensual —la menor cifra conseguida hasta la fecha—, alcanzando un 209% interanual. En los primeros nueve meses de 2024, el índice oficial de precios acumula un incremento del 101%. A pesar del escenario general recesivo, de la pérdida masiva de puestos de trabajo, del congelamiento de jubilaciones y salarios, no parece que de aquí a fin de año vayan a remitir los aumentos de precios, impulsados en gran parte por los tarifazos y los recortes de subvenciones al transporte público.

Con una previsión de inflación cercana al 130% a finales de año, a pesar incluso de la revalorización del peso, Argentina se ha vuelto un país muy caro no sólo para sus habitantes, sino también para los visitantes del extranjero

Con una previsión de inflación cercana al 130% a finales de año, a pesar incluso de la revalorización del peso, Argentina se ha vuelto un país muy caro no sólo para sus habitantes, sino también para los visitantes del extranjero. El turismo del exterior, en particular de países limítrofes, es uno de los sectores que más sufre el impacto del “veranito financiero” de este Gobierno, ya que la afluencia de turistas se ha visto muy mermada con una moneda claramente sobrevalorada y un nivel de precios cada mes más alto.

Por otra parte, la inflación esta infravalorada en las estadísticas según la percepción general de la gente. En lo que va de año, los alquileres aumentaron un 50% por encima de la inflación. El “sinceramiento” (quita de subvenciones) de las tarifas de los servicios públicos y del transporte consumen casi todos los ingresos de un jubilado que cobre la pensión básica. Los incrementos de las cuotas de medicina prepaga son también muy superiores al índice de inflación. Y así sucesivamente.

En todo caso, las variables financieras favorables al Gobierno no modifican los datos estructurales de la economía, que en los mejores pronósticos tendrá en 2024 un crecimiento negativo del -4%, a pesar del aumento de la deuda pública de 81.000 millones de dólares al 30 de agosto de 2024, según datos del investigador Alejandro Olmos, quien estima que el total adeudado por el país ya alcanza los 460.000 millones de dólares. Olmos también asegura que la suma de las cantidades destinadas a educación y salud en el presupuesto presentado por el Gobierno para 2025, equivale a los pagos de capital e intereses de la deuda durante el mismo período (unos 25.000 millones de dólares).

La inflación esta infravalorada en las estadísticas según la percepción general de la gente. En lo que va de año, los alquileres aumentaron un 50% por encima de la inflación

Por otra parte, se acentúa la caída del consumo masivo, con cifras tan alarmantes que los medios del establishment se atreven a publicar que “sigue en caída libre” y que este año podría terminar con “la peor marca desde la crisis de 2001” (Clarín, 8/10/2024). En agosto, la reducción interanual fue del 17%, la mayor retracción del consumo desde marzo de 2021, durante la pandemia. En septiembre se agravó aún más esta tendencia con una caída del 21% interanual. 

El ajuste fiscal de Milei y su política económica recesiva; provocaron un enorme incremento de la pobreza, que según las estadísticas oficiales del INDEC ha aumentado desde el 41,7% de la población al 52,9%. Más de cinco millones de personas pasaron a engrosar la cifra de pobres durante el primer semestre de 2024. La indigencia escaló también durante el primer semestre del año desde el 11,6% hasta el 18,1% de la población. 

El caso de los jubilados es el más representativo de esta situación de precariedad. Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, más de cinco millones de jubilados subsisten bajo la línea de pobreza. Siete millones perciben la jubilación mínima. Muchos de ellos no pueden pagar los medicamentos, o tienen que elegir entre comprarlos y comer. La Defensoría de la Tercera Edad considera que la canasta básica de un jubilado ronda los 800.000 pesos mensuales, mientras que la jubilación mínima, incluido el bono que ha sumado el Gobierno, asciende a 295.000 pesos.

Caída drástica del apoyo popular

Si hasta la mitad de su primer año de Gobierno los sondeos presentaban a un Milei victorioso, manteniendo las mismas cotas de popularidad que en las elecciones que lo llevaron a la presidencia, todas las encuestas realizadas durante el tercer trimestre del año mostraron un apoyo gradualmente decreciente a la figura de Javier Milei. Esta tendencia se advierte en las últimas encuestas difundidas por los principales medios de comunicación, que revelan una desafección creciente entre los jóvenes de sectores populares que votaron a Milei.  

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario ha radicalizado la protesta juvenil, agravada por las falaces declaraciones de Milei al afirmar que sólo los jóvenes ricos disfrutan de la universidad pública, cuando en realidad casi la mitad de las familias (48,5%) de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) están por debajo de la línea de pobreza. Tras el veto presidencial, la rebelión estudiantil se extendió a un centenar de universidades de todo el país, muchas de ellas tomadas por los alumnos. Incluidas varias sedes de ciudades donde el apoyo al presidente era mayoritario. Por ejemplo, es significativo que las tomas incluyan a varias facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una de las provincias donde el triunfo electoral de Milei fue más contundente gracias al apoyo de los jóvenes.

Ante las tomas de universidades, la ultraderecha gobernante amenaza con activar la represión. El vocero presidencial Manuel Adorni calificó las tomas de universidades como un delito y envió a la policía a enfrentar a los jóvenes

Ante esta situación, la ultraderecha gobernante sólo amenaza con activar la represión. El vocero presidencial Manuel Adorni calificó las tomas de universidades como un delito, y envió a la policía a enfrentar a los jóvenes en el interior de algunas facultades y a despejar las calles cortadas por los estudiantes. En la Universidad de Quilmes, un puñado de extremistas de LLA acudieron a romper una asamblea y al ser expulsados, atacaron a varios participantes con gas pimienta. El jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, justificó estas actuaciones con argumentos antediluvianos: “En la década de 1970 también se tomaban universidades, y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones. Eso se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión”. Y así llueve sobre mojado. Después de que varios congresistas del partido de Milei acudieran meses atrás a algunas cárceles para reivindicar a los represores de la dictadura, ahora el Gobierno amenaza indirectamente con volver a emplear esa violencia completamente superada contra los jóvenes que reclaman por su futuro.

La valoración del presidente en las encuestas cambió de signo desde fines de agosto. Según el índice mensual que elabora la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, la confianza en la gestión de Milei cayó casi 15 puntos en un mes, entre agosto y septiembre de este año. “La medición de septiembre de la gestión Milei registra el nivel mínimo del índice de confianza desde que inició su Gobierno”, puede leerse en un documento de la Escuela de Gobierno de esta universidad privada, una referencia para algunos sectores sociales influyentes. La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores, “indaga sobre las expectativas de los consultados en la mejora de la economía, la evaluación general de la gestión, la eficiencia en el gasto público, la honestidad de los funcionarios y la capacidad para resolver los problemas del país”.

Según el índice mensual que elabora la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, la confianza en la gestión de Milei cayó casi 15 puntos en un mes, entre agosto y septiembre de este año

Otra encuesta realizada por la consultora Opina Argentina, realizada en octubre, concluye que la desaprobación a la gestión del Gobierno en septiembre fue del 56%. La cifra no es abrumadora, pero sí un importante indicio del cambio de tendencia, ya que estas consultoras concluían hasta hace muy poco que más de la mitad de la población seguía respaldando a Milei. Más significativo aún es el dato que da Opina sobre la valoración de Milei entre quienes lo votaron en las elecciones generales, cuya imagen descendió 20 puntos en un mes, desde el 84% en agosto hasta el 64% en septiembre.

Además de demostrar su impericia para contener la protesta de la juventud universitaria, el desprestigio del Gobierno alcanzó un punto de inflexión irreversible, incluso en el universo de sus propios votantes, con la represión despiadada contra los jubilados que salieron a manifestarse frente al Congreso a finales de agosto, oponiéndose al veto presidencial que rechazaba recomponer sus haberes al ritmo de la inflación. El operativo represivo que dirigió el Ministerio de Seguridad incluyó a tres fuerzas armadas —Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval— que enfrentaron a los jubilados con palos, gas pimienta y balas de goma. 

La represión tuvo un saldo de varios manifestantes heridos. Fue calificada como “brutal” por algunos medios de comunicación, y se repitió tres semanas más tarde, el 18 de septiembre, en otra marcha convocada por los jubilados ante el Congreso como cada miércoles. En esta ocasión hubo menos asistentes que la semana anterior, pero la Policía se empeñó a fondo en castigarlos. La CGT emitió un comunicado de repudio, rechazando “enérgicamente la vergonzosa represión” contra “un grupo de jubilados que se manifestaba pacíficamente”. Por su parte la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (Unión por la Patria, peronista), acuñó una frase que muy pronto se volvería viral: “De pegarle a un jubilado no se vuelve”.

Una contundente descalificación moral que resume el hartazgo de muchos argentinos frente al ejercicio de la crueldad.