América Latina
El difícil refugio en México

A Marcela la intentaron matar en El Salvador. La balearon, pero sobrevivió. Dice que se aferró a la vida, y en cuanto se recuperó huyó del país. Trabajó unos meses en Guatemala y cruzó, indocumentada, a Chiapas, en la frontera sur de México. Allí, en la ciudad de Tapachula, llegó a dormir en la calle hasta que descubrió, a través de una compañera trans como ella, que podía pedir asilo en el país.

En las oficinas locales de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), sintió una voz conocida que la llamaba por su nombre —su nombre real, no el que usa para este reportaje—. Era un pandillero de su país, un viejo conocido que la había hostigado en el pasado y había acabado en el mismo lugar que ella con otro compañero. Esa nueva amenaza aceleró su trámite y poco después llegó a Ciudad de México con la condición acreditada de refugiada. Era el verano de 2016.

Casi dos años después, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, los refugiados no ocupan los discursos de los candidatos y pasan desapercibidos entre los migrantes económicos y quienes están de tránsito a Estados Unidos. Sin embargo, en solo cinco años las solicitudes de asilo en México se han multiplicado por once, de 1.296 peticiones en 2013 a 14.596 el año pasado. Huyen de algunos de los países más violentos del mundo, donde no hay guerras declaradas pero la penuria y la presencia omnímoda del crimen organizado y la delincuencia común hacen imposible la vida. Honduras, El Salvador y recientemente Venezuela son los lugares de origen más habituales. Las instituciones mexicanas cada vez tienen más dificultad para acogerlos y reconocer su situación.

Un día de comienzos de mayo, como cada semana desde finales de agosto de 2017, Fabián fue a las oficinas provisionales de la COMAR en la avenida del Ejército de la Ciudad de México, pero ya no estaban allí. Una funcionaria en la entrada del edificio le indicó que la nueva dirección se podía consultar en una hoja pegada fuera. Nadie más le notificó, a pesar de que todas las semanas tiene que firmar una hoja ante una empleada de COMAR para mantener vivo su trámite de solicitud de refugio.

Fabián —nombre ficticio— nació en el norte de Colombia hace 30 años, en una zona donde la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares eran una constante. Su familia fue víctima de desplazamiento interno tras sufrir el robo de su vivienda y sus tierras, relata. Por la constante inseguridad y por ser homosexual, decidió salir de su país y pedir refugio en México después de terminar sus estudios en Comunicación Social.

El proceso de Fabián dura ya más de nueve meses, como casi nueve meses duró el de Alicia —otro seudónimo—, una abogada venezolana de 49 años reconocida como refugiada a finales de mayo. Alicia relata que participó en marchas pacíficas contra el Gobierno de Maduro y en una de ellas recibió un tiro en la pierna. Se operó clandestinamente y se marchó del país para evitar que la detuvieran, dice. Ella tenía el pasaporte en regla y pudo salir desde el aeropuerto de Caracas con el objetivo de pedir refugio y apoyar financieramente a su familia: a su padre le hace falta un marcapasos y su hermano tiene una discapacidad.

Cuando recuerda que “Venezuela fue un país muy rico”, la abogada se derrumba. Los refugiados de su país tienen una tasa de reconocimiento cercana al 100%, lo que indica una consigna política desde el Gobierno: de 912 que terminaron su trámite en 2017, México reconoció a 907. Otros 3.067 quedaron en trámite al cierre del año, una de ellas era Alicia. En el caso de Honduras —el país con más peticiones de asilo en México—, el Gobierno sólo reconoció refugio o medidas de protección complementaria a la mitad de los más de 1.500 que lo solicitaron y completaron el trámite; de El Salvador reconocieron al 64%.

El sistema de ayuda a refugiados, al borde del colapso

Los procesos de solicitud de refugio no siempre fueron tan largos. Hasta finales de 2017, COMAR establecía un plazo máximo de 45 días hábiles para emitir una resolución. A finales de octubre del año pasado, la institución certificó las dificultades que llevaba tiempo sufriendo y aprobó un acuerdo en el que suspendía los plazos de sus procedimientos. La causa alegada fue que sus instalaciones sufrieron daños por el seísmo del 19 de septiembre, que dejó más de 200 muertos sólo en la Ciudad de México y graves daños materiales, y en las nuevas dependencias provisionales “no se cuenta con la capacidad operativa para garantizar el desarrollo de los procedimientos”. Como consecuencia, la institución ya no estaba obligada a realizar las entrevistas de elegibilidad y emitir la resolución sobre las peticiones en ningún plazo determinado por ley.

Durante todo ese tiempo, Fabián, Alicia y otros miles —al cierre de 2017 había 7.719 solicitudes pendientes de respuesta— no pudieron ejercer un trabajo formal, ni tampoco tuvieron ayudas públicas para alojarse u obtener ingresos. Los demandantes de asilo pueden tramitar una visa humanitaria, que permite estar legalmente en el país, pero no otorga derechos a trabajar o recibir asistencia sanitaria.

Alicia llegó a hacer dos entrevistas para ejercer de abogada en la Ciudad de México, pero cuando explicó su situación migratoria le dijeron que era imposible contratarla. “Mi economía en Venezuela era buena”, dijo en una entrevista semanas antes de que le concedieran la condición de refugiada, que otorga la residencia permanente con permiso de trabajo. “Ahora soy la que limpia casas”, lamentaba entonces.

Durante los primeros meses de estancia, Marcela, Fabián y Alicia recibieron ayuda del Programa Casa de Refugiados (PCR), una iniciativa de varias asociaciones civiles que gestiona fondos de la Agencia dela ONU para los Refugiados (ACNUR). Allí recibieron asesoría legal para tramitar su visa humanitaria, y también una ayuda económica para pagar el alquiler los primeros meses.

Fabián sabrá pronto si obtiene refugio en México. A finales de mayo, se plantó en las oficinas de COMAR solicitando ver al funcionario encargado de su caso. Lo hacía todas las semanas cuando tenía que ir a firmar —un trámite obligatorio que en la práctica restringe la libertad de movimientos de los solicitantes y dificulta seguir un horario de trabajo—, pero esta vez esperó durante horas y finalmente lo vio, y consiguió que le fijaran la cita para la entrevista. Ahora debe esperar, alrededor de 15 días hábiles, para conocer la resolución.

El 5 de abril, un juzgado de la Ciudad de México determinó que la suspensión de plazos de COMAR era inconstitucional. Lo hizo en respuesta a una demanda de amparo que interpuso una familia salvadoreña formada por la madre y tres hijos menores de edad, que además estuvieron retenidos en la estación migratoria. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una asociación civil que trabaja en el litigio estratégico, diseñó y compartió la demanda de amparo entre diversas organizaciones de la sociedad civil, y un despacho legal ganó ese caso en particular.

Daniela Gutiérrez, una abogada de la CMDPDH, explica que en esa sentencia el juez retomó su argumentación jurídica: “En la demanda de amparo lo que se alega es que el acuerdo es contrario a la Constitución porque deja en la incertidumbre jurídica”. Además, se consideró que la suspensión de plazos violaba el derecho a recibir protección internacional.

La sentencia obligaba a COMAR a emitir una resolución sobre la situación de la familia que hizo la demanda en un plazo de 30 días naturales, pero no tiene efectos generales contra el acuerdo de suspensión de plazos, explica Gutiérrez. Los juicios de amparo se rigen por una fórmula que sólo beneficia a la parte que los promovió, aunque la abogada destaca el precedente jurídico.

Gutiérrez explica que su propia institución ofreció espacios para realizar las entrevistas de elegibilidad en los casos que siguen. “No sabemos si es falta de voluntad política”, dice, y apunta a la falta de medios y la alta carga de trabajo para los funcionarios de la institución, que ha ocasionado mucha rotación laboral.

El concepto cambiante de refugio

Las décadas pasan por México y el país sigue acogiendo refugiados, cada cual con sus dramas distintos, desde quienes padecieron guerras civiles en los ochenta hasta quienes hoy huyen de las maras. María Teresa Carranza, refugiada en México desde 1982, fue de las primeras.

Ella, salvadoreña, se hizo militante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional porque a su hijo de 16 años lo metieron en la cárcel acusado de pertenecer a la guerrilla. Se hizo activista por los presos políticos en su país hasta que le dijeron que la buscaban para detenerla: su organización la escondió, hizo gestiones con la embajada mexicana y salió del país por carretera. Dedicó los siguientes doce años a trabajar con asociaciones civiles de ayuda a los refugiados y también viajó por Europa para denunciar la situación de los presos políticos de El Salvador como su hijo, que salió de prisión con 19 años gracias a la presión de Amnistía Internacional.

Entre María Teresa y Marcela, que huyó de su país después de que la presionaran para salir de su trabajo en una organización de exposición pública porque a los nuevos jefes no les gustaba su aspecto de mujer trans —esa disputa acabó con el intento de homicidio y no pudo acudir a las autoridades nacionales porque quien mandaba en su organización había sido militar y tenía “muchos tentáculos”, explicó—, las causas para pedir asilo en la región han cambiado.

“Con el paso del tiempo y en ciertas regiones como Latinoamérica se vio que, si bien no ha habido conflictos bélicos formales, sí hay otro tipo de conflictos violentos que no se pueden catalogar como guerras y son los que han hecho que las personas tengan que salir de sus países para conservar su vida o su libertad”, explica Teresa Gómez, responsable de programas de educación en Casa de Refugiados.

En un local de ese programa, María Teresa se sigue reuniendo con el grupo Monarcas, un espacio de apoyo mutuo entre mujeres refugiadas de su generación que debe su nombre a las mariposas que migran todos los años en un viaje lleno de peligros. Durante la entrevista, repite varias veces que ella no es una mujer muy educada. “Pero tengo esto”, dice, severa, con una cadencia lenta que no admite interrupciones, llevándose la mano a la cabeza.