Análisis
La vivienda, un problema democrático

El debate al que, tras décadas de incomparecencia, se han sumado el PSOE y el PP a lo largo de las últimas semanas está lejos de ofrecer una respuesta sustantiva, real y efectiva, que, a corto plazo, ofrezca las soluciones urgentes y decisivas que precisa una verdadera política pública de vivienda. Parece que, más que una propuesta estratégica, el PSOE y el PP han venido dando diversos pasos tácticos con la intención, sencillamente, de hacer frente al reflejo demoscópico que las encuestas están dando sobre la preocupación ciudadana al respecto de esta necesidad que tan dramáticos esfuerzos está suponiendo. Todo ello, con la esperanza, como suelen hacer en otros asuntos, de incidir sobre la opinión pública en un nivel de discursos y de marcos de pensamiento que no tienen la más mínima intención de intervenir sobre la raíz del problema mediante la movilización de recursos, la imposición de medidas coercitivas o el cambio del modelo actual.

Han sido numerosos y sobradamente conocidos los obstáculos, las dilaciones y las confusiones con que el PSOE contribuyó para cuestionar y debilitar la posición política y la gestión de gobiernos progresistas desde el año 2015, en ocasiones, incluso, desde el seno de los propios gobiernos en que esta fuerza política participaba, en coalición, con otros partidos tanto a nivel autonómico como municipal.

Es preciso reivindicar la gravísima situación de la vivienda como un problema de raíz democrática y con consecuencias sobre la democracia

Es preciso reivindicar la gravísima situación de la vivienda como un problema de raíz democrática y con consecuencias sobre la democracia. La política pública de vivienda (todavía pendiente de consolidar en el Estado español) debe acometer una tarea que ni el PSOE ni el PP, en términos estratégicos, van a estar dispuestos a abordar, salvo que la movilización ciudadana, entre otros factores, desborden la actual masa crítica de demandas sobre el asunto. Y esa tarea consiste en redefinir las cuotas de poder que tienen los distintos actores que participan de las distintas relaciones contractuales de alquiler y compraventa de vivienda. Una labor que pasa, en última instancia, por equiparar las capacidades de influencia mutua entre los diferentes actores que, día a día, se relacionan en operaciones vitales para la dignidad material de la clase trabajadora, en un contexto inaguantable de incremento de precios.

Parece que el problema de vivienda sea, únicamente, un asunto de ineficiencia económica en el sistema inmobiliario, gestión del suelo y recursos financieros. El riesgo social y vital que supone sacrificar una disparatada cantidad de recursos para satisfacer un bien de necesidad básica no puede ser abordado, exclusivamente, desde una óptica mercantilista. Esta premisa y mentalidad de análisis sólo contribuirá a ubicar el marco de soluciones a los defensores del mercado y la no intervención. La cuestión de la vivienda es un asunto de justicia social, de derechos humanos, regulación pública y, ante todo y a mi juicio lo más importante, un problema de origen democrático y que, a su vez, afecta y afectará gravemente a la democracia.

Se trata de un agravio antidemocrático que pone en evidencia la incapacidad de los poderes públicos, para imponer criterios de interés general sobre los intereses de propietarios, especialmente de los rentistas y grandes tenedores

Se trata de un problema democrático dado que está suponiendo, en primer lugar, una vulneración sistemática de un compromiso colectivo que fue política y democráticamente plasmado en la Constitución Española (artículo 47) y que fue igualmente proyectado a los Estatutos de Autonomía como lo es el valenciano (artículo 19). Además, se trata de un agravio antidemocrático en la medida en que pone en evidencia la incapacidad de los poderes públicos, no olvidemos que siempre de origen democrático, para imponer criterios de interés general sobre los intereses de propietarios, especialmente de los rentistas y grandes tenedores. Se trata de un problema de asimetría de poderes y de actores diversos en el que la influencia y capacidad del sector privado se impone a lo público, provocando un claro impacto sobre la lógica y el funcionamiento de la democracia.

Además, la existencia de una bolsa creciente de afectados por la falta generalizada de acceso a una vivienda digna se suma, entre otras muchas circunstancias, a las siguientes: 1. La necesidad de tener que superar en el día a día la frustración por unos precios abusivos y claramente manipulados en una lógica especulativa que se pretende atribuir, de forma abstracta, a un mercado honesto, pero que puede ser claramente personificada en actores muy concretos; 2. La concurrencia de multitud de engaños por parte de agencias o propietarios que, conocedores de la difícil situación de inquilinos, no cejan en vulnerar derechos básicos como consumidores y como ciudadanos, mediante amenazas veladas de todo tipo; o, 3. Tener que hacer frente a un régimen jurídico manifiestamente sesgado, de forma estructural, en favor de una de las partes cuyos recursos y capacidad es tan influyente que destruye cualquier relación posible de negociación o contrato digno y mutuamente garantista.

Esta desigualdad económica destruye las bases de una sociedad cohesionada que sirva como sujeto político vertebrador de una democracia viable y sostenible. Sin pueblo, sin demos, no hay democracia

El nivel de desigualdad que provoca la usurpación material de la vivienda y el arriesgado desgaste que supone en las comprometidas economías de jóvenes, familias o personas mayores (tanto en el alquiler como en la adquisición), alimenta una espiral de desigualdad en la que participan sectores económicos fuertemente organizados y que cuentan con agentes políticos instalados en las Administraciones Públicas que no dudan en gobernar a su favor, desatendiendo una realidad social que está comprometiendo el futuro de generaciones completas.

Esta desigualdad económica destruye las bases de una sociedad cohesionada que sirva como sujeto político vertebrador de una democracia viable y sostenible. Sin pueblo, sin demos, no hay democracia. Además, el elevado coste que supone hacer frente a un bien básico (que no es un capricho ni un antojo) lleva a pensar que no vale la pena luchar, esforzarse y trabajar para lograr, no quimeras antojadizas, sino lo más básico. Se eliminan, de esta forma, incentivos de mejora material, creatividad social, esperanza vital o inquietud intelectual que permitan avanzar colectivamente, en un escenario de malestar generalizado.

Ese dolor que se experimenta a nivel individual cuando lo básico y lo fundamental cuesta tanto como si se tratase de algo extravagante, superfluo u ostentoso, se acaba canalizando políticamente a través de opciones que reflejan a nivel colectivo ese dolor, no para aliviarlo ni hacer que la vida sea más amable, sino para perpetuar el sufrimiento, como lo son las opciones ultraderechistas y fascistas.

Se hace preciso fortalecer la puesta a disposición de viviendas, no solamente mediante la construcción, sino favoreciendo que el actual censo de viviendas esté adecuadamente catalogado e inventariado

Junto con instrumentos jurídicos reforzados a favor de la igualdad democrática en el acceso a la vivienda, los futuros Presupuestos Generales del Estado deben ser, de forma urgente e indemorable, un soporte esencial para garantizar las políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Se hace preciso fortalecer la puesta a disposición de viviendas, no solamente mediante la construcción de más vivienda pública, sino favoreciendo que el actual censo de viviendas esté adecuadamente catalogado e inventariado para ajustarlo a la demanda desde criterios sociales. Es preciso movilizar vivienda vacía. Las soluciones incrementales, como construir más y más vivienda, no hacen sino generar un remiendo que no impide el crecimiento especulativo del precio, y que actúa como un disuasor que evite, definitivamente, imponer medidas coercitivas sobre rentistas haciendo valer el papel de las Administraciones Públicas. Se trata de proyectar sobre los contratos relacionados con la vivienda toda la fuerza del poder público que emana de los parlamentos democráticamente elegidos por la ciudadanía. Democratizar, en consecuencia, los contratos y las relaciones entre particulares.

Es fundamental combatir la especulación desenmascarando los engaños e intereses mercantilistas y rentistas que están detrás de argumentarios victimistas que tratan de invertir el reparto de cargas

Cabe, igualmente, aumentar y blindar en el 2% del PIB la inversión pública en vivienda. Es fundamental combatir la especulación desenmascarando los engaños e intereses mercantilistas y rentistas que están detrás de argumentarios victimistas que tratan de invertir el reparto de cargas pretendiendo convertir a los especuladores en víctimas más vulnerables que los propios inquilinos o desposeídos de la vivienda. Es preciso proteger a los arrendatarios con situaciones sociales vulnerables mediante ayudas directas, pero también mediante recursos de información, asesoramiento y blindaje de sus derechos frente a una relación claramente asimétrica ante propietarios rentistas y abusadores. En democracia, el ejercicio de los derechos supone la supervivencia civil y material de las personas, y para ello es esencial la asistencia económica pero también disponer de recursos que fortalezcan las capacidades democráticas.

Mediante la eliminación de privilegios fiscales se hace preciso, también, proteger a los deudores hipotecarios que, ya de por sí, vinculan el derecho de acceso a la vivienda a un riesgo económico a largo plazo como lo es un crédito. Las hipotecas suponen iniciar una relación con una entidad (los bancos) a todas luces mucho más poderosas y con una posición asimétrica indiscutible frente al consumidor, frente a la ciudadanía, especialmente tras una década de indecentes ayudas públicas que, en cuantías infames, han sido sufragadas, en última instancia, por la clase trabajadora.

Atender el problema de la vivienda, en definitiva, es una cuestión de justicia y de bienestar social, pero, ante todo, y si no se atiende a los desajustes estructurales sobre los que se sostiene en la actualidad la alarmante situación de la vivienda, terminará convirtiéndose, como ya lo es, en un problema de raíz democrática y que, a su vez, acabará afectando a la calidad democrática del país.