Antigitanismo
Por un Pacto de Estado contra el Antigitanismo: presente, memoria, futuro

El próximo 16 de febrero se inicia la primera sesión de la esperada Subcomisión parlamentaria para un pacto de estado contra el antigitanismo, nueve meses después de que su creación fuese aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos. Durante seis meses, se convocará a una treintena de autoridades públicas, representantes del tercer sector, así como expertos/as competentes del ámbito universitario que informarán sobre la situación del pueblo gitano y orientarán los programas de políticas públicas en el marco europeo de obligada trasposición en nuestro país: Inclusión, Igualdad y Participación del Pueblo Romaní (2021 - 2030).

El primer documento que registra la presencia de población gitana en España data del 12 de enero de 1425: llegada a Zaragoza, Reino de Aragón. Se trata de una carta de protección emitida por el papa Martín V, un salvoconducto para un grupo de familias itinerantes en peregrinación a Compostela. La primera pragmática contra los gitanos fue redactada y emitida por el cardenal Cisneros, firmada en Madrid por los Reyes Católicos el 4 de marzo de 1499. Así se inauguraba una serie histórica de hasta trescientas normas estatales antigitanas que se extendieron hasta la dictadura de Franco.

Documentos de la Guardia Civil de la época franquista evidencian que los gitanos fueron incluidos como una categoría específica de delincuentes, bajo el auspicio de la conocida como “Ley de Vagos y Maleantes”

El franquismo insistió en mantener el secular arquetipo antigitano: los gitanos, en su condición de vagos y maleantes, debían ser estrechamente vigilados y perseguidos. El poder simbólico nacional-católico fue la principal fuente de inspiración del proyecto ideológico franquista. Atormentado por el fantasma del republicanismo laico, Franco resucitó el mito fundacional del nacimiento de la nación. Documentos de la Guardia Civil de la época franquista evidencian que los gitanos fueron incluidos como una categoría específica de delincuentes, bajo el auspicio de la conocida como “Ley de Vagos y Maleantes”. De acuerdo con esta lógica jurídica, la miseria material de los gitanos fue retratada como el resultado de su condición moral desviada. Esta ley, vigente desde 1943 hasta 1978, desplegó medidas especiales de represión contra los gitanos.

Con la transición a la democracia, España borró cualquier vestigio legal de su antigitanismo histórico, un legado de más de cinco siglos. Mejor dicho, España borró la letra de las formas de antigitanismo institucional, pero su espíritu sigue vivo. Los espectros del antigitanismo siguieron operando tras la muerte de Franco, en prácticamente todos los ámbitos: social, económico, político y cultural. En la etapa democrática se han configurado nuevas formas de discriminación: segregación residencial, barreras educativas, estereotipación cultural y mediática, infrarrepresentación política, delitos de odio y una abismal brecha laboral.

Según un reciente informe encargado por FSG y dirigido por la economista Sara de la Rica, la tasa de paro entre la población gitana alcanza el 52%, tres veces más que la media nacional. Y el desempleo de larga duración supera el 70%. Tomando como referencia la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), el 92% de la población gitana está en situación de pobreza y/o exclusión social.

Por otro lado, los hallazgos del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), en su 4º Estudio sobre discriminación por origen racial o étnico (2020), destacan que los grupos sobre los que en mayor medida se proyecta una imagen desfavorable son: la población gitana de origen europeo (54%), seguida de la población gitana de origen español (45%) y la población magrebí (40%).

Si miramos de manera cotejada los resultados de sendos informes —estudios de percepción sobre el estatus de prestigio simbólico y estudios sobre la situación socio-económica del pueblo gitano— podemos plantear una hipótesis inicial: las políticas dirigidas a la inclusión del pueblo gitano resultarán fallidas, si no están respaldadas por un firme compromiso institucional para combatir la discriminación antigitana. A propósito de este desafío, recientemente el Consejo de Europa urgió a España para que se incluya el “antigitanismo” como categoría específica de delito de odio en el Código Penal, como ya lo está, por ejemplo, el antisemitismo.

Las políticas dirigidas a la inclusión del pueblo gitano resultarán fallidas, si no están respaldadas por un firme compromiso institucional para combatir la discriminación antigitana

La lucha contra el antigitanismo se ha convertido en una de las prioridades en materia legal antidiscriminatoria para gobiernos como los de Suecia, Alemania, Francia o Rumanía, después de que el Parlamento Europeo haya emitido hasta tres resoluciones en este sentido (2015, 2017, 2020). Han pasado más de diez años desde que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa definiera el antigitanismo del siguiente modo en su recomendación general no. 13 en 2011: “el antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y racismo institucional alimentado por la discriminación histórica, que se expresa, entre otros, en la violencia, el discurso de odio, explotación, estigmatización y la forma más flagrante de discriminación”.

Tras el seísmo provocado por el Brexit, los nacionalismos excluyentes han venido ganando terreno tal y como muestra el reciente claustro ultraderechista celebrado en Madrid, en el que líderes europeos como Le Pen (Francia) y Orban (Hungría) compartían estrategia y visión de futuro para la política continental con el líder de Vox, Abascal. En este contexto, la lucha contra el antigitanismo forma parte de una batalla más amplia contra el rearme y avance del neofacismo 2.0.

La subcomisión parlamentaria para un pacto de estado contra el antigitanismo abre en España una oportunidad histórica para ser vanguardia en la protección de los derechos de la minoría étnica más desprotegida de Europa, según palabras del Nobel Günter Grass. En la historia de los Derechos Humanos hay años en los que se avanzan siglos; y tengo la certera esperanza de que este nuevo ciclo político podría suponer el fin de la última forma de discriminación racial aceptada en el viejo continente.