Argentina
La oposición a Milei tacha de decisión política la condena contra la expresidenta Cristina Fernández

No se conocen antecedentes en la historia argentina de un fallo judicial, en este caso de la Corte Suprema contra una ex presidenta, que se conociera con tanta anticipación. Durante meses, el rumor circuló en boca de las figuras periodísticas de los grandes medios de la derecha alineados con Javier Milei. Ya en marzo de este año, el Gobierno de Donal Trump había decidido prohibirle el ingreso a los Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner y a toda su familia, según la fundamentación de Washington, por su “participación en corrupción significativa” durante sus mandatos.

En mayo pasado, durante el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) realizado en Buenos Aires, su presidente, también titular de JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, se mostró disconforme con el rechazo del Parlamento a la ley de Ficha Limpia, que había sido impulsada fundamentalmente por el macrismo y tenia el propósito de impedir de Cristina Fernández de Kirchner se presentará como candidata en las elecciones legislativas de este año.

Fracasado el “Plan A”, el establishment y el Poder Judicial, acorde a la orientación del Gobierno estadounidense y su estrategia de lawfare, pusieron en marcha el “Plan B”: confirmar la condena contra la expresidenta argentina seis años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos en el marco de la llamada Causa Vialidad.

Mientras se llevaba adelante el juicio, los tres jueces del caso visitaron asiduamente al Mauricio Macri en secreto en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante su presidencia

La causa fue abierta durante el Gobierno de Mauricio Macri, y se ocupó de investigar la presunta corrupción en la obra pública durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, lejos de buscar avanzar en la investigación de la corrupción en la obra pública, intrínseca en el Estado argentino durante todos los gobiernos, la oposición peronista denuncia que esta causa tuvo un carácter político contra la principal referente política de la oposición, impidiendo a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de este año.

La causa estuvo plagada de inconsistencia y, fundamentalmente viciada de nulidad por la dudosa imparcialidad de todos los jueces de las diferentes instancias. El Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó en primera instancia, le dio cinco días hábiles para que se presente ante la justicia. La defensa de la expresidenta pidió la detención domiciliaria, derecho que en la Argentina puede ser otorgado a personas mayores de 70 años.

Vínculos entre Macri y los jueces de la causa

Los camaristas de Casación que revisaron la condena, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mantuvieron una relación directa con el expresidente Mauricio Macri que, tras conocerse la condena afirmó que “el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico”.

Mientras se llevaba adelante el juicio, los tres visitaron asiduamente a Macri en secreto en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante su presidencia. Hornos reconoció que mantenía una relación social con Macri, mientras que Borinsky jugaba al paddle y al tenis con el ex presidente argentino. En tanto que el tercer juez en cuestión, Barroetaveña, fue designado en Casación por el propio Macri.

La noticia volvió a unificar a las distintas tendencias del peronismo, fragmentado tras la derrota electoral frente Milei en 2023 y atravesado por una fuerte disputa interna entre Cristina Fernández y el gobernador Kicillof

Estos camaristas, en segunda instancia, fueron los que habían confirmado el fallo en primera instancia de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, quienes jugaban juntos al fútbol en la quinta Los Abrojos del propio Macri. Y para completar esta cadena de complicidades, los cortesanos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron designados por decreto por Macri, cinco días después de asumir su mandato presidencial en 2015.

Sin embargo, para los tres ministros de la Corte, no hay “ni una sola circunstancia concreta” que permita “inferir que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces” de la causa Vialidad. Al referirse a la relación entre los jueces y Mauricio Macri, el máximo tribunal aseguró que los “hechos relativos a conexiones entre los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, son solo “conjeturas”.

Fallo político

El fallo contra Cristina Fernández se conoció cerca de las 17h del martes 9 de junio. La expresidenta se encontraba en el interior de la sede del Partido Justicialista, que preside, en donde recibió durante todo el día la visita de los principales referentes del peronismo, entre ellos, el exministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La noticia volvió a unificar a las distintas tendencias del peronismo, fragmentado tras la derrota electoral frente Milei en 2023 y atravesado por una fuerte disputa interna entre Cristina Fernández y el gobernador Kicillof, una de las figuras presidenciables de este espacio político. Sin embargo, el fallo proscriptivo, de carácter netamente político, contra la expresidenta recibió el amplio repudio. Massa consignó que el fallo está “plagado de irregularidades”, mientras que Kicillof lo calificó como “verdadera inmundicia y una aberración”. En el mismo sentido, la izquierda rechazó la proscripción política. La referente trotskista de los derechos humanos y exdiputada nacional Myriam Bregman denunció que el fallo representa una “avanzada antidemocrática” contra la expresidenta y que “va a incrementar la persecución” a referentes políticos y organizaciones sociales“. Bregman aclaró que fue “opositora durante los gobiernos de Cristina Kirchner, siempre he manifestado mis diferencias políticas e ideológicas profundas, pero no puedo dejar de ver qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, hay un avance antidemocrático”, afirmó. En tanto que la referente de los derechos humanos y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que estamos frente a una “operación orquestada para reconfigurar los márgenes del escenario político y social”.

Myriam Bregman, referentes de la izquierda no peronista, denunció que el fallo representa una “avanzada antidemocrática” contra la expresidenta y que “va a incrementar la persecución” a referentes político

A nivel regional, fueron varios los mandatarios y dirigentes que expresaron su apoyo a la expresidenta argentina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su “solidaridad” con Cristina Kirchner y agregó: “Sentimos que es más un conflicto político”. Por su parte, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva reveló que mantuvo una conversación telefónica con la exmandataria argentina y contó: “Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”.

Malestar social y movilización

La proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner generó la movilización, no sólo frente a la sede del Partido Justicialista, sino también frente al domicilio de la expresidenta en Buenos Aires, donde se mantienen guardias permanentes de militantes esperando acompañar a la dirigente peronista al momento de la concreción de la detención efectiva. El mismo día de conocerse el fallo hubo manifestaciones en distintos puntos del país y en Buenos Aires se registraron cortes de organizaciones sociales y sindicales en las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Panamericana, donde unos 10.000 trabajadores metalmecánicos agrupados en el sindicato SMATA de importante peso en la zona industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires, mantuvieron interrumpido el tránsito para rechazar el fallo.

En tanto, los estudiantes de varias sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron ocupar los edificios. Durante la jornada del miércoles, continuaron las manifestaciones y el rechazo al fallo también se hizo oír en la movilización que tradicionalmente vienen realizando los jubilados y pensionados que se han transformado en una referencia de resistencia contra el plan de ajuste y entrega nacional llevado adelante por el gobierno ultraderechista de Javier Milei.

La marcha volvió a sufrir la violencia policial que viene siendo sistemática y creciente contra la protesta social. Esto se da en un contexto de creciente malestar social y nivel de movilización que se viene desarrollando en distintos sectores. Los trabajadores del hospital pediátrico más importante del país, el Hospital Garrahan, vienen desarrollando una extensa lucha en defensa del salario y contra el vaciamiento de la salud pública. La comunidad científica, universitaria y la cultura también se vienen movilizando en las últimas semanas, junto con el creciente nivel de protesta en distintos sectores industriales que vienen sufriendo despidos de trabajadores, como la alimenticia Georgalos.

Mientras Javier Milei se pasea por Europa en eventos de ultraderechistas y se entrevista con el genocida Benjamin Netanyahu, su gobierno busca acelerar el plan de ajuste ordenado por el Fondo Monetaria Internacional, aumentando la represión y el ataque a las libertades democráticas, tal como demuestra el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, las calles dirán la última palabra.