Asia
El camino de Bangladesh hacia el autoritarismo

Los inicios no resultaron fáciles. Bangladesh se independizó en 1971 arrastrando las secuelas de una guerra que todavía hoy da titulares y curándose las heridas de un genocidio en el que las violaciones y asesinatos se contaban en cientos de miles. Desde el primer momento tuvo que soportar la carga de haber sido etiquetado como un “caso perdido”, un Estado que nacía fallido y que no llegaría a ningún lado. Los sucesivos golpes militares no ayudaban a presagiar lo contrario. Pero el salto que ha pegado desde entonces ha sido tal que podría ser considerado un ejemplo para sus vecinos, al menos en lo económico y lo social.

Lo político es otra historia. Ésta. El país de la Bahía de Bengala ha tomado una senda que tiene muchas papeletas para acabar en precipicio. Y en ese escenario de libertades limitadas se tendrán que acabar integrando seguramente centenares de miles de refugiados rohingyas, cuyo panorama particular tampoco da pie al optimismo.

La primera ministra, Sheikh Hasina, lleva casi una década sentada en el trono. Las últimas elecciones, en 2014, fueron boicoteadas por casi todos los partidos de la oposición, por lo que la gobernante Liga Awami tiene tomado el Parlamento sin prácticamente nadie enfrente. Mientras continúa creciendo la lista de denuncias de abusos de poder y violaciones de los derechos humanos, las masivas detenciones de oponentes arman de razones a quienes acusan a Hasina de estar levantando un régimen autoritario en nombre de la seguridad nacional. Su última acción: iniciar una campaña contra las drogas al más puro estilo Duterte en Filipinas. En pocas semanas, la policía ha matado a más de un centenar de personas acusadas de ser narcotraficantes en redadas nocturnas.

“La población cree que la narrativa antiterrorista del Gobierno no es clara ni admisible. Los opositores políticos y las voces disidentes están siendo asesinados, mientras los organismos encargados de hacer cumplir la ley disfrutan de impunidad”, afirma Adilur Rahman Khan, secretario de Odhikar, una organización local que denuncia que en Bangladesh “prevalece una cultura de la tiranía”. En Bangladesh pensar distinto se puede pagar con una bala. Un reciente informe de Odhikar señala que en los cinco primeros meses del año se produjeron 222 asesinatos extrajudiciales, que se unen a los 154 documentados en 2017.

En febrero fue condenada a cinco años de prisión Khaleda Zia, ex primera ministra y hoy lideresa del principal partido opositor, el BNP, por malversar fondos por valor de unos 200.000 euros. El día de su detención se realizaron alrededor de 300 arrestos de líderes y simpatizantes de su partido que salieron a defender a su jefa. Unos 3.000 han pasado por los calabozos en lo que va de año.

A los arrestos que logran llegar a las páginas de periódicos se suman las detenciones secretas y las desapariciones forzosas de activistas y opositores que no salen tanto en prensa. En este tipo de casos el detenido, con suerte, acaba siendo presentado en un tribunal después de pasar semanas en paradero desconocido. Las otras opciones son aparecer ejecutado en algún descampado o no aparecer nunca.

“Las detenciones secretas y las desapariciones se han convertido en una perspectiva aterradora para los bangladesíes, que temen que cualquier crítica o afiliación política lleve a que la ‘administración’ llame a su puerta”, dijo a principios de este año Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (HRW).

En el BNP aseguran que más de 500 miembros del partido han sido asesinados desde las últimas elecciones y que otros 150 han desaparecido forzosamente. A los rivales de la primera ministra les inquietan, sobre todo, las prácticas de los servicios de inteligencia del Ejército y las del Batallón de Acción Rápida, una unidad policial de élite. Son los ojos que todo lo saben y la mano de hierro que ejecuta las órdenes. Una de sus prácticas de tortura es disparar a las rodillas de los detenidos para que los problemas al caminar les disuadan a la hora de asistir a futuras manifestaciones.

La polémica Ley de Tecnología de la Información y Comunicación ha sido usada para detener a ciudadanos que escribieron mensajes que no debían en periódicos, blogs o redes sociales y a periodistas que habían indagado demasiado en casos de corrupción. Así han terminado en una celda personas por criticar la ropa de la primera ministra o su política exterior y por herir los sentimientos religiosos de algún ofendido.

HRW recoge, por ejemplo, el caso de Monirul Islam, un trabajador que fue detenido en 2017 por haber regalado un ‘me gusta’ a una publicación de Facebook que criticaba un viaje a India de la mandataria Hasina. El denunciante aseguró sentirse “profundamente herido” por aquel mensaje porque consideraba que era “una traición al país”. El caso continúa pendiente de resolución.

El periodista bangladesí Tasneem Khalil nos cuenta su propia historia. La publicación de asesinatos policiales y militares le llevó a una celda en la que fue torturado por los servicios de inteligencia. Desde 2007 vive exiliado en Suecia, donde se estableció con su familia. No regresa porque “persisten las amenazas”. “Bangladesh es ahora una pesadilla, algo que se fue conformando con los sucesivos regímenes, y no estoy seguro de que vaya a llegar a su fin”, explica el autor del libro Jallad: escuadrones de la muerte y terror de Estado en el Sur de Asia. “Allí hay un caldo de cultivo fértil para una autocracia populista, algo opuesto a los ideales democráticos”.

En mitad de un clima tan revuelto, el país asiático, hogar de 160 millones de habitantes, se prepara para las próximas elecciones previstas para finales de año. De fondo: el creciente temor a ver repetida una campaña sumida en la violencia callejera (con su inherente reguero de centenares de muertos) y una jornada en las urnas marcada por las acusaciones de fraude, tal como sucedió en 2014. “Tras aquellas polémicas elecciones se hizo visible que Bangladesh ha caminado hacia un sistema autoritario y todo apunta a que los próximos comicios parlamentarios serán controvertidos y controlados (por Hasina)”, afirma Rahman Khan, líder de Odhikar, que habla de una posible farsa electoral a la que acudirá un único partido.

La opositora Zia, que tiene pendientes 30 cargos de corrupción y sedición, podría despedirse de sus opciones electorales, ya que su condena de cinco años le impediría presentarse a menos que los jueces decidan lo contrario. Sus compañeros de partido, cuyos mítines han sido prohibidos en numerosas ocasiones por supuestos motivos de seguridad, hasta ahora han respondido a los golpes con protestas relativamente pacíficas, pero se da por hecho que la tensión irá calentándose según se vayan acercando las urnas. Hasta que las cuerdas se rompan. Otra vez.

La enemistad entre Sheikh Hasina, de 70 años, y Khaleda Zia, de 72, va mucho más allá de una rivalidad partidista al uso. La primera es hija y la segunda es viuda de dos líderes de la independencia que fueron asesinados. Ambas heredaron el odio mutuo entre sus dinastías y asumieron el mando de dos formaciones de derechas que han dominado la vida política de Bangladesh. Hasina y Zia se llevan alternando en el poder desde 1991. “Creo que las causas históricas de las turbulencias siguen teniendo sus fantasmas en la actualidad y hacen que se dé una política cainita. Que las dos líderes no se reúnan para hablar de política desde hace décadas es algo tremendo y triste”, nos dice Igor G. Barbero, autor del libro Bangladesh: crónica de un país olvidado.

El periodista, que fue corresponsal en la capital bangladesí, destaca también otro de los desafíos pendientes de esta nación de mayoría musulmana. “La dicotomía entre islam y secularismo no está bien resuelta en la actualidad. El país en su nacimiento tenía una idea muy clara del secularismo y ahora mismo hay ciertas dudas no resueltas, esa dicotomía va a dar de qué hablar”. Y es que además del peso del islamismo político, cuyo principal partido, Jamaat-e-Islami, está vetado y tiene a sus altos cargos sentenciados por crímenes de guerra, en los últimos años se ha instalado en Bangladesh una corriente yihadista que enarbola las banderas de Al-Qaeda y el Estado Islámico y que ha perpetrado ataques contra extranjeros, blogueros laicos, minorías religiosas o la comunidad LGTB.

La defensa que esgrime la Liga Awami ante todas las acusaciones se basa en dos pilares: haber rebajado el miedo a más atentados a golpe de operaciones antiterroristas y haber acogido con los brazos abiertos el éxodo rohingya. “Nuestro gobierno ha sido un ejemplo ante el mundo en la defensa de los derechos humanos al dar refugio a un millón de rohingyas”, dijo recientemente a Al-Jazeera Faruq Khan, miembro de la cúpula del partido.

Ese refugio va para largo. Syed Munir Khasru, presidente del Instituto de Política, Defensa y Gobernanza, un think tank de relaciones internacionales, cree que el futuro rohingya se desarrollará en suelo bangladesí. “A menos que haya sanciones serias contra Myanmar y su Ejército, ese país comprará tiempo y Bangladesh se quedará con esta población porque para volver necesitan una sensación de seguridad y unos derechos que hoy no tienen”.

Pero ¿puede Bangladesh hacer frente a ese reto en solitario? “Por supuesto que no —responde Khasru—, pero no hay otra opción. Somos un país con recursos limitados y ellos son casi un millón. Uno de los peligros que los ricos no están viendo es que entre los rohingya hay mucha gente joven. ¿Y qué ocurre si tienes gente joven sin trabajo, sin ingresos, sin futuro? Que se vuelven un blanco fácil para grupos extremistas. Aquí tenemos muchos de esos grupos, de modo que si dejas esto sin solucionar te explotarán otros problemas. Imagina lo que pasará dentro de cinco años si no se hace nada”.