Baleares
Tres años de estocada ultra contra los derechos LGTBIQ+ y feministas en Baleares

En junio de 2023, el Partido Popular y Vox alcanzaban un acuerdo programático para gobernar Baleares bajo el estandarte de “expulsar de las instituciones a la amenaza separatista”, acabar con la migración irregular y restringir el uso de la lengua catalana en las aulas, entre otras medidas. La puesta en marcha de la agenda ultra ha tenido ya efectos tales como la derogación de la Ley de memoria democrática de Baleares en marzo de este año, una norma que el Ejecutivo central ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, este último mes los movimientos sociales de la isla han puesto el foco en el acusado retroceso en derechos LGTBIQ+ y feministas que han traído consigo estos tres años de legislatura.

Lo que al comienzo parecía responder a proclamas vacías y falsos cantos de sirena se ha cristalizado a través del desmantelamiento paulatino de recursos para mujeres y personas LGTBIQ+. Estas reformas, tal y como han denunciado distintos colectivos sociales de la isla, ponen en jaque años enteros de avances en ambos ámbitos.

“En estos años hemos vivido una desarticulación progresiva de las políticas LGTBIQ+ que se ha manifestado en forma de barreras administrativas y negligencias deliberadas por parte de las instituciones”, cuenta a El Salto Jan Gómez, coordinador técnico de Ben Amics, la plataforma LGTBIQ+ de referencia en el archipiélago. La última estocada para minimizar las acciones de lucha queer en la isla se dio este mes del Orgullo, cuando el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en manos del Partido Popular, impidió a través de múltiples obstáculos a Ben Amics la planificación de la verbena anual. Hasta este año, cada año la organización del evento se ha dado a través de la colaboración entre el Consistorio y esta entidad.

La “deficiente” planificación del Orgullo acabó por hacer imposible que Ben Amics pudiera organizar el evento, según Ben Amics, la plataforma LGTBIQ+ de referencia en el archipiélago

Este verano, argumentan, la “deficiente” planificación del Orgullo acabó por hacer imposible que Ben Amics pudiera organizar el evento: “El pasado 22 de abril, 85 días después del primer intento de coordinación por parte de Ben Amics, el Ayuntamiento convocó una reunión para abordar la organización del Orgullo 2026. Sin embargo, dicha reunión se celebró sin la presencia de la regidora responsable y sin una planificación concreta ni directrices definidas por parte del Ayuntamiento, a tan solo 67 días del evento. Durante el encuentro, el Ayuntamiento confirmó que el contrato necesario para la organización del evento seguía en fase de formulación, sin una previsión clara de resolución”, afirmaban a través de un comunicado.

Se informó de que todavía no estaba asignada el área responsable del expediente de manera que, a dos meses de la organización de la verbena, “el personal técnico municipal todavía no tenía conocimiento del encargo ni de su tramitación, evidenciando una preocupante falta de coordinación interna”. El resultado de este retraso acumulado de plazos y que hacían imposible llevar a cabo ningún acto reivindicativo el día 28, acabó por frustrar los intentos de celebrar el Orgullo como cada año.

El modus operandi de la derecha en las instituciones mallorquinas ha seguido siempre una tónica similar: muchas veces no se prohíben los eventos per se, pero sí se dilatan excesivamente determinados procesos clave para su consecución, o bien se les da una promoción pública mínima y se despoja a los actos de su carácter combativo. “La mala gestión del gobierno municipal y el silencio institucional han agotado los plazos para organizar la celebración”, recriminaban. Tras romper sus relaciones con Ben Amics por voluntad de estos últimos, el Ajuntament contrató para la organización del Orgullo —que ha convertido en un tardeo LGTBIQ+ para turistas tras el fracaso de la celebración inicial— a la empresa de eventos Agencia Com. Su director y exdirector insular de Comunicación del Consell de Mallorca, Antoni Martorell Reynes, no sólo ha publicado varias columnas de opinión en medios locales donde emite consignas abiertamente homófobas y tránsfobas, sino que ha estado imputado en el marco del escándalo político Cas Voltor por presuntas adjudicaciones irregulares en 2016.

Los movimientos sociales han señalado la retirada de la bandera de la fachada principal del Consell de Mallorca en este último Orgullo

Otro gesto afeado por los movimientos sociales en relación a este último Orgullo ha sido la retirada de la bandera de la fachada principal del Consell de Mallorca para situarla “de puertas para dentro” en la escalera interior todos los días salvo el 28 de junio. De hecho, el president del Parlament de Balears, Gabriel le Senne (Vox), interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares para no cumplir la orden judicial de ondear la bandera en la sede. Este hecho ha sido objeto de no pocas críticas por parte del movimiento LGTBIQ+, que este último año ha visto cómo aumentaban las agresiones homófobas en la isla, así como los discursos de odio contra la comunidad. La última reportada se produjo hace dos meses en el mercado de Pere Garau, en Palma, cuando varios hombres propinaron golpes e insultos a un comerciante al grito de “maricón”.

En los últimos dos años, el Govern ha mostrado un interés especial por desmantelar los programas educativos que ofrecen formación en diversidad sexual y de género. La máxima expresión de ello ha sido la no renovación de los contratos de los talleres Palma Educa en 2025. Se trata de unas formaciones llevadas a cabo históricamente por Ben Amics en los centros educativos de Palma gracias a un proyecto que desarrollaba antes el propio Ayuntamiento y que llevaba ejecutándose con éxito desde hacía 15 años. “Este curso escolar no se ha hecho ni un solo taller en materia LGTBI en los centros educativos de Palma, no se ha renovado el contrato de Palma Educa por una cuestión política y de acuerdo programático con Vox”, expresa Gómez. A su juicio, esto constituye un intento firme de censura y de borrar “todo lo que ellos consideran adoctrinamiento de los menores, como si volviéramos otra vez al discurso de que los homosexuales van a convertir a tus hijos”.

“Empezaron eliminando todas las partidas LGTBI de los presupuestos municipales y las dejaron a cero prácticamente, también eliminaron enseguida programas específicos LGTBI como era el Octubre Trans”, explica Miquel Àngel Contreras, concejal del grupo municipal Més per Mallorca

La suspensión de los convenios de estos talleres de sensibilización llegó tiempo después de que el Govern insular suprimir al completo el área de Justicia Social, Igualdad y LGTBIQ+ del Ayuntamiento, que de golpe y porrazo pasó a llamarse Área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades: desaparecía, pues, toda referencia a los derechos de la comunidad queer, así como la línea de subvenciones específica de este colectivo.

“Empezaron el primer año ya eliminando todas las partidas LGTBI de los presupuestos municipales, las dejaron a cero prácticamente, también eliminaron en seguida programas específicos LGTBI como era el Octubre Trans. También a inicio de legislatura la Policía Local de Palma colgó la bandera LGTBI en sus cuentas de redes sociales y el Gobierno Municipal las hizo retirar al instante”, comenta a este medio Miquel Àngel Contreras, concejal del grupo municipal Més per Mallorca y responsable del seguimiento de políticas LGTBIQ+.

Una estocada contra las políticas de igualdad de género

La ultraderecha ha atacado con especial severidad a las políticas públicas de igualdad. En el primer año de gobierno la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad fue transformada en lo que pasaría a denominarse Dirección Insular de Familias, aunque ya existía dentro del departamento de Servicios Sociales una dirección de Infancia y Familias. “Por lo tanto, el Consell Insular es como si tuviera dos direcciones insulares destinadas teóricamente a políticas de familia”, explica Rosa Cursach, miembro del Consell de Mallorca y directora Insular Igualtat i Diversitat entre 2019-2023, así como del Institut Balear de la Dona, sobre este duplicado de funciones en la administración pública de la isla.

Aunque Cursach sostiene que los presupuestos en materia de Igualdad no han sufrido una merma significativa en estos tres años de legislatura, el Gobierno sí se esfuerza por opacar los recursos disponibles, como los centros de crisis o las casas para mujeres víctimas de violencia machista. De esta forma, pueden afirmar que la demanda es baja y que son recursos innecesarios. “No los quitan, pero ni los promocionan, no hacen publicidad, les cambian los nombres, por ejemplo, el centro de crisis no se llama centro de crisis, se llama Centre Libertas. Si tú lo ocultas, la gente no sabe que existen estos servicios y tampoco explotan todos los recursos”, afirma la consellera. Además, estaba prevista la puesta en marcha de un proyecto de 30 pisos sociales destinados a mujeres víctimas de violencias, también para jóvenes LGTBI sin casa por motivos de discriminación. Sin embargo, el servicio acabó externalizándose y todavía no se ha puesto en funcionamiento.

La red de atención jurídica y psicológica para mujeres víctimas de violencia de género que había ido mejorándose no se ha ampliado, y el Gobierno sí se esfuerza por opacar los recursos que ya existen, denuncian los colectivos

Tampoco se ha ampliado la red de atención jurídica y psicológica para mujeres víctimas de violencia de género que había ido mejorándose la legislatura previa a través de siete puntos distribuidos por todo el territorio. “Durante la legislatura 2015-2023, en esos dos gobiernos, se volvió a dar impulso esta red de puntos de atención, pero se ha quedado en lo que se impulsó inicialmente”, declara Cursach. Esto resulta especialmente grave considerándose que  Balears fue la comunidad con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en 2025.

Los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer en Balears recibieron durante el pasado año un total de 7.933 denuncias, un 1,9 % más que en el año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero para Vox estas cifras no son suficientemente esclaredoras de la realidad social, de tal forma que el mes pasado anunciaron una propuesta para reconocer como vulnerables “a hombres víctimas de violencia intrafamiliar” alegando que “ni la violencia tiene género, ni la justicia debe tenerlo”. Para ello, PP y Vox pretenden revisar los criterios de vulnerabilidad para incluir a estos varones. A día de hoy, ninguna de ambas formaciones ha aportado datos ni estadísticas que avalen la pertinencia de esta medida.

Acabar con la memoria histórica de las mujeres y disidencias

Muchos recordarán el gesto del president del Parlament Balear al romper una fotografía de la activista republicana fusilada por las fuerzas del régimen franquista, Aurora Picornell, uno de los grandes referentes feministas en las islas. Aquel gesto profundamente simbólico sucedió durante el pleno sobre la propuesta del PP y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática Balear, que tiempo después llegó a materializarse. A partir de entonces el empecinamiento de las instituciones por soterrar el recuerdo de las mujeres subversivas ha sido constante, tal y como denuncian distintos colectivos feministas mallorquines. En concreto, ha tenido repercusión un proyecto en forma de cómic que recoge historias de mujeres históricas en diferentes luchas de la isla.

La obra recibe el nombre de ‘Mallorca té nom de Dona’ (Mallorca tiene nombre de Mujer) y aparece publicada en la web del Consell insular, sin embargo, una de sus historias fue eliminada intencionadamente. Era aquella que recogía la lucha de las kellys de Baleares, conocidas por su ardua batalla contra la explotación laboral en el sector hotelero y por haber sido las impulsoras de la primera huelga de hostelería del archipiélago. “Dijeron que lo habían eliminado porque tomaba parte por las mujeres trabajadoras en vez de por la industria hotelera”, desliza Cursach, que critica cómo las luchas feministas intentan desligarse de las de clase, antirracistas, etc. como pretende el feminismo interseccional.