Banco Popular
Montoro regaló 266 millones en préstamos sin riesgo al Banco Popular a costa de los ayuntamientos

La situación del Banco Popular viene de lejos. El que fuera nombrado en el año 1993 el banco más rentables del mundo, comenzó su caída dos años antes incluso del estallido de la crisis financiera global. En abril de 2007, las acciones del Banco Popular tocaron su máximo histórico cuando llegaron a cotizar a 35,54 euros la acción. En 2009, el día que quebró Lehman Brothers, las acciones del Popular ya estaban en torno a los 14 euros. En mayo de 2016 la entidad se vio obligada a buscar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Los accionistas pagaron 1,25 euros por la acción. Era una muerte anunciada. El descalabro del Popular parecía no tener solución.

La fuerte exposición al ladrillo –el banco acumulaba 35.050 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos en marzo de 2017– sumado a su tardía reacción ante la crisis inmobiliaria que le dejó fuera de la compra de activos por parte del SAREB, convirtieron los balances del Popular en un problema de difícil solución. A todo ello se han sumado las dudosas operaciones de ampliación de negocio al forjar una alianza con la entidad francesa Credit Mutuel para crear Targo Bank en 2011 y la compra del Banco Pastor en 2012.

Todo apuntaba a lo que hoy ha ocurrido, pero se especulaba mucho sobre el desenlace. ¿Rescate, venta o rescate encubierto? Esas eran las opciones. Bankia, BBVA y Banco Santander sonaban en las quinielas. Incluso había rumores de que la americana JP Morgan estaba interesada. Emilio Saracho, ex-directivo del Banco Santander y ex-directivo de JP Morgan, puesto de director general en mayo de 2016, se afanaba en intentar limpiar los balances de la entidad para darle un aspecto más atractivo para su compra. El Ministerio de Hacienda le echó una mano a costa de asfixiar, un poco más, a los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda le echó una mano al Banco Popular a costa de asfixiar, un poco más, a los ayuntamientos

El 2 de marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda lanzó un nuevo acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos en el que anunciaba un nuevo plan de impulso económico para las administraciones locales.

El acuerdo presentaba dos medidas. Por un lado la ampliación, una vez más, de la carencia en el pago de capital por tres años en los préstamos que ya tenían los ayuntamientos, los “plan de pago a proveedores” de 2012 y 2013. Y como nueva medida estrella, una nueva línea de créditos a un interés fijo marcado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pero el tipo de interés no es lo único que no se permitió negociar, los Ayuntamientos tampoco podían elegir el banco que les concedería el préstamo. Esto lo elige Montoro, como ya ocurrió en el primer plan de pago a proveedores en el que Montoro repartió el jugoso pastel de financiar millones de euros en “facturas en los cajones” a los nueve bancos más grandes del país.

Estos nuevos préstamos estarán avalados por el Gobierno central. De tal modo que, si un municipio falla en sus pagos, será el Ministerio de Hacienda quien paga directamente al banco, descontando dicha cantidad de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) que transfiere mensualmente a los municipios. Por lo que, igual que el plan de pago a proveedores, son préstamos asegurados sin ningún tipo de riesgo.

Por supuesto al municipio no le sale gratis el adherirse a este nuevo plan económico. Los ayuntamientos que soliciten los nuevos préstamos o la carencia se ven obligados a incrementar sus tasas hasta llegar a cubrir el 100% del servicio público. Esto significa que el ayuntamiento tendrá que incrementar las tasas de basuras, limpieza o de cobros de servicios, como el uso de la piscina pública o la expedición de documentos.

Este no será el único impuesto que verá modificado el ayuntamiento que pida esta nueva financiación, ya que Montoro les obligará a quitar toda exención fiscal del Impuesto de bienes inmuebles (IBI). También deberán aumentar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) al coeficiente máximo permitido ni suprimir ningún tipo de gravamen que ya se estuviera cobrando hasta el momento. Todo ello se suma a exigencias de reducir personal, gastar el superávit en amortizar deuda de manera anticipada o el cierre de empresas públicas que no sean sostenibles que ya imponen las vigentes leyes Montoro.

El Banco Santander será ahora el acreedor de los préstamos sin riesgo de 61 ayuntamientos por valor de 268 millones

Pero, más allá de las condiciones a los municipios, existe una de las peculiaridad en este plan que tiene mucho que ver con lo ocurrido hoy con el Banco Popular. Los municipios no pueden elegir el banco que les conceda el préstamo, ni negociar el tipo de interés tal y como ya hemos comentado. Es el ICO quien se encarga de adjudicar la entidad financiera y de fijar el tipo de interés, el cual se fijó al 0,96% para todos los municipios. En cuanto a las entidades encargadas de dar esos préstamos, fuentes del ICO informan que en total se han concedido préstamos a ayuntamientos por valor de 600 millones de euros. La concesión de estos préstamos seguros no han salido a concurrencia pública en ningún momento, sino que el ICO y el Ministerio de Hacienda los han repartido a dedo.

El Banco Popular ha confirmado a El Salto que la entidad ha concedido “66 nuevas financiaciones por valor de 268 millones de euros a 61 ayuntamientos”, además de comunicarnos que la entidad ha sido “la única que ha estado en todas las fases” del fondo de financiación de las entidades locales. Lo que supondría un 40% de los préstamos concedidos, siempre según las fuentes del ICO.

Clotilde Cuéllar, concejala en Arganda del Rey, explica cómo se produjo la visita recibida por parte del Banco Popular para formalizar –sin ningún tipo de negociación ni comunicación por parte de Hacienda– el préstamo: “No existe ningún expediente ni Hacienda se ha dirigido a nosotros. Vino el Banco Popular con un contrato proforma para que lo firmáramos en el ayuntamiento sin ningún tipo de negociación”. Cuéllar explica que “la Ley de contratos de las administraciones públicas señala la obligación de publicidad y concurrencia, pero en estos contratos no ha existido”. Después de lo ocurrido hoy, quien pasará a ser acreedor de esos ayuntamientos en esos préstamos asegurados será el Banco Santander.