Brasil
Estados para el despojo y el paramilitarismo estatal en Brasil

Publicamos en exclusiva un fragmento del libro ‘Estados para el despojo: Del Estado Benefactor al Estado Neoliberal Extractivista’ (Desde Abajo, 2022), escrito por los analistas, escritores y periodistas Decio Machado y Raúl Zibechi.
Brasil tras intento golpe enero 2023  - 2
Manifestación frente al Palácio do Buriti, sede del gobierno de Brasilia en la que se pide la destitución de Ibaneis. Midia Ninja

“En Rio de Janeiro, la milicia no es un poder paralelo. Es el Estado” (Simões, 2019). La frase pertenece al sociólogo José Claudio Alves, quien desde hace casi tres décadas estudia la actuación de las milicias y grupos paramilitares en las favelas de la ciudad. Cuando se le pregunta si las milicias aparecieron por ausencia del Estado, Alves afirma: “El asesino es elegido, el miliciano es elegido. Tiene relaciones directas con el Estado. Es el agente del Estado. Es el Estado. Entonces no me digas que hay una ausencia del Estado. Es el Estado quien determina quién operará el control militarizado y la seguridad en esa zona”. Luego agrega que el miliciano puede ser diputado, alcalde o secretario de Medio Ambiente.

Este Estado miliciano o paramilitar es más poderoso que el Estado legal que tiene sus limitaciones y balances de poderes, y está en condiciones de determinar la vida o la muerte de las personas “de forma totalitaria”, subraya Alves. Agrega que la población de alguna manera “elige” a los milicianos, vota por ellos condicionada por la miseria y la violencia en que viven, y por el estrecho control territorial-capilar que ejercen sobre las comunidades. Cinco décadas de grupos de exterminio dieron como resultado un 70% de votos a favor de Jair Bolsonaro en la Baixada Fluminense. Con algo más de cuatro millones de habitantes, la Baixada Fluminense nos sirve como ejemplo para exponer como son las relaciones de poder y la actuación del Estado de despojo en la periferia. En este caso nos situamos en la periferia más pobre de Rio de Janeiro, integrada por una decena de municipios que en realidad son ciudades dormitorio con graves problemas de vivienda, saneamiento,educación y salud. Pero sobre todo fue una de las cunas de los escuadrones de la muerte durante la dictadura militar (1964-1985) que derivaron con los años en las actuales milicias que como investigador social Alves analiza.

Cuando se le pregunta al sociólogo Alves si las milicias aparecieron por ausencia del Estado, Alves afirma: “El asesino es elegido, el miliciano es elegido. Tiene relaciones directas con el Estado. Es el agente del Estado. Es el Estado”

Es cierto, como señala el sociólogo brasileño, que “nunca salimos de la dictadura, salimos de la dictadura oficial hacía la dictadura de los grupos de exterminio y las milicias” que ha conformado un “Estado autoritario, totalitario y dictatorial” (Facchin, 2019). Sostiene Alves que las milicias se expanden dentro del Estado, como lo reveló el asesinato de la concejal Marielle Franco, donde se desnudó la trama de complicidades entre milicianos organizados en el “Escritorio del Crimen” y uno de los hijos del presidente Bolsonaro.

El crimen organizado tiene un fuerte control de ciertos territorios, donde regula la venta de terrenos a partir de informaciones privilegiadas que obtiene de sus aliados dentro del aparato estatal. Luego impone tarifas a quienes quieren acceder a un lote y elimina a los que se resisten a través de sus grupos de exterminio. Alves estudia lo que denomina como “brazo político” de las milicias: algunos milicianos acceden a cargos públicos a nivel del Estado mediante procesos electorales, pero la mayoría de sus aliados son parlamentarios de las bancadas de ultraderecha y miembros de religiones evangélicas y pentecostales, que conforman las llamadas “bancada de la bala”, que defienden la eliminación física de delincuentes y disidentes políticos indistintamente.

Coloca algunos ejemplos de esa colaboración entre lo legal y lo ilegal. Por citar un caso, en la ciudad de Itaboraí –en el estado de Rio de Janeiro– mientras se construía el Complejo Petroquímico (Comperj), las milicias controlaban la incorporación de quienes podían trabajar para las empresas tercerizadas con las que tienen relaciones. De ese modo, controlan de forma violenta el acceso al empleo, cobrando un porcentaje de su salario a las personas que trabajan, ya que deben traspasar parte del mismo a los milicianos, en lo que Alves define como “una novedad en ese campo” (Facchin, 2019).

Una segunda novedad en la expansión de las milicias es la creación de una “milicia marítima”. Con base en informaciones brindadas desde dentro del Ministerio de Pesca y Agricultura, que no está otorgando licencia para pesca desde hace más de tres años, la milicia aborda a los pescadores, les exige licencia y les cobra una tasa semanal a cambio de poder seguir pescando. “Esta milicia marítima surgió en la costa de Rio de Janeiro y pasó a controlar a los pescadores”, apunta Alves.

Una tercera forma de expansión de las milicias se realiza en los servicios sanitarios de los hospitales públicos, como el Hospital General Bom Sucesso. La milicia controla el acceso al hospital y cobra tasas por los servicios prestados por este. Otra de las “novedades” es el alquiler a los traficantes de puntos de venta de drogas. “La relación de las milicias con el Estado es determinante para lo que esta asociación criminal se convirtió actualmente, una estructura de poder absoluta, amplia, autoritaria, con un poder creciente en Rio de Janeiro”, concluye el investigador.

Una tercera forma de expansión de las milicias se realiza en los servicios sanitarios de los hospitales públicos, como el Hospital General Bom Sucesso. La milicia controla el acceso al hospital y cobra tasas por los servicios prestados por este

Como puede observarse en los ejemplos anteriores, esta modalidad de crimen organizado tiene una vertiente “legal” que le permite el acceso a informaciones privilegiadas dentro del Estado, que les blinda de la posibilidad de ser encarcelados y les permite controlar las actuaciones de la justicia a través de filtraciones; pero también tiene otra vertiente ilegal, la cual componen los grupos de exterminio que están prestos a enfrentar cualquier poder o acción colectiva o individual que los limite. Los hechos confirman la hipótesis de que los miembros de las milicias son intocables y están protegidos por esas dos caras de una misma moneda. La policía de gran parte de Brasil funciona de ese modo, siendo una de las piezas centrales del vínculo milicias-Estado, ya que está presente en los dos lugares.

Decir que la policía es corrupta, que lo es, no alcanza para definir en su totalidad su actuación. Ciertamente, los cuerpos represivos del Estado brasileño tienen una ideología de extrema derecha, como quedó a los ojos de la sociedad con el gobierno de Bolsonaro, pero es mucho más que eso: es patriarcal y violentamente machista; es una expresión del poder económico-político que controla a las poblaciones subordinadas y es, a su vez, una suerte de arista de un Estado totalitario completamente desregulado que se ha convertido en una metástasis que carcome a la sociedad brasileña.

Pese a ello, las tres administraciones del Partido de los Trabajadores en el gobierno federal, a lo largo de 14 años, no arremetieron contra la estructura de las milicias y, más aún, Alves estima que el partido de Lula da Silva incluso “buscó el apoyo de esos grupos”. Al no ser combatidas y contar con sólidos apoyos en las instituciones, las milicias integradas por policías, soldados y bomberos, extienden su influencia abarcando ya no sólo favelas sino extensas zonas de la ciudad, en algunos casos en alianza con iglesias pentecostales y traficantes, en lo que algunos analistas definen como “narcopentecostalismo” (Hinz el al, 2021).

En plena pandemia, las milicias siguieron expandiéndose. En enero de 2021, los medios informaron que grupos criminales asumieron el control de cinco favelas –Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas y Pica Pau– con una población de 134.000 habitantes en la periferia de Rio de Janeiro, proclamando el “Complejo de Israel” e instalando barricadas con la estrella de David como señal de que se ingresa en una zona bajo su control. Se trata de un fenómeno inédito como es la unificación entre narcotraficantes, paramilitares e iglesias pentecostales “trabando una ‘guerra santa’ no sólo contra grupos criminales rivales, sino también contra las religiones afro-brasileñas”.

Las milicias integradas por policías, soldados y bomberos, extienden su influencia abarcando ya no sólo favelas sino extensas zonas de la ciudad, en algunos casos en alianza con iglesias pentecostales y traficantes, en lo que algunos analistas definen como “narcopentecostalismo”

Aparece aquí una mutación notable. En las décadas de 1980 y 1990 los narcotraficantes se identificaban con las religiones umbanda y candomblé, al punto que expresaban su fe con grafitis y altares dedicados a las divinidades africanas.

En muchas ocasiones las operaciones policiales “fueron acompañadas por una conversión simbólica, sustituyendo los símbolos religiosos afro-brasileños y los lugares de culto con expresiones de fe cristiana evangélica”.

Según periodistas y diversos análisis difundidos, el llamado “narcopentecostalismo” nació en las cárceles brasileñas, donde también nacieron los grandes grupos criminales del narco. En 2017 se supo que la Iglesia Universal del Reino de Dios había firmado acuerdos con el gobierno de Rio de Janeiro para reformar o construir templos en cincuenta y una prisiones. Atendía al 80% de la población carcelaria del país (medio millón de personas, más sus familiares), ofreciendo cursos, realizando un trabajo de resocialización para los presos y las familias, en lo que no pocos denominan como “tráfico evangelizado” (Martín, 2017).

En esta alianza tripartita, generada en el “Complejo de Israel”, todas las partes ganan. Los narcos se aseguraron el monopolio de la venta de drogas; los paramilitares consolidaron, con toda impunidad, su dominio sobre el 57% del territorio de 1.255.000 kilómetros cuadrados que ocupa Rio de Janeiro; y los pentecostales eliminaron a sus competencias religiosas.

El mismo reporte asegura que en apenas cinco años las denuncias por “intolerancia religiosa” crecieron un 4.960%, de 15 en 2011 a 759 en 2016. La mayoría son ataques a terreiros umbandas y candomblé, siendo la Baixada Fluminense uno de sus objetivos más importantes. Los traficantes y los pentecostales se han convertido en la nueva inquisición. “Narcos y pentecostales atacan la cultura negra para disciplinar a los más pobres, que encuentran en las religiones de origen africano formas de relacionarse sin mediaciones, horizontales y con cierta autonomía en espacios propios, como los terreiros” (Zibechi, 2019: 48).

En las filas policiales sienten a las milicias como una extensión de sus propias corporaciones, ya que están formadas en gran medida por expolicías y soldados del Ejército. Mientras una de las fracciones del narco, el Tercer Comando Puro, se encarga de la distribución de droga, las milicias aseguran el “orden” y existen fundadas sospechas de que las iglesias pentecostales estarían lavando los activos. Lo cierto es que las milicias ya controlan al menos el 57% del territorio de Rio de Janeiro, lo que equivale a tener casi a seis millones de personas a merced de organizaciones paramilitares.

Estados para el despojo
Los Estados-nación han mutado. Si tomamos como referencia los Estados de Bienestar de la posguerra, la diferencia es mayor. Aquellos Estados procuraban integrar a las clases populares a través del pleno empleo, con importantes inversiones en salud y educación para toda la población. Aún en América Latina, donde esa experiencia fue incipiente y efímera, se constatan grandes diferencias con aquel período.Desde que el modelo neoliberal se instaló en nuestras sociedades, los Estados comenzaron a jugar en contra de las clases trabajadoras. Por un lado, han sido secuestrados por el 1% más rico, despojándolos de todo carácter social. Por otro, los Estados fueron blindados por las clases dominantes a través de una compleja arquitectura internacional. De este modo, los esfuerzos por realizar transformaciones de los aparatos estatales, chocan con límites y barreras que hasta el momento ningún proceso electoral progresista y de izquierda han conseguido traspasar.
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