Opinión
Brasil: la tercera vuelta del mercado

El domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas con el 51,8% de los votos. Su rival, Flávio Bolsonaro, obtuvo el 48,2%. Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado en 2025 a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Al día siguiente, los mercados financieros no castigaron ninguna medida del Gobierno. Castigaron el voto.

El Ibovespa, el índice de la Bolsa de São Paulo, cayó un 13,88%, con la primera suspensión automática de la negociación (circuit breaker) desde marzo de 2020. El dólar subió un 8,21%, y el mercado de futuros ya anticipa una subida de tipos en noviembre. Ese mismo día, Wall Street subió. El choque fue brasileño, y tiene una causa conocida.

Tres semanas antes, cuando Flávio quedó por delante en la primera vuelta, la Bolsa había batido un récord con una subida del 7,7%. La apuesta tenía nombre y programa, y perdió en las urnas. El martes, la tormenta amainó. El dólar bajó un 1,07% y la Bolsa cayó solo un 0,51%, a la espera del nuevo equipo económico. Pero el pánico de un día amenaza con fijar la política fiscal de cuatro años.

La tercera vuelta

Los mercados no están solos. La noche electoral, Flávio se negó a reconocer la derrota y prometió pedir la anulación de la segunda vuelta. Alegó una prórroga de dos horas de la votación que su propia campaña había pedido para diecisiete municipios. Después de las 17.00 se registraron 35.521 votos, menos del 0,03% del total. El lunes, su partido, el Partido Liberal (PL), reconoció el resultado. Flávio cambió entonces la anulación por una demanda para revocar el mandato de Lula, a quien acusa de comprar votos. Donald Trump, que en 2025 impuso aranceles del 50% a Brasil en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, dijo sin pruebas que la elección “parecía otra elección amañada”.

El martes, Flávio huyó a Estados Unidos. La víspera, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado entregar los pasaportes y le había prohibido salir del país, por riesgo de fuga, en una investigación por blanqueo de capitales. Flávio respondió en un vídeo que nunca había pensado en salir de Brasil.

Conviene recordar qué programa perdió. La coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, anunció un recorte de 190.000 millones de reales en el gasto público

El plazo venció sin la entrega, la Policía Federal anuló los pasaportes y él viajó a Estados Unidos sin que conste su paso por ningún control migratorio. El Gobierno de Trump le concederá visados a él, a su esposa y a sus dos hijas. Su padre, derrotado por Lula en 2022, también se marchó a Florida antes de la toma de posesión.

Los frentes convergen. Flávio llama compra de votos al paquete social de la recta final. Los mercados llaman riesgo fiscal a esas mismas medidas. La derecha quiere anular el resultado en los tribunales. La Faria Lima, la avenida de la banca en São Paulo, quiere deshacerlo en el presupuesto. Es la tercera vuelta.

El tijeretazo derrotado

Conviene recordar qué programa perdió. La coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, anunció un recorte de 190.000 millones de reales en el gasto público, unos 32.000 millones de euros y el 1,5% del PIB. Meses antes, la prensa había revelado estudios de la campaña para limitar a la inflación la revalorización de las pensiones y de los mínimos de gasto en sanidad y educación. La campaña lo desmintió. Era un tijeretazo, y el electorado lo rechazó.

Los mercados lo piden de vuelta con otro nombre. Los economistas consultados por la prensa quieren un plan fiscal con metas y plazos y la revisión de los gastos obligatorios, pensiones incluidas. El mismo lunes, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, prometió un superávit primario mayor en 2027. Quiere cambiar las reglas para apuntar al centro de la meta, el 0,5% del PIB, cuando el proyecto de presupuestos prevé un 0,13%. El programa derrotado vuelve por la puerta de Hacienda.

Austericidio y estafa electoral

Ya vimos esta película dos veces. La última, hace poco. Entre mediados de 2024 y mediados de 2025, Hacienda apretó el presupuesto, y su propia Secretaría de Política Económica calificó el ajuste de contractivo. A la vez, el Banco Central subía el tipo oficial, la Selic, del 10,5% al 15%. En ese periodo, la valoración positiva del Gobierno en las encuestas de Datafolha cayó del 36% al 24%, y del 46% al 29% entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos. El ajuste ayudó a hundir la popularidad de Lula. El giro electoral llegó con el movimiento contrario, cuando el Gobierno abrió la mano en la recta final.

La anterior fue en 2015. Dilma Rousseff ganó prometiendo proteger el empleo y los salarios y, reelegida, entregó Hacienda a un banquero con el programa del adversario. La economía se contrajo más de un 3% en 2015 y otra vez en 2016, la recaudación cayó y el déficit creció. La presidenta perdió el apoyo de quienes la habían elegido y quedó a merced de un Congreso que la destituyó con el pretexto de unas maniobras contables, las pedaladas fiscales. La estafa electoral no calma a los mercados. Abre el camino al golpe.

En Europa el guion es conocido. En Grecia, el 5 de julio de 2015, el 61,3% votó “no” a las condiciones de la troika, y pocos días después el Gobierno aceptó un tercer rescate con más austeridad. En España, en agosto de 2011, PSOE y PP pactaron en un día la reforma del artículo 135 de la Constitución, sin referéndum y bajo la presión de Alemania y del Banco Central Europeo. En los dos casos, la presión financiera se impuso a la deliberación democrática.

Un Congreso peor que el de 2015

El Congreso que tomará posesión el 1 de febrero puede ser aún más golpista que el de 2015. El PL tendrá la mayor bancada de la Cámara, con 121 de los 513 diputados, frente a 70 del Partido de los Trabajadores (PT), el de Lula. En el Senado, la derecha sumará 49 de los 81 escaños, justo los tres quintos necesarios para reformar la Constitución. El PL quiere a Rogério Marinho, ponente de la reforma laboral de 2017, al frente del Senado. Y dice tener 49 de los 54 votos necesarios para destituir a Moraes, que instruyó el caso contra Jair Bolsonaro. Ante ese Congreso, un Gobierno que abandone a su electorado se queda sin base social y sin base parlamentaria.

Qué hacer ya

Los mercados piden señales de corto plazo, y algunas tienen sentido. El equipo económico debe anunciarse pronto, porque la incertidumbre sobre quién dirigirá Hacienda pesa en los precios. Pero el nombre vale por el programa. Un ministro que anuncie más ajuste calmará a la Faria Lima una semana y repetirá el error de 2024.

El lunes, el Tesoro recompró deuda y el Banco Central vendió swaps cambiarios. Al día siguiente, su presidente, Gabriel Galípolo, dijo que podría intervenir en el cambio si detecta disfunciones. Esa coordinación debe seguir, pero el Banco Central no debe responder al pánico con subidas de tipos. La Selic está en el 13,75%, con uno de los tipos reales más altos del mundo. Subirla el 4 de noviembre encarecería la deuda pública y ahogaría a familias que destinan el 28,7% de su renta a cuotas e intereses. La banca pública puede hacer el resto. Antes de la primera vuelta, el Banco do Brasil bajó el tipo del crédito personal del 7,43% al 5,86% mensual, casi un 100% anual.

Hay otra palanca, poco recordada. La meta de inflación del 3% la fija un consejo en el que el Gobierno tiene dos de los tres votos. Una meta menos austera reduciría el tipo de interés necesario para cumplirla.

Una nueva PEC de Transición

La señal de medio plazo pesa más, y aquí el Gobierno debe elegir cómo llegar al equilibrio fiscal. El propio Tesoro reconoce, en sus proyecciones de junio, que desde 2028 las metas del marco fiscal, la regla de gasto de 2023, quedan fuera de alcance. Ni la máxima congelación de gasto que permite la ley bastaría. La revisión llegará de todos modos. La pregunta es quién la escribe: este Congreso, hasta el 22 de diciembre, o el próximo, desde febrero.

En diciembre de 2022, antes de la toma de posesión de Lula, un Congreso saliente aprobó en pocas semanas la PEC de Transición. Esa enmienda constitucional abrió 145.000 millones de reales (unos 24.000 millones de euros de hoy) por encima del techo de gasto de 2023. Así se pagó el Bolsa Familia de 600 reales al mes. Lula necesita una nueva PEC de Transición. El núcleo es sencillo. La inversión pública y las aportaciones de capital a las empresas públicas y al banco de desarrollo, el BNDES, quedan fuera del límite de gasto. La subida del Bolsa Familia y la revalorización del salario mínimo según el crecimiento del PIB quedan garantizadas. Y los ingresos nuevos, cobrados en la cima, reducen el déficit sin ampliar el límite de gasto.

¿Por qué una enmienda constitucional, si el marco fiscal es una ley complementaria? Porque el próximo Congreso solo podrá deshacer la enmienda con tres quintos de los votos, en dos votaciones en cada cámara, y una ley complementaria se deshace por mayoría absoluta. Aprobarla exige ahora esos mismos tres quintos, y no será fácil. La alternativa es negociar cada línea del presupuesto con el Congreso de Rogério Marinho.

Brasil no tiene una crisis de deuda. Tiene una crisis del coste de la deuda. Los intereses costaron 1,18 billones de reales en doce meses, casi 200.000 millones de euros y el 8,9% del PIB

El equilibrio fiscal tiene dos caminos, y el electorado eligió uno. Gravar la cima se hace por ley. Si se publica antes del 31 de diciembre, rige en enero, porque el impuesto sobre la renta escapa de la regla constitucional de los noventa días. Una ley de 2025 ya eximió a quien gana hasta 5.000 reales al mes (unos 840 euros). También fijó un tipo mínimo de hasta el 10% por encima de 600.000 reales al año (unos 100.000 euros). Lo que sigue poco gravado es conocido: parte de los dividendos, los intereses sobre capital propio, una remuneración al accionista que la empresa deduce como gasto, y las inversiones exentas, concentradas en las rentas altas. Ese impuesto a los superricos paga el programa elegido, con equilibrio fiscal por la vía de la justicia tributaria y no de la injusticia social.

Brasil no tiene una crisis de deuda. Tiene una crisis del coste de la deuda. Los intereses costaron 1,18 billones de reales en doce meses, casi 200.000 millones de euros y el 8,9% del PIB. El déficit primario se quedó en el 0,6%. Los mercados apostaron por Flávio y perdieron. La factura de esa apuesta no debe pagarse con las promesas que reeligieron a Lula. La urna habló. Los mercados no pueden jugar la tercera vuelta.