Camareras de piso
Cuando no puedes seguir trabajando pero los tribunales lo niegan: la última lucha de las kellys de Benidorm

Hechos probados: el 2 de abril de 2017 Rossi está limpiando una habitación del Grand Luxor Hotel, un alojamiento cercano al parque de atracciones Terra Mítica, en Benidorm. Ella es camarera de piso y trabaja en una empresa externalizadora. Al terminar de limpiar la terraza de la habitación, cierra la gran cristalera y esta se desprende y se le cae encima. “Por suerte estoy viva”, resume. Eso sí, la despidieron “en cuanto tuve el accidente”. 

Han pasado más de cinco años pero asegura que sigue sin poder mover bien la rodilla. Le cuesta hacer, explica, las cosas de casa; “imagínate limpiar hoteles”. La asociación de las kellys Benidorm-Marina Baixa, de la que es miembro desde que sufrió aquel accidente y que llevaba muy poco tiempo creada en aquel momento, está ayudándole con su caso: a pesar de que fue un accidente laboral y de que defiende que las secuelas no le permiten desarrollar las labores que exige el trabajo de camarera de piso, no se le reconoce la incapacidad permanente que solicita. 

Después del accidente y con la ayuda del resto de camareras de piso del colectivo, Rossi denunció al hotel. Un año más tarde, Rossi es dada de alta por el médico de la Mutua, con diagnóstico “esguince grado 3 ligamento colateral derecho”, tal y como reseña el texto de la sentencia al que este medio ha tenido acceso. Rossi sigue sin poder trabajar y el alta es impugnada, lo cual se acepta y se le mantiene la incapacidad temporal medio año más. “Rossi pide la incapacidad permanente desde el principio por el sencillo motivo de que no puede hacer su trabajo”, resume Yolanda García, portavoz de las Kellys Benidorm-Marina Baixa. 

“El problema es que en la sentencia no se tiene en cuenta el informe del forense que le atiende tras el accidente y que ella aporta, solo el del médico de la mutua que le da el alta”, expone Yolanda García

La denuncia al hotel se tradujo en un primer juicio en el que no le concedieron esta incapacidad pero sí condenaron a la mutua a pagarle durante un año. Ambas partes recurrieron: Rossi porque no le concedían la incapacidad permanente solicitada, la Mutua porque no quería pagarle ese dinero. El TSJCV dictamina que no da lugar a ninguno de los dos recursos. “El problema es que en la sentencia no se tiene en cuenta el informe del forense que le atiende tras el accidente y que ella aporta, solo el del doctor de la mutua”, expone García. “Lo que tengo realmente es rotura de ligamento cruzado anterior, no esguince de menisco”, amplía la afectada. El cuadro clínico del informe tenido en cuenta “no reviste de la suficiente gravedad para incapacitarle para todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual”, según sentencia.

Tanto para Yolanda García como para Rossi, el texto denota un claro desconocimiento hacia la profesión de camarera de piso cuando se asegura que “lo bien cierto es que la profesión de la parte demandante tiene un importante contenido físico (...) pero hay que tener en cuenta que tal profesión no está integrada en su totalidad por tareas de alto requerimiento energético (...) ni tampoco cabe considerar que el núcleo de la profesión esté compuesto en su mayor parte por movimientos de rodilla exigentes y repetitivos, ni fundamentalmente por posturas forzadas”.

“El texto de la sentencia dice que no hay que hacer grandes esfuerzos y limpiamos 25 habitaciones al día, subimos y bajamos escaleras, nos doblamos constantemente para limpiar o hacer camas y es común hacer posturas forzadas”

García hace alusión a los diferentes informes y estudios que recogen las dolencias derivadas del trabajo de las kellys, incluidos los del instituto valenciano INVASSAT. “Se dice que no hay que hacer grandes esfuerzos y limpiamos 25 habitaciones al día, subimos y bajamos escaleras, nos doblamos constantemente para limpiar o hacer camas y es común hacer posturas forzadas”. Rossi cuenta que no se puede agachar y que ha tenido que comprarse zapatos con suelas que no resbalaran porque se ha caído varias veces. “Lo que dice la sentencia acerca de nuestro trabajo son tonterías”, expresa. “Si yo pudiera trabajar lo haría, a mí no me gusta estar en casa, pero no puedo desarrollar un trabajo físico”, expresa.

La situación de Rossi es todo lo contrario de boyante. Ella es búlgara y tiene 62 años, lleva más de 20 en España. Estudió economía en una universidad de su país de origen, pero no tenía tiempo ni dinero para cursar las asignaturas que le exigía convalidar sus estudios y, después de trabajar en otros sectores durante unos años, encontró empleo en hostelería. Ahora se encuentra en una situación compleja: “Soy extranjera y tengo más de 60 años, ¿quién me va a contratar?”. Desde hace un tiempo sobrevive con ayudas públicas, lo cual significa una cosa: no puede asumir el esfuerzo económico que supone pelear en tribunales para que se reconozca su incapacidad. 

En este punto llega lo positivo de esta historia. Ante la imposibilidad de que Rossi consiguiera en menos de una semana los 600 euros que se exigen para hacer recurso de casación, la última apelación a la que aferrarse, las kellys de Benidorm organizaron un pequeño crowdfunding para cubrir los costes. “Pedíamos 700 euros, el mínimo que necesitábamos para poder hacer el recurso —que debería ser gratuito cuando las personas demandantes no tienen medios para pagarlo— y dar a la plataforma el porcentaje que se lleva”, explica Yolanda García. En menos de 24 horas superaron el objetivo —todavía quedan días para que cierre la recaudación, así que el excedente irá a una caja de resistencia de la asociación para atender a este tipo de necesidades— y era la primera vez que recurrían al crowdfunding: “Fue un visto y no visto. La gente ha respondido muy bien y creo que es porque pedíamos lo justo y explicábamos para qué era”, añade la portavoz de las kellys.  

El éxito de la pequeña campaña es un ejemplo claro de que la unión hace la fuerza, expresan. Rossi afirma estar muy satisfecha de pertenecer a la asociación. Sobre el objetivo de este largo proceso, Yolanda García se muestra algo esperanzada. Recuerda el caso de una kelly en Málaga a la que no le reconocieron el síndrome del túnel carpiano hasta el final. “Igual no nos dan la razón, pero nos queda esa pequeña esperanza”, dice la portavoz. Rossi no ve claro que el último dictamen sea positivo, pero sí es firme en su postura: “Más que optimista, soy luchadora. Y voy a ir hasta el final para defender mis derechos”.