Crisis climática
El Supremo admite a trámite la denuncia contra el Gobierno por inacción frente a la crisis climática

La decisión supone la apertura del primer juicio contra el Ejecutivo español por no hacer lo suficiente para frenar el cambio climático.

Acción Extinction Rebellion 3
Acción de 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion en el Paseo de la Castellana, Madrid. Álvaro Minguito
1 oct 2020 11:33

Primer litigio climático contra el Gobierno español oficialmente abierto. El recurso contencioso-administrativo que Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón interpusieron contra el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre ha sido admitido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Las tres organizaciones llevan así al Estado ante los tribunales por “incumplir sus obligaciones en la lucha contra el cambio climático” y demandan al Gobierno mayor ambición climática y redoblar los esfuerzos para que España cumpla con los compromisos adquiridos en materia climática y los acuerdos internacionales firmados, entre ellos el Acuerdo de París.

Con el anuncio del Supremo, España se suma a la lista de países cuyos gobiernos han sido encausados por hacer lo suficiente para frenar la crisis climática. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India, Nueva Zelanda u Holanda son algunos de ellos. En este último, la Fundación Urgenda logró en 2020 una histórica sentencia que condenó al Gobierno de los Países Bajos por incumplir sus compromisos adquiridos en relación con la mitigación climática, violando los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras, según señalaron los magistrados.

Borradores poco prometedores

Los tres colectivos demandantes señalan que en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) se prevé una reducción de tan solo el 23% de las emisiones en 2030 respecto a 1990, mientras que en la Estrategia a Largo Plazo (ELP) el Gobierno plantea una neutralidad climática para 2050. “Esta reducción está muy lejos de las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que debería llevar al Estado español a fijar una reducción de al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 para poder mantener el objetivo acordado en el Acuerdo de París de no superar el aumento global de la temperatura del planeta en 1,5º a final de siglo”, señalan los denunciantes

“Desde el anuncio de la interposición del recurso, numerosas organizaciones internacionales, tanto ambientalistas como jurídicas, se han puesto en contacto con nosotros para manifestar su interés en el caso y brindarnos su apoyo”, apunta Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. “La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, ha sido  recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole”.

Insuficiente

Las tres organizaciones consideran que las políticas climáticas del Ejecutivo, “pese a que han mejorado respecto a las de los Gobiernos anteriores, continúan siendo muy insuficientes para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable en el que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables”.

En los próximos veinte días el Ministerio para la Presidencia deberá remitir el expediente administrativo correspondiente al caso por el que se le demanda.Tras ello, el Tribunal Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en una grave inactividad frente al cambio climático. “El incumplimiento principal es que, diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la UE, el Gobierno continúa sin aprobar un PNIEC y una ELP que definan la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global”, recuerdan los demandantes.. 



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#71316
3/10/2020 14:58

En la lista de países no veo qué aparezca Cnina, Rusia, Brasil. Cosa curiosa que los países más contaminantes no reciban denuncias en los tribunales

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#71224
2/10/2020 8:29

El postureo climatico sigue contaminando a pesar de lo ingeniosas que son las pancartas

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#71194
1/10/2020 20:24

La acción de la foto fue el 7 de octubre de 2019, no en 2020 como dice el pie

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0
#71159
1/10/2020 13:25

Si esta denuncia judicial hace que el Gobierno deje de girar la cabeza ante pactos internacionales ya de por si poco ambiciosos, bienvenido sea.

Sería bueno ver este tipo de iniciativa en lo que se refiere a la defensa de los derechos sociales universales especialmente protegidos por la Constitución y leyes orgánicas, como la educación pública y la sanidad pública. Esos servicios públicos que por el Gobierno y las autonomías están siendo desmontados y privatizados con políticas ilegales de conciertos educativos y cuotas ilegales.

A caso, ¿cómo, si no es con la educación pública, puede conseguirse la conciencia colectiva solidaria que, entre otras cosas, es necesaria para la emancipación hacia una sociedad democrática, de valores ilustrados y ecológicamente sostenible? ¿Con todo privatizado?

Revertir el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad, pues tenemos en gran medida la responsabilidad en el deterioro de la naturaleza y la extinción de la flora y la fauna. Pero la emancipación y la sociedad ecosostenible no va a ocurrir mientras asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos giren la cabeza y por omisión y acción permitan el desmontaje de los derechos democráticos y civiles.

Los poderes económicos tienen otros intereses y enfrentarlos es la forma de darle la vuelta a la situación política, social y climática en los países y en el mundo en general. Por eso, obligar a los gobiernos respecto a sus compromisos políticos con la reversión del cambio climático como si es por la vía judicial es defendible, pero en esto no hay atajos.

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